La justicia es una paradoja: mientras la Fiscalía define si le imputa cargos al concejal liberal Jorge Durán Silva por su presunta participación en el carrusel de la contratación en Bogotá, el Consejo de Estado acaba de ordenar al ente investigador que lo indemnice por un carcelazo de hace más de 20 años. En un reciente fallo conocido por El Espectador, el alto tribunal ordenó reparar a Durán Silva por el tiempo que estuvo preso en virtud del proceso en su contra por un supuesto peculado por apropiación. Un caso que entre 1991 y 1992 puso en entredicho a varios miembros del Concejo de Bogotá y al alcalde Juan Martín Caicedo.
El 27 de febrero de 1992 Carlos Alonso Lucio, polémico excongresista y entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá, denunció a varios concejales —entre ellos Durán Silva— por peculado e intervención en política. El origen del enredo eran unos auxilios económicos por un valor de $42 millones que Durán Silva sugirió que les fueran entregados a 13 entidades. Por cuenta de este expediente, Durán fue investigado y estuvo preso entre el 26 de enero de 1993 y el 24 de marzo del mismo año.
Al final fue absuelto el 23 de julio de 2001 por el Juzgado 7º Penal del Circuito de Bogotá, por haber dudas en su caso: “En el proceso penal obraron pruebas tanto favorables como incriminatorias del sindicado y, ante la falta de certeza sobre la responsabilidad penal de éste, el juez dio viabilidad a la absolución por beneficio de la duda”, sostuvo el Consejo de Estado. Es decir, como la Fiscalía no pudo comprobar la existencia de ese delito, el Estado deberá indemnizar al polémico cabildante, hoy en la mira de la justicia por sus presuntos nexos con el carrusel de la contratación.
En ese contexto, el alto tribunal señaló que “como se trató de una acusación contra el señor Jorge Durán Silva que culminó con providencia absolutoria en su favor —y teniendo en cuenta que las entidades demandadas se abstuvieron de demostrar que la privación de la libertad del demandante hubiera ocurrido como consecuencia de la culpa exclusiva de la víctima o de cualquier otra causal exonerativa de responsabilidad estatal—, la Sala concluye que se dan los presupuestos para que pueda predicarse responsabilidad a cargo de la entidad demandada”, ordenando así indemnizar al cabildante.
Esta es la segunda ocasión en la que el ente investigador es condenado a indemnizar a un exfuncionario salpicado por las denuncias de Carlos Alonso Lucio sobre un supuesto carrusel durante la alcaldía de Juan Martín Caicedo Ferrer. El 3 de diciembre de 2012, el Consejo de Estado ordenó indemnizar al mismo Caicedo Ferrer, quien estuvo privado de la libertad por este mismo proceso entre el 31 de marzo y el 25 de junio de 1992 y el 28 de enero y el 28 de abril de 1993. Según concluyó en ese momento el alto tribunal, esa detención “fue injusta pues quien no ejecutó un hecho delictivo, ni participó en él no tiene que soportar la restricción de la libertad y las consecuencias que de ello se derivan”.
La paradoja radica en la posibilidad de que Durán Silva reciba a la vez una indemnización y un llamado a imputación de cargos por parte de la Fiscalía. El concejal ha sido señalado como una de las fichas claves del carrusel de la contratación en el cabildo distrital durante la alcaldía de Samuel Moreno. El cuestionado Emilio Tapia —testigo estrella en el caso— ha dicho que Durán Silva hizo parte del grupo de concejales que se beneficiaron con el direccionamiento de contratos en el interior del Acueducto. Asimismo, Durán Silva ha sido señalado por otros protagonistas de este escándalo, entre ellos el exconcejal Hipólito Moreno, ya condenado por estos hechos, y el exsecretario de Salud Héctor Zambrano.
Durán Silva, protagonista de varias controversias durante sus casi 35 años en el Concejo, se aferra a su inocencia, asegura que nada tiene que ver con carruseles y que sus actuaciones como funcionario han estado siempre apegadas a la ley. El ente investigador, por su parte, se prepara para indemnizarlo y eventualmente llamarlo a imputación de cargos por el expediente del carrusel. ¿Qué pasará primero?
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Por Juan Sebastián Jiménez Herrera
