La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió que no le concederá al general (r) Mauricio Santoyo Velasco el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada. Para la JEP, los aportes a la verdad que realizó el general retirado el pasado 21 de marzo no son suficientes y se le ordenó ampliar por escrito, de manera inmediata, sus aportes como parte del seguimiento y evaluación al interior de la Jurisdicción. De no cumplir con esto podría llegar a ser expulsado de la Jurisdicción.
La JEP informó que Santoyo se encuentra vinculado a la Jurisdicción por dos investigaciones judiciales distintas, una por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada y otra más por Enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, además se le han cuestionado sus vínculos con el paramilitarismo. Por este motivo y al momento de aceptar su sometimiento, se le pidió que entregara una propuesta con la cual pudiera aportar a la reparación integral de las víctimas y su derecho a la verdad plena.
Sin embargo, en el documento la JEP afirma que el general en retiro “ha optado por guardar silencio y negar su participación en los hechos, situación que acarrea implicaciones dentro del marco jurídico establecido para él”. Santoyo ha negado por ejemplo tener cualquier relación con alias Don Berna, Diego Fernando Murillo y con alias Gordolinodo, Francisco Javier Zuluaga, así como la recepción de sobornos por parte de estos.
Particularmente, en la audiencia reservada el pasado jueves 21 de marzo, el general (r) no aceptó los hechos por los que es investigado. Esto a pesar de que se había ganado un puesto en la jurisdicción por sus posibles aportes al sistema sobre “todas las conductas en que hubiese participado o conocido por causa o con ocasión del conflicto armado” mientras estuvo en la Policía y fue jefe de seguridad del expresidente Uribe, entre 2002 y 2005.
Actualmente, Santoyo se encuentra privado de la libertad en el Centro Especial de Reclusión de la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, beneficio que le fue concedido por la JEP y que podría perder si no envía lo solicitado por la Jurisdicción.
El general retirado fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos y regresó a Colombia en 2019, es investigado por recibir pagos y por supuestamente realizar operaciones conjuntas con paramilitares mientras fue jefe del Gaula en Medellín. Además, se le investiga por las desapariciones de los miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfaddes) Ángel José Quintero y Claudia Monsalve; y por el homicidio del periodista Jaime Garzón.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
