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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a civiles que tendrían responsabilidad en un crudo caso de la historia del conflicto armado: el expediente de secuestro, tortura y desaparición forzada de tres indígenas del pueblo arhuaco y tres mamos de esa misma comunidad, considerados autoridades políticas y espirituales, en 1990 en el Cesar.
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Los terceros civiles por los cuales se compulsa copias son Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, Alfonso Macías, los hermanos José y Carlos Mattos, y Wilson Ramírez. El nombre de Carlos Mattos no se trataría del mismo que es reconocido por haber sostenido durante décadas el monopolio de la venta de carros Hyundai en Colombia, hasta que la casa matriz le entregó el negocio a ecuatorianos. Mattos intentó tumbar esa decisión con maniobras corruptas en la justicia, lo cual terminó en una condena a cuatro años de prisión, confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2023.
Sobre Luis Alberto Restrepo, la JEP explicó que es dueño de la hacienda Bethania, ubicada en El Copey (Cesar). Los mamos arhuacos, se explica en el expediente, habrían sido secuestrados en esa propiedad, donde además fueron torturados. Además, tendría responsabilidad en la conformación y patrocinio de la estructura paramilitar que se acantonaba en su hacienda, la cual ejecutó los crimenes en contra de los mamos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, así como la tortura de los indígenas arhuacos José Vicente Villafañe y Amado Villafañe.
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Además, la JEP compulsó copias en contra de Restrepo, por “su posible participación en delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir con ocasión de los hallazgos forenses correspondientes a seres humanos encontrados en la hacienda Bethania de su propiedad, como resultado de la medida cautelar solicitada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, tras su negativa durante más de un año a que dicha unidad llevara a cabo la actuación humanitaria”.
Con relación a los empresarios Alfonso Macías y los hermanos José y Carlos Mattos, el órgano de justicia transicional compulsó copias por su presunta participación en los crímenes y la conformación, patrocinio y promoción de estructuras paramilitares en el Cesar. Sobre José Mattos se sabe que es investigado por su presunta participación en los homicidios del también ganadero Disnaldo José Perpiñán y su ahijado, Carlos Alberto López, perpetrado el 28 de noviembre de 2001 en Codazzi (Cesar).
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El Espectador, en publicaciones de 2018, dio a conocer testimonios de exparamilitares que narran cómo, dónde y por qué se cometió este crimen. Antiguos miembros del frente Juan Andrés Álvarez, que pertenece al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), sitúan a Mattos en al menos dos reuniones con la cabeza de ese grupo criminal, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 y su mano derecha, Óscar Ospino, alias Tolemaida. Esta compulsa de copias de la JEP refuerza esta teoría.
En relación con Wilson Ramírez, quien durante el conflicto armado era conocido con el alias de Jhon Ramírez, se compulsaron copias por su condición de presunto jefe de seguridad del hacendado Alfonso Macías y el autor director del homicidio de los mamos arhuacos. También se le compulsaron copias por el delito de concierto para delinquir por presunta participación en grupos armados organizados.
Procesos de extinción de derecho de dominio
La Jurisdicción Especial para la Paz, asimismo, solicitó a la dirección de extinción de derecho de dominio de la Fiscalía para que adelante el secuestro de diferentes inmuebles propiedad de los señalados. Entre ellos, la misma hacienda Bethania, de Restrepo, lugar donde presuntamente se alojaron los autores materiales de los crímenes, además, fue base de operaciones de grupos paramilitares.
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“Respecto de las propiedades de Alfonso Macías o sus herederos (según corresponda), se trata de una finca y un molino ubicados en El Copey que habrían sido base de operaciones de estructuras paramilitares. Allí se habrían alojado hombres armados que participaron en la retención, tortura y homicidio de los Mamos arhuacos“, explicó la JEP en un comunicado de prensa.
En relación con las propiedades de la familia Mattos, presuntamente utilizadas para la comisión de delitos, se trataría de una casa ubicada cerca a la plaza Alfonso López de Valledupar, teniendo en cuenta que allí habrían sido llevados inicialmente los mamos arhuacos luego de su retención por grupos ilegales. Y un apartamento, al parecer propiedad de Carlos Mattos, ubicado en un edificio en inmediaciones del río Guatapurí, en Valledupar, que habría servido de alojamiento a los presuntos ejecutores materiales de los crímenes.
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