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En una decisión de obligatorio cumplimiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le habló directo al presidente Gustavo Petro y le ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) reconfigurar de forma urgente la estructura operativa del Grupo de Acción contra Minas.
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“Hoy está desdibujada, sin recursos ni capacidad instalada”, aseguró el magistrado Camilo Suárez Aldana, magistrado del Tribunal para la Paz de la JEP.
La orden judicial fue emitida durante la Audiencia Pública de Verificación del Caso 01, que evalúa si se cumplen las condiciones técnicas y jurídicas para dictar sentencia contra los exjefes del último Secretariado de las FARC por los secuestros.
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En ese contexto, la JEP evalúa también los proyectos restaurativos a ejecutar por los excombatientes. Para ello se está desarrollando una audiencia desde este 31 de julio y hasta mañana 1 de agosto, en el que las víctimas dan a conocer su postura final frente a las propuestas del exsecretariado FARC.
El magistrado Suárez, presidente de la diligencia, indicó que el Estado debe recuperar la estructura de la Dirección de Acción Integral contra Minas, dependencia del Alto Comisionado para la Paz. El énfasis, señaló, debe estar en la definición urgente de líneas legislativas y en la gestión de recursos del Plan Nacional de Desarrollo.
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El pronunciamiento judicial también obliga al Gobierno a establecer mecanismos concretos de cooperación internacional, aunque aclara que dicha ayuda no puede convertirse en la única fuente de financiación de los programas de desminado, esenciales para la reparación integral de las víctimas.
Con este llamado, la JEP explica que el desminado humanitario no solo es una tarea pendiente del Estado, sino también una de las principales medidas de reparación que deben ejecutarse como parte de la Sanción Propia impuesta a los exFARC, en coordinación con las comunidades más afectadas.
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El avance en la eliminación de minas antipersonal es clave para cerrar los ciclos de violencia y avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, señaló la JEP. Por eso, la Sección de Reconocimiento instó al Gobierno a asumir su compromiso político, técnico y financiero con mayor contundencia.
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