
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, solicitó a más de cinco instituciones del Estado que investiguen dónde están y qué pasó con el paradero de al menos 546 integrantes de la Fuerza Pública que están desaparecidos en razón del conflicto armado. Esa estadística, preocupante para la justicia especial, fue entregada por parte del Ministerio de Defensa que lidera Iván Velásquez.
Los datos entregados por parte de la cartera a la Jurisdicción indican que de ese número de desaparecidos, un total de 384 corresponde al Ejército Nacional, mientras que 139 serían de la Policía. Además, 13 integrantes de la Fuerza Aérea permanecen desaparecidos, al igual que 10 miembros de la Armada Nacional. La decisión adoptada por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez se enmarca en la medida cautelar nacional establecida para garantizar los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada.
La justicia especial, mediante el auto 552, ordenó remitir esta información a instituciones como la Fiscalía, la Sección de Investigación Criminal (Sijín), la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal para que se pueda avanzar en la identificación de las personas desaparecidas.
#Atención | La JEP pide investigar el paradero de 546 miembros de la fuerza pública desaparecidos durante el conflicto armado. pic.twitter.com/kAbvplsnMp
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) January 28, 2025
De acuerdo con la información presentada desde la JEP, a través de una comunicación oficial, los listados entregados a sus despachos incluyen el número de personas desaparecidas en servicio activo hasta la fecha con datos claves como sus nombres completos, números de cédula y las regiones donde desaparecieron. “La búsqueda de los desaparecidos no es solo un acto de justicia, sino un deber ético con quienes dejaron un vacío irreparable en sus familias y en la sociedad”, señaló el magistrado Raúl Sánchez.
Según detalló la JEP, “las cifras proporcionadas por el ministerio revelan una realidad ineludible: en todos los lados del conflicto armado hay víctimas de desaparición forzada. Esta situación enfatiza la necesidad de coordinar esfuerzos y acciones interinstitucionales entre las entidades para avanzar en la búsqueda y, si es el caso, la identificación y entrega digna de estas personas, garantizando sus derechos y los de sus familias”.
La magistratura, por otra parte, le pidió a la Organización Humanitaria Reencuentros (organización civil conformada por firmantes de paz), entregar cualquier tipo de información sobre alguna de las víctimas que aparezca en los listados entregados desde el ministerio. “Toda la información que reciba la JEP será contrastada con las investigaciones en curso, tanto en los casos específicos como en las solicitudes de sometimiento y/o de beneficios transitorios y definitivos”, concluyó la justicia especial transicional.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.