La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que se ordenaron más de 25 medidas cautelares para proteger a los pueblos indígenas y afrocolombianos en Cauca y Valle del Cauca. La determinación se dio tras un análisis de la justicia especial, en el que encontró que, debido a la crisis de seguridad en ambos departamentos, estas poblaciones, acreditadas como víctimas en el macrocaso 05 (que prioriza la investigación en estos territorios), enfrentan un riesgo inminente de exterminio físico y cultural.
A través de un comunicado de prensa, la Jurisdicción señaló que la decisión se generó luego de escuchar a víctimas, autoridades étnicas y delegados del orden nacional en encuentros de diálogo en Santander de Quilichao y durante una audiencia pública en Popayán. Las comunidades denunciaron una crítica situación de violencia y abandono estatal, y alertaron sobre un riesgo constante de exterminio debido a la presencia de múltiples actores armados que hacen presencia en los dos departamentos.
De acuerdo con representantes de las comunidades, en los territorios se han presentado asesinatos de líderes indígenas y afro, casos de reclutamiento forzado, confinamiento y destrucción cultural. Así mismo, denunciaron la circulación de panfletos amenazantes, afectaciones sistemáticas contra las mujeres, instalación de retenes ilegales, amenazas constantes al funcionamiento de la justicia propia y enfrentamientos entre ilegales y también con la fuerza pública.
Ante este panorama, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez emitió el Auto 004 de 2025, mediante el cual decretó medidas cautelares y dictó más de 25 órdenes urgentes dirigidas a ministerios y entidades del Gobierno Nacional con el fin de proteger los derechos de las víctimas en los 19 municipios priorizados de ambos departamentos. Estas órdenes, en su mayoría concertadas con autoridades indígenas y afrocolombianas, “buscan activar mecanismos de protección con enfoque étnico y ofrecer respuestas estructurales a las problemáticas expuestas, que garanticen los derechos fundamentales, la seguridad y la pervivencia de estos pueblos”.
En total, según la JEP, 19 municipios fueron priorizados en la investigación del macrocaso 05: Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada, en el norte del Cauca, así como en Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el sur del Valle del Cauca. “A la fecha se han acreditado para participar 129 sujetos colectivos que reúnen a 45 pueblos indígenas, 67 consejos comunitarios y ocho organizaciones de víctimas. Estas reúnen a más de 180.000 víctimas. Asimismo, se ha acreditado al territorio ancestral y colectivo de Çxhab Wala Kiwe”, dice el comunicado de la Jurisdicción.
Entre las entidades vinculadas por la JEP para la protección de estos territorios figuran los ministerios de Interior, Defensa, Educación, Salud, Ambiente y Agricultura. También estarán vinculados la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad de Restitución de Tierras, el SENA, el ICBF, la Defensoría del Pueblo y las gobernaciones del Cauca y del Valle del Cauca.
“La adopción de medidas cautelares se considera urgente e impostergable, pues la situación de inseguridad de las comunidades que habitan en los municipios es cada vez más crítica en los años de vigencia del Acuerdo de Paz. Las medidas concretas que se adoptarán se abordarán en relación con cuatro áreas y todas han sido previamente consultadas con las organizaciones indígenas y afrocolombianas priorizadas en el macrocaso 05: seguridad personal, enfoque étnico, reclutamiento y otras medidas en el marco de la seguridad humana”, dijo el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez.
Entre las medidas decretadas por la JEP figura la entrega de bienes extintos a guardias étnicas y comunidades indígenas en el Cauca. También se determinó la protección a liderazgos étnicos que se encuentren en riesgo, la instalación de un sistema de alertas tempranas y acciones para la dotación y protección territorial a cargo de las Guardias Cimarronas de ACONC y ASOCOSUR. Respecto a temas de seguridad, se ordenó la presentación de un plan integral para el municipio de Guachené, a cargo de 13 entidades estatales, que debe incluir acciones concretas de seguridad y protección étnica.
Otra de las medidas clave tiene que ver con la presentación de un proyecto legislativo para garantizar el funcionamiento de las jurisdicciones especiales y el acceso a la justicia. Este deberá ser presentado, dice la JEP, por los ministerios de Interior, Justicia e Igualdad, y deberá tener como finalidad principal regular la justicia afrocolombiana. De igual manera, se establecieron protocolos de coordinación entre la Fiscalía y las autoridades étnicas para atender casos de desplazamiento, violencia y despojo.
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