Debido a la escalada de violencia y crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo (Norte de Santander), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que desde su Sección de Ausencia de Reconocimiento se emitieron órdenes a entidades estatales que sean responsables de la seguridad de los firmantes para que garanticen su protección. La justicia especial le pidió al Ministerio de Defensa que inicie un proceso de extracción de al menos 124 excombatientes de forma urgente.
“Según cifras de la Defensoría del Pueblo presentadas a la JEP, cerca de 80 personas han sido asesinadas y al menos 11.000 desplazadas”, precisó la justicia especial. Estos hechos se suman a los homicidios de al menos seis firmantes de paz: Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita.
Bajo este escenario, la Jurisdicción anunció que también le ordenó al Ministerio de Defensa garantizar la extracción de los 124 firmantes del acuerdo que se encuentran en la zona. También solicitó mantener los anillos de seguridad en el AETCR de Caño Indio y en el NAR de Tibú. Además, le solicitó a la cartera que, en un plazo de 10 días, presenten un informe sobre las acciones implementadas para garantizar la protección de los excombatientes.
De igual manera, la JEP le ordenó a la Fiscalía y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), “diseñar y ejecutar un plan para localizar, al menos, a 12 firmantes del Acuerdo Final de Paz desaparecidos a raíz de la crisis humanitaria en Catatumbo”.
“Estas decisiones se toman en el marco de la medida cautelar colectiva adoptada por la JEP desde 2020, orientada a proteger a las personas en proceso de reincorporación y garantizar sus derechos fundamentales, como su vida, integridad personal y permanencia en el territorio, en cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz”, señaló el órgano de justicia transicional a través de un comunicado.
Al Ministerio del Interior, en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, entre otras, la JEP les pidió implementar de manera urgente un plan de atención humanitaria para las personas que se encuentren en proceso de reincorporación.
Entretanto, a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) le ordenó entregar un informe detallado sobre el estado de sus gestiones en la región y que demuestre cómo, de forma efectiva, está cumpliendo con sus funciones.
“Finalmente, la sección ordena al Ministerio Público, integrado por las Personerías, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, diseñar una programación territorial con una estrategia enfocada en garantizar la atención urgente y masiva a los excombatientes del Catatumbo”, concluyó la entidad.
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