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El exgobernador de Magdalena (2020 - 2023) y presiente del partido político Fuerza Ciudadana, Carlos Eduardo Caicedo Omar, fue reconocido como víctima de violencia política y judicial por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El órgano de justicia transicional, a través de su Sala de Reconocimiento de Verdad, fue acreditado dentro del macro 08, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en asocio con paramilitares o terceros civiles.
Desde 2022 Caicedo ha venido insistiendo ante autoridades judiciales que fue víctima de una persecución política por parte del también exgobernador del mismo departamento Trino Luna Correa, y que estos hechos se remontan hasta 1997, cuando ejercía como gobernador de la Universidad del Magdalena. Para la JEP, Caicedo fue víctima de montajes judiciales, campañas de desprestigio y falsos testigos en su contra. Y, además, detrás de estos eventos habrían estado grupos paramilitares, según estableció la Jurisdicción.
La JEP concluyó, mediante un auto de 16 páginas conocido por este diario, que los hechos de estigmatización, persecución judicial y hostigamiento de los que fue víctima el exgobernador, no fueron incidentes aislados, sino parte de una estrategia política “orientada a neutralizar su presencia en una institución clave como la Universidad del Magdalena, desde donde habría impulsado procesos de transparencia, independencia y oposición a redes de contratación capturadas por estructuras clientelares con presuntos vínculos paramilitares”.
Hace tres años, la JEP le cerró las puertas al también exalcalde de Santa Marta, quien solicitó ser acreditado como víctima de estos hechos, pues consideró que faltaban pruebas para constatar que realmente fuera una víctima de dicha persecución. Sin embargo, la Sala estudió nuevamente el recurso y le dio la razón al político, quien de ahora en adelante participar como interviniente dentro del proceso que se lleva en contra de Trino Correa.
“Si bien es cierto que muchas de las conductas alegadas en la solicitud de acreditación no constituyen per se graves violaciones a los derechos humanos, sí pueden adquirir dicha connotación cuando son parte de una estrategia más amplia de persecución política en contextos de violencia estructural, como los ya documentados por esta Jurisdicción en el caribe colombiano. En este sentido, los hechos narrados por el solicitante ameritan una valoración adicional, más allá de su forma típica, atendiendo a su funcionalidad dentro de un entramado de control institucional desplegado durante el conflicto armado", señala el auto de la JEP.
A través de un video en redes sociales, el exgobernador celebró la decisión y la calificó como “histórica”. “Esta es una muestra de una persecución sistemática que ha dejado cicatrices imborrables en mi vida pública y personal”, dijo. “Calumnias, procesos judiciales sin fundamentos y privación injusta de la libertad por años, amenazas constantes por haberme enfrentado a las mafias políticas que se lucraron del conflicto. Mi caso es el reflejo del sufrimiento de centenares de colombianos que han sido perseguidos con ayuda de un aparato judicial manipulado por intereses oscuros”, añadió.
Y concluyó que esa es justamente la verdad que reconoce la JEP. “He sido víctima del conflicto armado colombiano. Es una decisión histórica que reconoce en esas falsas acusaciones y en la campaña de prestigio en mi contra como parte de una estrategia de eliminación política sistemática”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
