JEP rechazó de nuevo a exfuncionarios que dicen tener datos de Néstor H. Martínez
La Sección de Apelación de la JEP reiteró que no aceptará el sometimiento del exfiscal Fabio Martínez Lugo y al excoordinador de sala de interceptaciones de la Fiscalía, Luis Carlos Gómez Góngora. Ambos habían propuesto entregar supuesta información comprometedora sobre el exfiscal general Néstor Humberto Martínez y el proceso de paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no escuchará las supuestas verdades que el exfiscal Fabio Martínez Lugo y el excoordinador de la sala de escucha Diamante, Luis Carlos Gómez Góngora, tendrían bajo su poder, que supuestamente comprometen al exfiscal general Néstor Humberto Martínez. La Sección de Apelación de la JEP les negó la entrada, por segunda vez al organismo de justicia, mientras la misma Fiscalía avanza en la preparación del juicio contra ambos.
En contexto: JEP le cerró la puerta al caso “chuzadas”: rechazó al exfiscal Fabio Martínez Lugo.
La Sección de Apelación del Tribunal de Paz de la JEP se pronunció sobre la apelación presentada por Martínez Lugo y Gómez Góngora, a quienes el 11 de septiembre del año pasado la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas les rechazó el sometimiento y la obtención de beneficios como la libertad transitoria. Ambos están vinculados a procesos penales y disciplinarios, pues entre 2017 y 2018 habrían “chuzado” a prominentes pilotos, abogados y empresarios, entre los que está Julián Gustavo Pinzón, líder sindicar de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles.
En una reciente decisión, la JEP recordó a los investigados que para entrar a la justicia transicional deben demostrar que las conductas hayan sido cometidas con anterioridad al Acuerdo Final de Paz, firmada entre el Gobierno y las extintas Farc en 2016. Y, en todo caso, si los supuestos delitos se hubiesen dado con posterioridad a esa fecha, que estén directamente relacionados con el proceso de dejación de armas de los exguerrilleros. Sin embargo, no cumplen ni lo uno, ni lo otro.
Incluso, la JEP les respondió que los hechos investigados ni siquiera tienen relación con el conflicto armado. “Los peticionarios presuntamente formaban parte de una empresa criminal mediante la cual, aprovechando los medios que tenían a su alcance, debido a las funciones que desempeñaban como funcionarios de la Fiscalía, ofrecían servicios de interceptación de comunicaciones a empresas privadas o particulares que lo requieran, a cambio de dinero”, explicó la Sección de Apelación.
En contraste, ambos exfuncionarios de la Fiscalía solicitaron someterse y obtener el beneficio de la libertad, pues serían agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública. Luis Carlos Gómez Góngora dijo que participó del conflicto armado mediante actividades de interceptación telefónicas, pues el ente investigador habría elaborado un “aparato estatal contrainsurgente”, una vez iniciaron las conversaciones de paz entre el Gobierno y las extintas Farc en 2012. El exfiscal Martínez Lugo, por su parte, también habló de un plan gubernamental de “chuzadas”.
Le puede interesar: Por supuestas maniobras dilatorias, abogado Miguel Ángel del Río será investigado.
“(Martínez Lugo) realizó un ofrecimiento de verdad relacionado con lo que en su concepto representa un fenómeno de macrocriminalidad, vinculado a interceptaciones de comunicaciones adelantadas por la entidad a la que perteneció (Fiscalía) bajo el mando del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Igualmente, manifestó que aportaría verdad sobre investigaciones relativas a hechos de parapolítica a las que se encuentra vinculado”, dijo la JEP.
Los exfuncionarios ya habían hablado sobre la supuesta actividad de Néstor Humberto Martínez en diciembre de 2019, desde la cárcel La Picota (Bogotá), cuando acusaron al exfiscal general por supuestamente “chuzar” a negociadores de paz, abogados litigantes y funcionarios de la misma Fiscalía. Sin embargo, tales afirmaciones les costaron una investigación penal y un reciente llamado a juicio, en octubre del año pasado. Gómez Góngora, por su parte, está condenado a ocho años de prisión por aceptar cargos en diciembre de 2018.
Lea también: Por calumnia, llaman a juicio a Luis Carlos Gómez y al exfiscal Fabio Martínez Lugo.
“Los señores Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Martínez Lugo actuaron en la condición de coautores a título doloso, al incriminar una conducta típica en contra del aquí querellante -Néstor Humberto Martínez- la actividad de impartir ordenes de interceptación sin cumplimiento de requisitos legales formales esenciales”, anunció la Fiscalía en su escrito de acusación. Incluso, la Fiscalía 16 especializada contra el crimen organizado los está investigando por el delito de falso testimonio.
En entrevista con El Espectador, cuando Fiscalía anunció el llamado a juicio, el abogado Miguel Ángel Del Río explicó, en defensa de Martínez Lugo, que la información que tiene su defendido podría ser crucial para develar este escándalo de chuzadas: “Nosotros no confiamos en la Fiscalía para entregar esa información. Ojalá las autoridades entiendan eso, cambien a los fiscales que están manejando el tema. Es una información de altísima sensibilidad nacional. El exfiscal tiene conocimientos de las chuzadas de los últimos 10 o 12 años en el país”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no escuchará las supuestas verdades que el exfiscal Fabio Martínez Lugo y el excoordinador de la sala de escucha Diamante, Luis Carlos Gómez Góngora, tendrían bajo su poder, que supuestamente comprometen al exfiscal general Néstor Humberto Martínez. La Sección de Apelación de la JEP les negó la entrada, por segunda vez al organismo de justicia, mientras la misma Fiscalía avanza en la preparación del juicio contra ambos.
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La Sección de Apelación del Tribunal de Paz de la JEP se pronunció sobre la apelación presentada por Martínez Lugo y Gómez Góngora, a quienes el 11 de septiembre del año pasado la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas les rechazó el sometimiento y la obtención de beneficios como la libertad transitoria. Ambos están vinculados a procesos penales y disciplinarios, pues entre 2017 y 2018 habrían “chuzado” a prominentes pilotos, abogados y empresarios, entre los que está Julián Gustavo Pinzón, líder sindicar de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles.
En una reciente decisión, la JEP recordó a los investigados que para entrar a la justicia transicional deben demostrar que las conductas hayan sido cometidas con anterioridad al Acuerdo Final de Paz, firmada entre el Gobierno y las extintas Farc en 2016. Y, en todo caso, si los supuestos delitos se hubiesen dado con posterioridad a esa fecha, que estén directamente relacionados con el proceso de dejación de armas de los exguerrilleros. Sin embargo, no cumplen ni lo uno, ni lo otro.
Incluso, la JEP les respondió que los hechos investigados ni siquiera tienen relación con el conflicto armado. “Los peticionarios presuntamente formaban parte de una empresa criminal mediante la cual, aprovechando los medios que tenían a su alcance, debido a las funciones que desempeñaban como funcionarios de la Fiscalía, ofrecían servicios de interceptación de comunicaciones a empresas privadas o particulares que lo requieran, a cambio de dinero”, explicó la Sección de Apelación.
En contraste, ambos exfuncionarios de la Fiscalía solicitaron someterse y obtener el beneficio de la libertad, pues serían agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública. Luis Carlos Gómez Góngora dijo que participó del conflicto armado mediante actividades de interceptación telefónicas, pues el ente investigador habría elaborado un “aparato estatal contrainsurgente”, una vez iniciaron las conversaciones de paz entre el Gobierno y las extintas Farc en 2012. El exfiscal Martínez Lugo, por su parte, también habló de un plan gubernamental de “chuzadas”.
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“(Martínez Lugo) realizó un ofrecimiento de verdad relacionado con lo que en su concepto representa un fenómeno de macrocriminalidad, vinculado a interceptaciones de comunicaciones adelantadas por la entidad a la que perteneció (Fiscalía) bajo el mando del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Igualmente, manifestó que aportaría verdad sobre investigaciones relativas a hechos de parapolítica a las que se encuentra vinculado”, dijo la JEP.
Los exfuncionarios ya habían hablado sobre la supuesta actividad de Néstor Humberto Martínez en diciembre de 2019, desde la cárcel La Picota (Bogotá), cuando acusaron al exfiscal general por supuestamente “chuzar” a negociadores de paz, abogados litigantes y funcionarios de la misma Fiscalía. Sin embargo, tales afirmaciones les costaron una investigación penal y un reciente llamado a juicio, en octubre del año pasado. Gómez Góngora, por su parte, está condenado a ocho años de prisión por aceptar cargos en diciembre de 2018.
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“Los señores Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Martínez Lugo actuaron en la condición de coautores a título doloso, al incriminar una conducta típica en contra del aquí querellante -Néstor Humberto Martínez- la actividad de impartir ordenes de interceptación sin cumplimiento de requisitos legales formales esenciales”, anunció la Fiscalía en su escrito de acusación. Incluso, la Fiscalía 16 especializada contra el crimen organizado los está investigando por el delito de falso testimonio.
En entrevista con El Espectador, cuando Fiscalía anunció el llamado a juicio, el abogado Miguel Ángel Del Río explicó, en defensa de Martínez Lugo, que la información que tiene su defendido podría ser crucial para develar este escándalo de chuzadas: “Nosotros no confiamos en la Fiscalía para entregar esa información. Ojalá las autoridades entiendan eso, cambien a los fiscales que están manejando el tema. Es una información de altísima sensibilidad nacional. El exfiscal tiene conocimientos de las chuzadas de los últimos 10 o 12 años en el país”.