Hoy hace 15 años Jhonny Silva, estudiante de quinto semestre de química, murió producto de un impacto de bala en su espalda. La muerte ocurrió en medio de protestas en la Universidad del Valle cuando alumnos alzaron su voz en contra del TLC que estaba por firmarse con Estados Unidos en el primer gobierno Álvaro Uribe. Al contrario de los demás protestantes, Jhonny Silva no pudo escapar cuando el Esmad entró a la institución ya que padecía una discapacidad en sus piernas.
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Compañeros de Jhonny Silva aseguran que el estudiante de química salía de la biblioteca cuando el Esmad entró a la Universidad del Valle. Después de caminar unos metros, con dificultad por la enfermedad motora que sufría, fue alcanzado por una bala “compatible con las armas de dotación de la Policía Nacional”, como dictaminó en su momento el examen de balística del CTI. Además, los resultados de la investigación dejaron claro que lo mató alguien que se encontraba acostado o arrodillado, “en posición de combate”. Fue un efectivo del Esmad.
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Por estos hechos, más de una década después, en 2017, el Consejo de Estado condenó a la Nación y ordenó indemnizar a su familia. En aquella sentencia, el alto tribunal consideró que la actuación del Esmad fue “excesiva, injusta y, por lo mismo, antijurídica”, porque el escuadrón nunca demostró como estos miembros de Univalle representaban tal riesgo para recurrir a la violencia letal -que de igual forma está prohibida-. Si bien hubo reparación económica -irrisoria según su familia-, la Nación ha negado en todas sus instancias la responsabilidad en los hechos.
Así describieron los familiares de Jhonny Silva los últimos momentos del estudiante, en su demanda contra la Nación: “aproximadamente a las siete de la noche, varios miembros del Esmad ingresaron a las instalaciones del campus universitario por la vía peatonal, sin contar con el permiso correspondiente por parte de los directivos de la Universidad del Valle y que, en medio de la persecución a los estudiantes, uno de los uniformados disparó un arma en varias oportunidades en contra de los estudiantes, uno de los disparos impactó al joven Jhonny Silva Aranguren causándole la muerte”.
Aquella demanda fue interpuesta ante el Tribunal Superior del Valle del Cauca, el 20 de septiembre de 2007 ¿Cual fue la primera -y única- respuesta de la Nación? Decir que no habían sido ellos. Esta declaración está consignada en los antecedentes del fallo del Consejo de Estado: “manifestó -la Nación- que los daños antijurídicos que originaron la presente acción, esto es, la muerte del estudiante Jhonny Silva Aranguren (...), habían sido cometidos por terceras personas ajenas por completo a la institución demandada, habida cuenta que “lo único” que utiliza el personal antidisturbios o grupo Esmad de la Policía Nacional para dispersar manifestantes, son gases lacrimógenos y escudos para protegerse".
Andrés Palomino Tovar, uno de los estudiantes que dio declaraciones durante el proceso, contó los minutos de tensión que se vivieron a merced de los integrantes del Esmad. Fue una de las últimas personas en ver con vida a Jhonny Silva, en aquel fatídico 22 de septiembre. “Cuando voy corriendo ahí, yo paso por el lado del compañero Jhonny, muy cerca si mucho a un metro, cuando paso por el lado de él, unos cinco segundos después del sonido de dos disparos (…) me detengo y volteo a mirar y es cuando veo al compañero en el suelo y está boca arriba”, dice Andrés. Tras el impacto en su espalda, Jhonny fue trasladado a la Fundación Valle de Lili, donde finalmente murió.
Otro testigo, el también estudiante Carlos Andrés Muñoz, fue contundente y aseguró que un miembro del Esmad disparó durante las protestas, en total contraste por lo respondido en todas las instancias por la Nación. “El agente del ESMAD que tenía el escudo, se agachó no recuerdo sobre qué rodilla y se cubre con el escudo y el que está en la parte de atrás saca un arma de fuego y se ubica en la espalda del que está agachado, se alcanza a distinguir que era un arma de fuego, no vi que tipo de arma, hace dos detonaciones seguidas”, asegura Carlos. Su declaración, además, encaja como una pieza de rompecabezas con lo registrado en el examen de balística del CTI.
Por otro lado, dentro del análisis del Consejo de Estado hay unas palabras que traen a la memoria el caso de Dilan Cruz, quien murió en circunstancias similares en las protestas del Paro Nacional de 2019. ¿La muerte del estudiante de 17 años también era competencia de la justicia ordinaria? Bien, pues esto consideró la alta corte sobre el caso Jhonny Silva: “La muerte del estudiante Jhonny Silva Aranguren, causada por la conducta deliberada de miembros del Esmad, que accionaron sus armas de fuego directamente en contra los manifestantes, no puede considerarse como un delito típicamente militar, ni como un delito común adaptado a la función militar, pues constituye una vulneración grave de derechos humanos”, se explica en el fallo.
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El Consejo de Estado señaló, además, que “no hubo una investigación penal seria e imparcial en relación con las circunstancias y responsables de la muerte del joven Jhonny Silva Aranguren”. De hecho, con estas palabras de impotencia William Silva, padre de Jhonny, se refirió a la Fiscalía en televisión local: “Son 10 años de impunidad que tristemente le debemos a la Fiscalía que es el ente corrupto más importante que tiene Colombia en estos momentos y por eso no pasa nada”, dijo el 22 de septiembre de 2015 a Pazifico Noticias.
Tiempo después de haber sido condenada la Nación, el 23 de octubre de 2017, los padres de Jhonny Silva -William y Ereniet- radicaron una carta de cuatro paginas en la Presidencia, el ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Policía. En el documento pidieron el retiro inmediato del entonces comandante nacional del Esmad, el coronel Gabriel Bonilla. Denunciaron que “es inadmisible que en el marco de un Estado Social y de Derecho, que tiene como base y principio la dignidad humana, se proteja y promueva en cargos públicos a personas que con sus actos han permitido, tolerado o promovido una ‘grave falla en el servicio’”.
Agregaron que “El teniente coronel Gabriel Bonilla González fue el encargado de dirigir las unidades que ocasionaron la muerte del joven Jhonny Silva Aranguren (…) es claro que su ejercicio del mando se dio de una manera abiertamente irregular del ejercicio de la fuerza policial, dado que, según se acreditó, miembros del Esmad dispararon de forma intencional y deliberada en contra de la humanidad de los manifestantes”, como expresaron en la carta. William Silva, con gafas y canas en su pelo, ha denunciado año por año en medios de comunicación la “impunidad” severa en el expediente de su hijo.
Antes del pleito decidido por el Consejo de Estado -y por presión de William Silva- el caso había llegado a instancias internacionales. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- ya había decidido estudiar el caso del estudiante, pues según cuenta su padre “más de diez fiscales han pasado por el caso y aún no pasa nada. No va a pasar nada”. Nunca han sentido garantías con la ley de Colombia. Según el abogado de la familia, Jorge Molano, el caso se puso en conocimiento de instancias internacionales en 2009, tras una profunda “decepción en la Fiscalía, que no ahondó en las investigaciones”.
Un padre que no deja de luchar
William Silva responde su celular, con voz apurada y acento caleño, desde un corregimiento de la capital del Valle del Cauca. Dice que el 22 de septiembre es un día difícil, pues año tras año su hijo se materializa en un recuerdo doloroso. Hace un buen tiempo que terminó su carrera como topógrafo y ahora vive de su pensión y de trabajos de carpintería que él mismo hace en su casa. Habla desde el dolor, pues un disparó le quitó lo que a un padre nunca deben arrebatarle.
“La fiscalía siempre desde el primer momento ha trabajado para la impunidad, ha trabajado para los victimarios. Uno de los últimos fiscales me dijo: señor Silva nosotros aquí sabemos todo lo que pasó, pero esto es un freno político y no jurídico. A mí me ordenaron cerrar este caso, yo le aconsejo que lleve esto a instancias internacionales porque yo puedo meterlo a la cárcel por injuria y calumnia”, dice William, sobre la profunda dilación del caso de Jhonny Silva.
Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos escogió el expediente para su revisión, el caso se encontraría tan estancado como en Colombia, por la misma responsabilidad de las partes inmersas en el proceso judicial. “Nosotros llevamos este caso a la CIDH que no ha podido hacer su tarea porque el caso, aquí en Colombia, debe estar completamente cerrado. Pero la Fiscalía no lo cierra porque quiere proteger a los victimarios, porque así no puede proceder la comisión”, dice William.
Compañeros de Jhonny hablan sobre la discapacidad motriz que pudo haberlo condenado -aparte de la irrupción del Esmad- el 22 de septiembre de 2005. Creen que no pudo reaccionar con la misma velocidad, pues sus piernas nunca le permitieron aprender la técnica correcta de carrera. Quizás, de haber escapado, hoy estaría trabajando como ingeniero químico o buscando su sueño de ser “Premio Nobel de Química”. Jhonny Silva, de entonces 21 años, le debía este trauma a un episodio propio del conflicto armado colombiano.
“Yo fui topógrafo -dice el padre de Jhonny- y me toco trabajar en unas carreteras en la selva en la región de Cauca. Allá no había medios de comunicación ni nada, solo grupos guerrilleros. Un día cualquiera el Ejercito entró en combate y hubo muchos muertos. Mis hijos que estaban pequeñitos vieron eso y eso creo un trauma en ellos. Jhonny tuvo problemas motrices y mi hija problemas con el habla. Esas son secuelas de la guerra en Colombia”, cuenta William.
Sobre el fallo del Consejo de Estado, William sostiene críticas a pesar de ser reconocido como víctima y recibir una indemnización económica. “Nosotros hemos ganado el 50% de caso. Si bien ellos dicen que el Esmad es responsable, no individualizan a las personas. Hoy los responsables han ascendido inclusive este personaje Bonilla -entonces comandante del Esmad- es comandante en Ibagué. El asesino, que no me atrevo a decir el nombre, está ascendido y no pasa nada”.
La historia de Jhonny Silva fue uno de los primeros precedentes en casos de abuso de autoridad, por parte de miembros del Esmad. William, padre de la víctima, cree que casos como los de Dilan Cruz y, también, Javier Ordóñez son comparables con su dolor. “Eso me parece una barbaridad. Es el irrespeto por la vida. Se desbordó, se salió de las manos la policía. La mayoría de las personas no quiere la policía, nadie las respeta. Son inmorales. Es triste y es miedoso. Quiero salir del país porque aquí da miedo poner su voz de protesta”.
Por último, William Silva se despide con tristeza, casi que ensimismado por los recuerdos que le trae el 22 de septiembre de cada año. Dice que en su “paso por este mundo” cumplió todo, vivió lo que tenía que vivir y trabajó lo suficiente para no pasar necesidades. Confirma, sin que se le pida, que es padre de una hija. Además, asegura que detesta hablar con los funcionarios judiciales, pues le dicen que “le van a pagar” a su hijo, como si se tratara de un mueble más en reparación.
