La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó al territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado en el marco del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares.
La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad se adoptó en presencia de 50 representantes de víctimas de población campesina, negra, afrodescendiente e indígena y precisamente, responde a la solicitud presentada por el colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas de los Montes de María, acreditado ante la JEP.
La importancia de este reconocimiento recae en gran parte en la participación de los voceros y representantes del territorio en todas las etapas del proceso: presentar pruebas, formular observaciones a las versiones voluntarias, intervenir en la audiencia pública de reconocimiento y acceder a medidas restaurativas y a garantías de no repetición.
“Existen pruebas suficientes de la victimización y de los daños causados al Territorio de los Montes de María por conductas y hechos graves ocurridos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Se trata de daños que trascienden la dimensión humana e involucran de manera decisiva al territorio como sujeto con derecho a su acreditación”, señaló la magistrada María del Pilar Valencia, quien fue la relatora del Subcaso Montes de María.
Esta decisión del tribunal especial también se traduce en los daños sobre los suelos, ríos, montañas y cuerpos de agua de ese territorio. Según concluyó la Sala, el reconocimiento del daño implica visibiliza al territorio como sujeto relacional y fuente de ordenamiento social.
En ese contexto, la JEP valoró las pruebas y reconoció los hechos, afectaciones y daños sufridos por el territorio montemariano como consecuencia del conflicto armado, relacionados, entre otros factores, con su ubicación geoestratégica, su alta biodiversidad y la riqueza de sus recursos naturales.
Esta es una subregión del Caribe compuesta por 15 municipios. En Bolívar: María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, Zambrano, Córdoba y El Carmen de Bolívar; y en Sucre: Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, San Onofre, Toluviejo, Chalán y Ovejas. Dentro de su ecosistema guarda uno de las zonas más amenazadas del país: el bosque seco tropical.
En la decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad enfatizó que este ecosistema ha sido gravemente deteriorado por las dinámicas del conflicto armado, que facilitaron modelos de explotación que afectan la sostenibilidad ambiental del territorio, ocasionando afectaciones socioecológicas, culturales y espirituales; desplazamientos que alteraron las relaciones sociales, políticas y económicas; destrucción de ecosistemas, despojo y abandono forzado de tierras, reconfiguración del paisaje y afectación de los medios de subsistencia tradicionales.
En este subcaso, la magnitud de la victimización que investiga la JEP se refleja en las más de 16.000 hectáreas restituidas, las 230.565 víctimas del conflicto armado y los 85 sujetos de reparación colectiva registrados en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
