Jineth Bedoya devuelve al Estado la indemnización que le dio por ser víctima del conflicto

Jineth Bedoya, la periodista que en el año 2000 fue secuestrada, y posteriormente torturada y abusada sexualmente por parte de un grupo de paramilitares en razón de sus denuncias sobre la situación al interior de la cárcel La Picota, anunció este miércoles que regresará al Estado el dinero que la Unidad Nacional de Víctimas le dio tras ser reconocida como víctima del conflicto armado.

“En todos estos años he recibido una sola ayuda humanitaria od e otra índola económica por parte de gobierno alguno o del Estado. Y por eso quiero ser consecuente con mis acciones. Hoy le devuelvo a ese Estado, que no ha sido capaz de encontrar justicia y verdad en mi caso, y en los miles de casos que como yo, hemos sufrido la violencia sexual, esa indemnización”, dijo la periodista.

Bedoya aseguró que su renuncia a ese derecho consagrado por la Ley de Víctimas es una forma de luchar por la dignidad de las víctimas. La periodista explicó que “el daño que este conflicto me causó a mí y a mi familia no valen los $24’640.000 que me dieron. Mi reparación es la verdad, es lo único que pido. Ustedes (el Estado) me han re victimizado con sus mentiras, sus omisiones, su inoperancia”.

Además hizo un fuerte cuestionamiento al papel que están teniendo las víctimas en los diálogos de paz de paz en La Habana, y en el futuro escenario de posconflicto. Aun así, agradeció al presidente Juan Manuel Santos pues, según Bedoya, “ha sido el único funcionario en décadas, que entendió que la violencia sexual es uno de los crímenes más atroces que enfrenta el país”. Según la Unidad de Víctimas, 10.850 mujeres víctimas han sufrido este tipo de violencia en el marco del conflicto.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) respaldó la decisión de la periodista, cuyo caso ya completa 16 años de impunidad. Jineth Bedoya fue secuestrada cuando intentaba entrar a la cárcel La Modelo el 25 de mayo de 2000, con motivo de una entrevista que supuestamente haría a uno de los jefes paramilitares que estarían a cargo del tráfico de armas, homicidios, desapariciones y torturas que ocurrían en esa época en el penal.

Después de diez horas de cautiverio, durante las cuales fue torturada y sometida a ultrajes sexuales, la periodista fue abandonada en un despoblado a pocos kilómetros de Villavicencio (Meta). Su caso estuvo en la completa impunidad hasta que el 2011 se reabrió la investigación en la Fiscalía, y el Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) obligó al Estado a responder por los hechos.

En febrero pasado, Mario Jaimes Mejía, alias el “Panadero”, aceptó los cargos como coautor de los delitos de secuestro simple, tortura y acceso carnal violento, y le pidió perdón a Bedoya. El “Panadero” habría llamado a la periodista para invitarla al penal, mientras que Alejandro Cárdenas, alias alias “J.J”, habría coordinado el atentado.

Por los hechos, alias “Panadero” fue condenado a 28 años de prisión y “J.J” a 11. Aun así, el 18 de abril la Fiscalía solicitó excluir al “Panadero” y a Alejandro Cárdenas Orozco, alias alias “J.J”, de Justicia y Paz, por haber mentido en las investigaciones, pues en diferentes sesiones de audiencias los dos postulados negaron haber tenido relación con estos hechos.

Jineth Bedoya, la periodista que en el año 2000 fue secuestrada, y posteriormente torturada y abusada sexualmente por parte de un grupo de paramilitares en razón de sus denuncias sobre la situación al interior de la cárcel La Picota, anunció este miércoles que regresará al Estado el dinero que la Unidad Nacional de Víctimas le dio tras ser reconocida como víctima del conflicto armado.

“En todos estos años he recibido una sola ayuda humanitaria od e otra índola económica por parte de gobierno alguno o del Estado. Y por eso quiero ser consecuente con mis acciones. Hoy le devuelvo a ese Estado, que no ha sido capaz de encontrar justicia y verdad en mi caso, y en los miles de casos que como yo, hemos sufrido la violencia sexual, esa indemnización”, dijo la periodista.

Bedoya aseguró que su renuncia a ese derecho consagrado por la Ley de Víctimas es una forma de luchar por la dignidad de las víctimas. La periodista explicó que “el daño que este conflicto me causó a mí y a mi familia no valen los $24’640.000 que me dieron. Mi reparación es la verdad, es lo único que pido. Ustedes (el Estado) me han re victimizado con sus mentiras, sus omisiones, su inoperancia”.

Además hizo un fuerte cuestionamiento al papel que están teniendo las víctimas en los diálogos de paz de paz en La Habana, y en el futuro escenario de posconflicto. Aun así, agradeció al presidente Juan Manuel Santos pues, según Bedoya, “ha sido el único funcionario en décadas, que entendió que la violencia sexual es uno de los crímenes más atroces que enfrenta el país”. Según la Unidad de Víctimas, 10.850 mujeres víctimas han sufrido este tipo de violencia en el marco del conflicto.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) respaldó la decisión de la periodista, cuyo caso ya completa 16 años de impunidad. Jineth Bedoya fue secuestrada cuando intentaba entrar a la cárcel La Modelo el 25 de mayo de 2000, con motivo de una entrevista que supuestamente haría a uno de los jefes paramilitares que estarían a cargo del tráfico de armas, homicidios, desapariciones y torturas que ocurrían en esa época en el penal.

Después de diez horas de cautiverio, durante las cuales fue torturada y sometida a ultrajes sexuales, la periodista fue abandonada en un despoblado a pocos kilómetros de Villavicencio (Meta). Su caso estuvo en la completa impunidad hasta que el 2011 se reabrió la investigación en la Fiscalía, y el Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) obligó al Estado a responder por los hechos.

En febrero pasado, Mario Jaimes Mejía, alias el “Panadero”, aceptó los cargos como coautor de los delitos de secuestro simple, tortura y acceso carnal violento, y le pidió perdón a Bedoya. El “Panadero” habría llamado a la periodista para invitarla al penal, mientras que Alejandro Cárdenas, alias alias “J.J”, habría coordinado el atentado.

Por los hechos, alias “Panadero” fue condenado a 28 años de prisión y “J.J” a 11. Aun así, el 18 de abril la Fiscalía solicitó excluir al “Panadero” y a Alejandro Cárdenas Orozco, alias alias “J.J”, de Justicia y Paz, por haber mentido en las investigaciones, pues en diferentes sesiones de audiencias los dos postulados negaron haber tenido relación con estos hechos.