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La misiva surgió luego de que el pasado jueves, la Fiscalía declaró que el caso del secuestro y posterior agresión sexual que sufrió Bedoya, el 25 de mayo de 2000, podía ser declarado como un crimen de lesa humanidad tras reconocerse que “los ataques a los periodistas fueron recurrentes como método de guerra con el fin de acallar la voz de quienes se atrevieron a exponer ante la opinión pública los desafueros y violaciones del paramilitarismo”.
La periodista fue víctima de un grupo de delincuentes que la secuestraron cuando iba a entrevistar para el diario El Espectador al paramilitar conocido con el alias de 'El Panadero', interno de la cárcel Modelo de Bogotá. Los secuestradores, luego de torturarla y agredirla sexualmente, la dejaron abandonada a las afueras de Villavicencio.
Por estos hechos, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento a Mario Jaimes Mejía, alias 'El Panadero'; Alejandro Cárdenas, alias 'JJ' y Jesús Emiro Pereira, alias 'Huevo e pisca', familiar del excomandante paramilitar Carlos Castaño.
Este es el contenido de la carta:
CARTA ABIERTA AL SEÑOR FISCAL GENERAL EDUARDO MONTEALEGRE
Respetado señor Fiscal:
Quiero dejar claro, ante todo, que decidí enviar esta carta abierta ante el comunicado de prensa emitido por su oficina el pasado jueves 13 de septiembre, en el que se refiere a mi caso y las decisiones tomadas por la fiscal que lo lleva.
Lo primero que me siento en la necesidad de expresarle es que yo, como víctima de abuso sexual, tortura y secuestro, en ningún momento he solicitado que mi caso sea considerado un crimen de lesa humanidad. Lo único que quiero es la verdad de lo que pasó el 25 de mayo del año 2000. La contradicción que hoy existe no la planteo yo, la genera la Fiscalía, y cuando lo hace, estoy segura que no dimensiona las consecuencias que trae saber que, 12 años después, persisten los obstáculos para alcanzar la justicia que estoy en todo mi derecho de reclamar.
En 12 años he esperado, con paciencia, esperanza e ilusión, un pronunciamiento oficial de la Fiscalía sobre mi caso, que durante 11 años fue inoperante por lo que tuve que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esa respuesta la dio el pasado lunes 10 de septiembre la Fiscal 49 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos (UNDH), quien tomó las primeras decisiones luego de hacer un trabajo detallado, profesional y reivindicativo de las faltas que tuvo esa entidad en el pasado.
La práctica de diligencias le permitió a la Fiscal resolver situación jurídica en contra de tres paramilitares y cobijarlos con medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación. Pero, el recaudo de pruebas, también le permitió al despacho 49 considerar que el caso cumple de lleno con los pasos y requisitos suficientes para ser declarado crimen de lesa humanidad, destinando para ello un trozo importante de la parte considerativa de la decisión, que le fue notificada a mi abogado el miércoles anterior.
Y a estas alturas, en las que las amenazas, la persecución, la intimidación y las lágrimas me han dado la fortaleza para no desfallecer un solo día, esta decisión ya no solo dignifica a Jineth Bedoya Lima, la mujer y la periodista, si no a las miles de mujeres colombianas que hoy represento y que como yo han sido atropelladas y muertas en vida. Pero también es un reconocimiento al calvario silencioso que afrontaron decenas de periodistas, en medio de la amenaza criminal que forjó el paramilitarismo, para silenciar los micrófonos y las salas de redacción de este país. Como periodista le digo, que en la misma mesa en la que se planeó el asesinato de Jaime Garzón, se ordenó mi homicidio y desaparición, y de allí mismo salieron las amenazas para otra decena de periodistas. Si eso no es sistemático y preconcebido, ¿cómo más se le puede llamar?
El comunicado que su despacho emitió señala: “la fiscal del caso en una primera calificación hizo una aproximación sobre la categoría del hecho y — teniendo en cuenta el material probatorio que figura en el expediente – consideró que se constituiría en un crimen de lesa humanidad. En la medida en que avance la investigación y en próximas etapas del proceso la Fiscalía General de la Nación adoptará una decisión definitiva”.
Más que reafirmar y respaldar la decisión de la Fiscal 49, el comunicado la desmiente e incluye nuevos aspectos que no fueron tratados en la resolución, abriendo una serie de interrogantes jurídicos que como víctima me generan más dudas en la Fiscalía, que certezas sobre el futuro de la investigación.
Como se puede ver en más de cincuenta páginas de la resolución, la Fiscalía en ningún momento planteó primeras “aproximaciones” ni mucho menos dejó en un plano hipotético, sujeto a decisiones posteriores, sus consideraciones frente a la calificación del caso como un crimen de lesa humanidad. La resolución afirma que este es un crimen de lesa humanidad y no plantea un hecho futuro incierto de que “constituiría” esa categoría jurídica.
Además, la resolución tampoco condiciona la declaratoria de crimen de lesa humanidad a los “avances de la investigación” ni lo sujeta a “las próximas etapas del proceso” para tomar una decisión definitiva. Esto adicional es una decisión que toma la Fiscalía, en el comunicado de prensa, que por supuesto no tiene ningún efecto jurídico vinculante.
Lo que es más grave, en el comunicado no se dan definiciones concretas sobre la situación. ¿A qué avances de la investigación se refiere para tomar la decisión? ¿En cuál de todas las etapas procesales se define la calificación? ¿La Fiscalía va a esperar que el caso esté a punto de prescribir para declararlo crimen de lesa humanidad? Creería que sí, teniendo en cuenta las declaraciones del señor Vicefiscal a la prensa, cuando señala que “se analizará en el momento procesal conveniente”. ¿Eso quiere decir en ocho años?, ¿Un día antes de que prescriba como suele ocurrir con todos los casos que han sido considerados de lesa humanidad?
La lesa humanidad no tiene nada que ver con las garantías procesales de los vinculados y la decisión no ha sido tomada porque el caso esté a punto de prescribir. Las razones de la fiscal son otras y no entran en controversia ni con el tiempo ni el estado de la investigación.
Ante esta situación de notable confusión, de manera muy respetuosa le pido por este medio que la Fiscalía, a través de una decisión jurídica, defina una vez por todas si mi caso es o no un crimen de lesa humanidad. Creo que me he ganado el derecho a tener claridad sobre el proceso y no esperar a que mi familia lo reclame en unos años, cuando yo ya no esté y no haya nada que hacer. Esta incertidumbre y estas acciones de la Fiscalía juegan con mis expectativas de justicia y me producen más angustia y dolor.
Cordialmente,
Jineth Bedoya Lima, Periodista
Por Redacción Judicial
