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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reafirmó su decisión de cerrarle la puerta a Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá y su hermano, el exsenador Iván Moreno, condenados por la justicia ordinaria por varios hechos de corrupción, entre ellos, el denominado carrusel de contratación en Bogotá. “Los procesos judiciales que existen en contra del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y su hermano, el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, no son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz”, señaló la Sección de Apelación de esa justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc.
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Para la Sección de Apelación, órgano de cierre de la JEP, “El conflicto armado no les otorgó a los hermanos Moreno un medio para cometer los delitos por los que fueron condenados y por los que se encuentran privados de la libertad. Tampoco les dio capacidades para incurrir en las conductas ilegales, ya que estas estaban dadas por su trayectoria política, lo que les permitió acceder a cargos del Estado”. Y añadió que tampoco hay evidencia de que los dineros apropiados fueran para favorecer a alguna de las partes enfrentadas en el conflicto armado o para obtener una ventaja militar.
Para la JEP es claro que los Moreno quieren comparecer ante la JEP y recibir beneficios. Que no plantean hipótesis de relación de las conductas que se les atribuyen y el conflicto armado. Los desfalcos en la contratación en Bogotá “son una realidad que no es puesta en duda por los solicitantes, además de haber sido comprobada, entre otras, porque quienes se beneficiaron con dichos dineros se sometieron a la justicia y algunos de ellos aún se encuentran privados de su libertad. Al margen de que los solicitantes manifiesten no haber participado en esos desfalcos, se tiene que esos recursos fueron desviados para engrosar el patrimonio de varias personas de manera injustificada, siendo este su móvil determinante”, advierten los magistrados de la Sección de Apelación.
En una primera instancia, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó, en junio de 2020, su solicitud de sometimiento a la JEP contra los antiguos miembros del Polo Democrático y que hoy se encuentran presos. La decisión de la Sección de Apelación fue aprobada por cuatro magistrados y hubo un salvamento de voto. En agosto de 2019 cuando presentaron por primera vez su caso a la JEP, los Moreno adujeron que querían aportar al esclarecimiento del conflicto armado, presentando unas “líneas de contexto” como herederos del expresidente militar Gustavo Rojas Pinilla, quien otorgó beneficios jurídicos para las guerrillas liberales.
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Entre los argumentos expuestos por los Moreno se habla de la existencia de la operación Amazonas, o que el entonces Presidente de la República señaló a uno de ellos como el candidato de las Farc o que existe una animadversión de múltiples sectores políticos respecto a lo que representó en un momento histórico uno de sus parientes. Sin embargo, para la JEP no exponen claramente qué vínculo directo o indirecto tienen los hechos por los que fueron condenados con el conflicto armado. “Finalmente, frente al interés de los postulados de aportar en la revelación de las causas del conflicto armado a través de su conocimiento y experiencia, la JEP le notificará a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que también hace parte del Sistema Integral para la Paz, para que determine si considera pertinente recibir la declaración de esas personas”, puntualizó la JEP.
Lo último que se supo del caso de Samuel Moreno Rojas ocurrió en abril de 2021. En ese momento un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la multa que pesaba contra Samuel Moreno, quien fue alcalde de Bogotá entre 2008 y 2011, por el escándalo conocido como el “carrusel de la contratación” en la ciudad. De acuerdo con el Tribunal, la Contraloría tardó en emitir la sanción contra el exmandatario, pues cuando lo hizo ya había prescrito la acción de responsabilidad fiscal.
Según los magistrados, el ente de control fiscal tenía plazo hasta el 5 de julio de 2016 para proferir una determinación contra Moreno, pero fue hasta el 19 de diciembre de ese año en que lo hizo. Por lo tanto, se declaró nula la sanción y ordenó cancelar las medidas cautelares que obligaban al exalcalde a pagar una sanción de $173.000 millones. De manera que ahora será la Contraloría General la que deberá pagar una multa en costas por el retraso en el proceso que ocasionó que Bogotá no recibiera esa suma de dinero.
