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Cuatro generales retirados del Ejército, así como a 35 oficiales y suboficiales, antiguos miembros de la Cuarta Brigada, fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló su responsabilidad en 442 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, perpetradas en Antioquia entre 2004 y 2007.
Los generales en retiro Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, quienes ocuparon los cargos de comandantes y jefe de operaciones de la Cuarta Brigada durante ese período, fueron señalados como máximos responsables de haber promovido la política ilegal de “conteo de cuerpos”. Según la JEP, esta estrategia consistía en priorizar la cantidad de muertes reportadas como bajas en combate, lo que derivó en un patrón macrocriminal que incluyó asesinatos y desapariciones forzadas de civiles.
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Además de los generales, la JEP imputó a 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones de la Cuarta Brigada, así como a dos civiles que presuntamente hicieron parte de una red de reclutamiento de víctimas, entregadas a los militares a cambio de dinero para ser posteriormente ejecutadas. La JEP estableció que entre 2004 y 2007, al menos 270 hechos resultaron en 442 víctimas: 434 personas asesinadas y 8 que lograron sobrevivir. Se identificaron 203 casos de desaparición forzada y 41 víctimas de tortura, todos crímenes que fueron cometidos con el objetivo de inflar las estadísticas de bajas en combate y cumplir con las exigencias de los altos mandos.
Según el Sala de Reconocimiento de Verdad, los generales imputados condicionaron la conducta de sus subalternos mediante órdenes, directrices y mensajes radiales dirigidos a las tropas, lo que propició la formación de estructuras criminales dentro de los batallones y unidades bajo su mando. Estas estructuras recurrieron de manera sistemática a la ejecución de civiles inocentes, quienes luego eran presentados como insurgentes caídos en combate. La JEP también documentó casos de combatientes de grupos armados que, tras rendirse o ser capturados heridos, fueron ejecutados en violación del derecho internacional humanitario.
Las pruebas recolectadas por la Sala, a partir de testimonios de 146 exintegrantes de la Cuarta Brigada, registros oficiales y documentos operacionales, evidenciaron que los mandos militares promovieron una política de “conteo de cuerpos” como único indicador del éxito militar. Esta práctica se basó en un sistema de incentivos y presiones para maximizar el número de bajas en combate, estableciendo comparaciones entre unidades y fomentando una competencia interna.
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Los hallazgos confirman patrones identificados en investigaciones previas de la JEP en otras regiones del país. Las órdenes emitidas por los altos mandos, como las del general González Peña en 2004, insistían en que “lo único que cuenta son las bajas” y que las capturas no eran relevantes. Otros comandantes, como Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, ejercieron presión directa sobre sus tropas para incrementar las cifras de muertes, estableciendo metas mensuales y presionando a las unidades para alcanzarlas, incluso al punto de comparar los resultados con años anteriores y exigir un número mínimo de bajas.
Además, se implementó la firma de “actas de compromiso” donde los comandantes de pelotones debían garantizar bajas en combate. Esta directriz, impuesta desde mayo de 2004, obligaba a las tropas a generar muertes para demostrar efectividad en el combate, reforzando la política ilegal de presentación de civiles como bajas en enfrentamientos simulados. Estas pruebas consolidan el papel de los altos mandos en la ejecución de un patrón macrocriminal que sistematizó los falsos positivos en Antioquia.
En una decisión anterior, en agosto de 2023, la JEP ya había imputado crímenes de guerra y lesa humanidad al general Mario Montoya Uribe y otros ocho oficiales y suboficiales por la implementación de la misma política de conteo de cuerpos en la Cuarta Brigada entre 2002 y 2003. Montoya optó por la vía adversarial y fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, mientras que otros siete de los imputados reconocieron su responsabilidad y están próximos a participar en audiencias públicas de reconocimiento de verdad y responsabilidad.
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Es la primera vez que en una imputación por falsos positivos, la Sala de Reconocimiento de Verdad confirmó la comisión de actos de tortura contra las víctimas y sus familiares. Se documentaron 22 casos con 41 víctimas, principalmente campesinos del Oriente Antioqueño, quienes fueron injustamente señalados de pertenecer a grupos guerrilleros y sometidos a torturas para extraer información sobre presuntos colaboradores de la insurgencia.
Esta imputación se enmarca en el Caso 03 de la JEP, que investiga los falsos positivos en diversas regiones del país. Con este, ya son siete los Autos de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) emitidos, abarcando casos en Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila, el cementerio Las Mercedes de Dabeiba y el Oriente Antioqueño entre 2002 y 2003. La JEP ahora se concentrará en esclarecer responsabilidades en el ámbito nacional para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y definir la situación jurídica de más de 4.000 militares acogidos a esta jurisdicción especial.
En los seis autos previos, 106 altos mandos han sido imputados y 92 han aceptado su responsabilidad, la mayoría en audiencias públicas con transmisión en vivo y participación de las víctimas. Además, 821 militares de rangos menores fueron remitidos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que se determine su situación, y en 53 casos, la JEP ha decidido renunciar a la persecución penal.
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Antioquia fue el departamento más afectado por los asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas por agentes del Estado entre 2002 y 2008. Según el Universo Provisional de Hechos del Macrocaso 03, que documenta 6.402 víctimas, una cuarta parte de estos crímenes (25,19%) ocurrió en esta región. La Sala de Reconocimiento de Verdad ya había identificado este patrón macrocriminal en el oriente antioqueño durante 2002 y 2003, el cual se expandió y consolidó en todo el departamento entre 2004 y 2007.
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