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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una orden a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para que lleve a cabo la revisión de 2.721 víctimas de secuestro perpetrado por las extintas Farc, con el objetivo de asegurar su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV). Esta decisión, tomada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll de la Sala de Reconocimiento, se produce tras las reiteradas solicitudes de estas víctimas, quienes han participado activamente en el proceso judicial del Caso 01, que investiga los secuestros.
Según la JEP, estas víctimas, tanto sobrevivientes como familiares de los secuestrados, han expresado su deseo de ser reconocidas y reparadas individualmente, así como de acceder a las medidas de atención y asistencia que ofrece la Unidad para las Víctimas. La orden tiene como fecha límite el 1 de septiembre de 2025, momento en el cual se espera que la UARIV haya completado el proceso de verificación y análisis correspondiente.
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La JEP no solo se dedica a investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves del conflicto armado, sino que también tiene la obligación de contribuir a la satisfacción del derecho a la verdad y a la reparación integral de las víctimas. Esta responsabilidad ha sido enfatizada por la jurisprudencia de la JEP, que subraya la importancia de garantizar que las víctimas reciban la atención y reparaciones que les corresponden.
La orden incluye también la revisión de los casos de personas que ya están registradas en el RUV, pero que no han sido reconocidas por la totalidad de los hechos de los que fueron víctimas. Esto implica que la UARIV deberá evaluar si procede el pago de indemnizaciones y garantizar otras medidas de reparación según lo estipulado en la Ley de Reparación Integral para Víctimas del Conflicto Armado (Ley 1448 de 2011).
Adicionalmente, se hará un seguimiento a las personas que han sido registradas como víctimas indirectas de secuestro, pero que también son víctimas directas de otros delitos cometidos por la extinta guerrilla durante el tiempo de cautiverio, como homicidio, violencia sexual, desplazamiento forzado, esclavitud, desaparición forzada, tortura y otros tratos crueles e inhumanos.
Para asegurar el cumplimiento de esta orden, la UARIV deberá presentar tres informes periódicos y un informe final al despacho de la magistrada Lemaitre. Los informes están programados para el 2 de diciembre de 2024, el 3 de marzo de 2025 y el 2 de junio de 2025. Cada informe deberá detallar los avances logrados en la inclusión de las víctimas en el RUV, así como identificar los pasos pendientes para resolver sus situaciones.
El informe final, que se espera para el 1 de septiembre de 2025, deberá incluir información consolidada en carpetas digitales para cada núcleo familiar, que contenga la documentación de las víctimas y las decisiones tomadas por la entidad. También se deberá presentar una matriz que resuma las decisiones tomadas en cada caso y explique los criterios utilizados.
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La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (FEVCOL), la Fundación IPS para el Desarrollo Humano Integral del Sur Colombiano (FUNIPSI), el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD-Víctimas) representan a estas víctimas en este proceso. Tanto la JEP como estas organizaciones deberán colaborar con la UARIV, proporcionando la información necesaria para facilitar el proceso de inclusión en el RUV.
Por su parte, el Ministerio Público deberá asegurar la articulación con la Unidad para las Víctimas, facilitando la toma de declaraciones de aquellas víctimas que aún no han presentado su testimonio. Este esfuerzo debe realizarse de manera expedita, con el objetivo de garantizar que todas las voces sean escuchadas y que el proceso avance efectivamente hacia la justicia y la reparación integral.
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