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Luego de siete años de investigación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció su segundo paquete de hallazgos sobre ejecuciones extrajudiciales en la Costa Caribe: un total de 604 víctimas entre 2002 y 2008 y una imputación a 28 exintegrantes del Ejército por su presunta participación en estos escabrosos crímenes. Este reciente auto consigna el mayor número de víctimas por falsos positivos desde que nació la Jurisdicción y se basó en el análisis de al menos 19 unidades militares en siete departamentos. El Espectador conoció los detalles de esta nueva decisión, donde figuran como víctimas 26 menores de edad y 31 indígenas.
De acuerdo con los hallazgos de la JEP, en esos seis años en esa región, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al menos 604 personas fueron asesinadas y presentadas como falsas bajas en combate. Entre las víctimas aparecen 31 indígenas de los pueblos Wayuú, Wiwa y Kankuamo; 20 niños, entre ellos un indígena Wayuú; seis niñas, entre ellas una indígena Wiwa; 14 mujeres, entre ellas una mujer Wiwa embarazada y otras 122 personas aún sin identificar. De acuerdo con la Jurisdicción, los menores fueron engañados por reclutadores “que se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad y su inocencia”.
Entre los imputados hay tres mayores generales retirados (Hernán Giraldo Restrepo, Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo), dos brigadieres generales (Fabricio Cabrera Ortiz y Adolfo León Hernández Martínez) y otros coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes, subtenientes y sargentos que pertenecieron a las brigadas Segunda, Décima y Décima Primera de la División 1 del Ejército y el Comando Conjunto Caribe que operó en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, La Guajira, Córdoba y Sucre.
De hecho, según las investigaciones de la JEP, de estos siete departamentos, en al menos cuatro se presentaron las mayores afectaciones: Cesar (con 193 casos), La Guajira (173 ejecuciones extrajudiciales), Córdoba (76 casos de falsos positivos) y Sucre (75 casos reportados). Además, de acuerdo con el órgano de justicia transicional, el fenómeno criminal aumentó entre 2004 y 2007. Mientras en ese primer año se reportaron 24 ejecuciones extrajudiciales, en 2005 la cifra ascendió a 53 y en 2006 llegó 183 homicidios. Y, para el 2007, la cifra se cerró en 257 falsas bajas en combate.
Fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que todo este universo de víctimas por determinación geográfica fue posible gracias a tres elementos cruciales para la contrastación de la información: documentos operacionales de las Fuerzas Militares, avances de los expedientes en la justicia ordinaria y las versiones libres, en donde los comparecientes entregaron detalles sobre los hechos. Así también se logró determinar los motivos que llevaron a las unidades militares de las costas colombianas a sumarse a la sangrienta práctica de las ejecuciones extrajudiciales.
“Todo el mundo sabía lo que pasaba”, dijo a este diario una fuente conocedora del expediente. Lo que dice esta persona es que, al interior del Ejercito, no era ningún secreto que estas prácticas se estaban adelantando con un solo propósito: demostrar resultados operacionales exitosos. Para la Jurisdicción, “unidades militares en la Costa Caribe ejecutaron de manera sistemática asesinatos y desapariciones forzadas de personas protegidas, presentándolas falsamente como si hubieran muerto en enfrentamientos con tropas del Ejército Nacional”.
Las pesquisas de la JEP determinaron que estos crímenes fueron posibles por tres causas principales. La primera está relacionada a la presión que recibían los uniformados de presentar resultados tangibles, demostrados en bajas, y la imposición de sanciones a quienes no los presentaran. Así mismo, como ocurrió en otras zonas del país, se estableció una política de incentivos y recompensas a quienes sí demostraran resultados. Y, por último, se impulsó el encubrimiento de estos hechos a través de prácticas para ocultar la ilegalidad de sus acciones, obstaculizando investigaciones disciplinarias.
Pero eso no es todo. Los resultados de la investigación arrojaron que se presentaron por lo menos dos patrones macrocriminales para que miembros de las Fuerzas Militares ejecutaran esta práctica. La primera se dio a través del señalamiento a las víctimas como integrantes de grupos insurgentes, pues un total de 184 personas, según la JEP, fueron asesinadas bajo esa modalidad entre 2002 y 2008 en 40 municipios de Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. La segunda fue la atracción de personas en condición de vulnerabilidad y mediante ofrecimientos de empleos, una estrategia que fue utilizada también en otras zonas del país. Bajo esta modalidad fueron asesinadas 343 personas en esos seis años en 59 municipios.
Todo este cruento escenario, resume la Jurisdicción, responde a un a práctica sistemática ejecutada por los entonces miembros de las Fuerzas Militares. La expansión del fenómeno de los falsos positivos no solo comenzó desde Antioquia con el general (r) Mario Montoya Uribe, sino también con el batallón La Popa, en Cesar. Por esos hechos, Publio Hernán Mejía, excomandante de esa unidad militar, enfrenta actualmente un juicio adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la fiscalía de la JEP, pues, aunque hay pruebas robustas en su contra, se niega a aceptar su responsabilidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
