Publicidad
27 Aug 2020 - 8:25 p. m.

Jorge Enrique Ibañez, nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Reemplazará al exmagistrado Luis Guillermo Guerrero, quien termina su periodo de ocho años en septiembre próximo. Con su elección llega un alfil conservador al alto tribunal. Fue uno de los árbitros que anuló el contrato de la Ruta del Sol. “Actuaré como un verdadero guardián del Estado de Derecho”, precisó.
Jorge Enrique Ibáñez (izquierda) y el presidente del Senado, Arturo Char (derecha).
Jorge Enrique Ibáñez (izquierda) y el presidente del Senado, Arturo Char (derecha).
Foto: Senado de la República

El Senado de la República eligió a Jorge Enrique Ibáñez Najar como nuevo magistrado de la Corte Constitucional y con ello impuso un alfil conservador en al alto tribunal, encargado de velar por los derechos fundamentales y la Constitución Política. Ibáñez Najar llega como reemplazo del magistrado Luis Guillermo Guerrero que también es de ideología conservadora y quien termina su periodo de ocho años en septiembre próximo. Fue elegido con 58 votos, por encima de Natalia Ángel que alcanzó 38 votos y Marino Tadeo con 6. Tras su designación como magistrado para el periodo 2020-2028, Ibáñez aceptó el nombramiento.

“Asumiré el cargo y la dignidad de la magistratura con la única voluntad de continuar sirviendo a la administración de justicia, aportando a la Corte Constitucional mi conocimiento, mi experiencia y desde allí al país, en el respeto del orden constitucional y del Estado de derecho. Con la ética, la transparencia, la rectitud, la moralidad, la disciplina, la responsabilidad, el rigor y la objetividad que la comunidad y la administración de justicia exigen de un magistrado de la Corte Constitucional”, dijo Ibáñez tras ser elegido. El nuevo magistrado dijo que el cargo debe ejercerse sin mancha, reparo o cuestionamiento alguno. “Actuaré como un verdadero guardián del Estado de Derecho”, precisó.

La elección de Jorge Enrique Ibáñez Najar no implica un cambio en las cargas actuales de la Corte Constitucional, pues llega a ocupar un despacho que es conservador. En ese sentido, no se espera un cambio trascendental en la aproximación jurídica que haga a múltiples asuntos de trascendencia nacional, en momentos en que el alto tribunal está ajetreado revisando los decretos emitidos en el marco del Estado de Emergencia Social y Económica para poder atender la pandemia de COVID-19. Y que va retomando poco a poco el análisis de demandas y tutelas cuyos términos fueron suspendidos por la crisis.

(Le puede interesar: Así va la puja por reemplazar a Luis Guillermo Guerrero en la Corte Constitucional)

Jorge Enrique Ibáñez se suma al bloque conservador junto a la magistrada Cristina Pardo y a Richard Ramírez, quien está encargado en el despacho de Carlos Bernal, quien era el jurista más conservador del alto tribunal, y quien renunció a su cargo a comienzos de agosto. Y su llegada implica que la Corte mantendrá las cargas actuales en el alto tribunal. De posición liberal están los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas y en el medio, dependiendo el asunto a tratar, se encuentran los juristas Gloria Ortiz, Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo.

Jorge Enrique Ibáñez ganó la elección con apoyos mayoritarios en el Congreso y fue la primera persona elegida para esta terna por el Consejo de Estado. Ibáñez es abogado especialista en derecho constitucional de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho y en Derecho Internacional Público, doctor de la Universidad Alfonso X El Sabio y postdoctor en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la misma universidad. Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 en Colombia, y de la Asamblea Constituyente del Ecuador en 1997.

(Le puede interesar: Jorge Ibáñez, Natalia Ángel y Marino Henao, ternados para la Corte Constitucional)

El nuevo magistrado de la Corte Constitucional fue abogado en el Banco de la República, director de la Especialización en derecho administrativo de la Universidad del Rosario en 1994, director del departamento de Derecho Público y de varias especializaciones, así como conjuez de la Corte Constitucional y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado. Ibáñez fue uno de los tres árbitros del tribunal de arbitramento que terminó anulando el contrato de la Ruta del Sol 2 en agosto de 2019. Junto a Catalina Hoyos y Carlos Mauricio González, los abogados negaron las pretensiones de Odebrecht la cual pedía una millonaria indemnización por $3,8 billones argumentando que se violó el debido proceso.

En su presentación al senado el pasado 20 de agosto, Ibáñez enfatizó en una formación sólida, una experiencia docente y académica profusa y la madurez que ello implica. “Yo solo deseo servirle al país como integrante de una corporación judicial que le permita a ella cumplir su misión y sus funciones. Tales procesos que se adelantan ante la Corte deben tramitarse y resolverse de conformidad a la ley”, dijo Ibáñez. Además, esbozó la necesidad de hacer ajustes al control constitucional para que demandar sea más fácil ya que es una acción ciudadana pública y un derecho.

“La Corte ha convertido en un remedo de recurso de casación constitucional, solo por expertos, la acción de constitucionalidad. Eso que fue una conquista debe democratizarse de nuevo y debe regularse su ejercicio por la ley”, dijo Ibáñez al indicar que entre la Corte Constitucional y la Constitución sí cabe más que una hoja de papel. “La Corte debe respetar y no invadir las funciones atribuidas a los demás órganos del estado” sin perjuicio de sus funciones. En ese sentido, Ibáñez no es partidario de sentencias que dicten o esbocen fórmulas que corresponden a políticas públicas.

(Le puede interesar: La renuncia de Carlos Bernal y la carrera para llegar a la Corte Constitucional (detalles))

De otro lado, Ibáñez consideró que la Corte debe acatar las normas que bloque de constitucionalidad hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano como la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación que de ella hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos y del DIH y el respeto de los procedentes internacionales. “Todo ello comporta en suma el respeto de las garantías del Estado de derecho, lo cual implica a su vez el respeto de la soberanía popular y el pleno ejercicio de los derechos humanos en los términos de la Convención, la Corte IDH, la Constitución Política y los precedentes de la Corte Constitucional”, dijo.

Con Jorge Enrique Ibáñez, la Corte Constitucional queda con ocho plazas titulares, pero aún sujeta a un proceso de elección más que deberá emprenderse rápidamente para reemplazar a Carlos Bernal, quien ya está radicado en Estados Unidos para dedicarse a la academia y eventualmente a la consultoría y al litigio. La renuncia sorpresiva le dio al presidente Iván Duque Márquez una oportunidad con la que no esperaba para su mandato presidencial pues es él quien debe hacer la terna para reemplazar a Bernal. Esto es así, porque Bernal fue elegido por el senado en 2017 de una terna que presentó Juan Manuel Santos.

Se espera, eso sí, que el presidente se decante por candidatos conservadores lo cual, en principio, daría equilibrio a la Sala Plena de la Corte Constitucional, asunto que depende de la tendencia concreta de cada ternado. Por ahora han sonado los nombres de las juristas María Carmelina Londoño del Opus Dei, de Clara María González, actual secretaria Jurídica de Presidencia, entre otros. Lo único cierto es que la Corte Constitucional necesita estar integrada nuevamente para retomar su ritmo de trabajo y escapar del ruido político en que el que está actualmente tanto por la sorpresiva renuncia de Carlos Bernal y los cuestionamientos que esto originó públicamente, como por la estrategia de los partidos políticos en una elección que se hizo en consonancia con la de Margarita Cabello como Procuradora.

Síguenos en Google Noticias
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.