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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a cinco excomandantes del Bloque Caribe de las extintas Farc por su participación determinante en la política sistemática de secuestros cometida durante el conflicto armado en la región norte del país. Los exjefes insurgentes fueron señalados como máximos responsables de al menos 827 casos de privaciones ilegales de la libertad, muchos de ellos seguidos de tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y asesinatos.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad dentro del Caso 01, que investiga los secuestros perpetrados por las Farc a lo largo del territorio nacional. La región caribe fue identificada como uno de los epicentros de esta práctica criminal. Según la información recolectada por el tribunal transicional, el Bloque Caribe —una de las estructuras regionales de las Farc— fue responsable del 15 % de las víctimas acreditadas por esta modalidad de crimen, que dejó 4.213 personas afectadas en todo el país.
Los imputados son Abelardo Caicedo Colorado, conocido como Solís Almeida; Osmany Landero Rodríguez, alias Hernando González; Gilberto Giraldo Muñoz, alias Aldemar Altamiranda; Luis Cuadras Mejía, alias Leonardo Guerra y Uriel Oviedo Salgado, alias Manuel Ortiz o Mañe. Todos ellos ocuparon altos cargos dentro del Bloque Caribe y estaban directamente subordinados al Secretariado de las Farc, desde donde se ordenó implementar una política de secuestro con fines de financiamiento y control territorial.
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El documento de imputación señala que los ahora procesados tenían la capacidad real y efectiva de impartir órdenes, supervisar su ejecución y castigar a sus subordinados en caso de incumplimiento. Además, se evidenció que, a pesar de existir lineamientos internos que supuestamente ordenaban dar un “buen trato” a las personas cautivas, esta consigna fue sistemáticamente incumplida, derivando en múltiples violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas.
Los hechos ocurrieron en al menos seis departamentos: Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Atlántico, incluyendo zonas rurales de alta presencia guerrillera como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, Montes de María y La Mojana. En esas regiones, el Bloque Caribe estableció corredores de movilidad y control armado donde operaban retenes ilegales —también conocidos como “pescas milagrosas”—, que se convirtieron en el principal mecanismo para cometer secuestros extorsivos.
En total, la JEP logró documentar 49 de estos puntos ilegales instalados estratégicamente para interceptar vehículos y seleccionar a las personas con mayores posibilidades económicas, especialmente ganaderos, empresarios, comerciantes, transportadores y profesionales liberales. Las exigencias económicas para obtener la libertad de las víctimas oscilaban entre uno y cinco millones de pesos, una suma muy alta para muchas de las familias afectadas, que terminaron endeudadas y sometidas a un profundo sufrimiento físico y psicológico.
Los secuestros masivos afectaron de manera diferenciada a mujeres, comunidades campesinas e incluso a pueblos indígenas, cuyos líderes también fueron blanco de estas prácticas. La Sala subrayó que el sector ganadero fue especialmente perseguido, tanto por su capacidad de pago como por la estigmatización impuesta por la guerrilla, que los señalaba como aliados del paramilitarismo. Esto provocó un impacto devastador sobre la economía regional, generando desplazamiento forzado, ruptura del tejido comunitario y crisis humanitaria en varias zonas.
El caso de Consuelo Araújo, La Cacica
Uno de los casos más emblemáticos atribuidos al Bloque Caribe es el secuestro y asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera, conocida como La Cacica, ocurrido en septiembre de 2001, cuando fue interceptada por guerrilleros en una vía rural del Cesar. También figura el secuestro del exministro de Desarrollo, Fernando Araújo Perdomo, quien estuvo más de seis años en cautiverio antes de fugarse en medio de un operativo militar.
La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, ponente del auto, lideró una investigación que incluyó 72 versiones voluntarias de exintegrantes del Bloque Caribe, así como informes de la Fiscalía General, organizaciones de derechos humanos y entidades estatales. Además, se incorporaron las observaciones de 56 víctimas, cuyas narraciones aportaron detalles fundamentales sobre los métodos de secuestro, las condiciones de cautiverio, el trato inhumano recibido y las consecuencias posteriores en sus vidas.
La JEP determinó que el secuestro se convirtió en la principal fuente de financiamiento del Bloque Caribe, especialmente en momentos en que el Secretariado exigía una cuota anual de dos millones de dólares, cifra que debía ser alcanzada a través de extorsiones y retenciones ilegales. La estructura guerrillera incluso estableció una “oficina de finanzas” dedicada exclusivamente a planear y ejecutar secuestros con fines económicos.
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Esta nueva imputación se suma a las ya formuladas contra el antiguo Secretariado de las Farc, procesado por la política nacional de secuestros, y a las emitidas contra comandantes del Comando Conjunto Central, del Bloque Occidental Alfonso Cano y del Bloque Noroccidental, todos investigados por hechos similares dentro del Caso 01. Algunos de los comparecientes ya han reconocido responsabilidad en audiencias públicas, mientras que otros aún no han aceptado los cargos.
Los excomandantes del Bloque Caribe tienen ahora 30 días para aceptar o rechazar los cargos. De hacerlo, podrán acceder a penas restaurativas. Si niegan responsabilidad, podrían enfrentar sanciones de hasta 20 años de prisión ordinaria, según los parámetros establecidos por el sistema transicional.
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