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17 Sep 2021 - 7:35 p. m.

JEP dejó en libertad condicional a reclutadora de “falsos positivos” en Catatumbo

La decisión de la Sala De Definición de Situación Jurídica de esta justicia transicional nacida del Acuerdo de Paz se sustenta en el plan de aporte a la verdad de María Eugenia Ballena y las versiones entregadas en el caso 03: ejecuciones extrajudiciales y desapariciones presentadas como bajas en combate por agentes del Estado colombiano.
JEP dejó en libertad condicional a reclutadora de “falsos positivos” en Catatumbo
imagen de referencia./ Archivo particular.
imagen de referencia./ Archivo particular.

La Jurisdicción Especial para la Paz acaba de otorgarle la libertad condicional a María Eugenia Ballena Mejía, una mujer reseñada por las autoridades como reclutadora de personas que posteriormente fueron ejecutadas extrajudicialmente por el Ejército y presentadas como bajas en combate, crímenes comúnmente conocidos como ‘”falsos positivos”. La civil, a cambio de dinero, les habría informado a los militares del Batallón Contraguerrilla No. 98 de Norte de Santander sobre las posibles víctimas que podían presentar como miembros de grupos al margen de la ley que murieron en enfrentamientos con la fuerza pública.

(En contexto: Falsos positivos en la JEP: 78% de las víctimas en el gobierno Uribe)

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, después de analizar el plan de aporte a la verdad de Ballena Mejía, que se sometió a la JEP en calidad de tercera civil, y tras analizar los aportes a la verdad entregados en las versiones que ha rendido dentro del Caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. La JEP informó que la mujer estaba presa en la cárcel metropolitana de Cúcuta, condenada dentro de seis procesos penales por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado, fraude procesal y concierto para delinquir, por hechos ocurridos entre 2007 y 2009.

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“Para tomar la decisión, los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y los de la Sala de Reconocimiento de Verdad analizaron conjuntamente el plan de aporte a la verdad de Ballena Mejía. A partir esto, determinaron que la información que suministró en 2018 a la JEP, permitió reconstruir el patrón macrocriminal e identificar el cambio de modalidad que llevó a que las víctimas fueran trasladadas al Catatumbo desde otras zonas del país, por miembros de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería priorizados en el subcaso Norte de Santander, que investiga los falsos positivos”, señaló la JEP.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas también tuvo en cuenta el proyecto de aportes a la verdad presentado por Ballena Mejía y determinó que este cumple con los parámetros exigidos. Sin embargo, los magistrados de ambas salas le solicitaron que ajuste el plan de reparación y no repetición “ya que su propuesta debe ser concretada para que luego pueda ser avalada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que fijará la mejor ruta que garantice los derechos de las víctimas”.

Según El Tiempo, uno de los hechos por los que fue condenada Ballena Mejía está relacionado con el asesinato de Wilfredo Quintero Chona, perpetrado en agosto de 2007 por hombres del Ejército en el municipio de El Carmen, Norte de Santander. Según la investigación, que su caso fue presentado como muerte en combate y que le pusieron una pistola y dos granadas de fragmentación.

En julio pasado, la JEP le imputó cargos a un general, otros nueve militares y a un civil (Alexander Carretero Díaz) por 120 falsos positivos ocurridos en la subregión del Catatumbo en Norte de Santander y en los que participó Ballena Mejía. Con base a las declaraciones de ella y 41 versiones entregadas por miembros de la fuerza pública de todos los rangos. Además, también tuvieron en cuenta los informes entregados por las víctimas, inspecciones judiciales, libros de programas operacionales y otros documentos judiciales.

Entre los procesados por la JEP destaca el general Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30, adscrita a la Segunda División del Ejército, entre el 27 de noviembre de 2006 y el 29 de noviembre de 2008. “Deliberadamente incumplió el deber de evitar la perpetración de los crímenes que en la presente providencia se han imputado a los demás comparecientes”, fue la conclusión a la que llegó la JEP. Según el auto, debe rendir cuentas por la muerte de al menos 55 personas.

“Coronado tenía el deber jurídico de impedir que los miembros de las unidades militares bajo su mando desaparecieran y asesinaran personas o, en otras palabras, que incurrieran en conductas constitutivas de crímenes de guerra o de lesa humanidad. La posición de garante de Coronado se fundamenta entonces, en primer lugar, en los deberes propios de los comandantes militares, según el DIH y el ordenamiento constitucional colombiano”, explicó la JEP.

Entre los documentos que tiene la entidad, habría pruebas que indicarían que Coronado insistía en reforzar la inteligencia militar mediante la consolidación de redes de cooperantes, el pago de recompensas a informantes y la búsqueda de inteligencia de combate. Coronado, además, al parecer presionaba a las unidades a su cargo para aumentar los resultados. Según la JEP, resaltaba el atraso de la Brigada 30 respecto de otras unidades y buscaba las bajas por encima de otro tipo de acciones, como las capturas. Presuntamente ofreció incentivos y premios a quienes produjeran las muertes.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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