El actual presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, perdió la última batalla jurídica que libraba para evitarse el pago de una sanción disciplinaria que en 2003 le impuso la Procuraduría General de la Nación porque como vicecontralor aceptó sugerencias de magistrados y dirigentes políticos en el nombramiento de personal en esa entidad de control fiscal, decisçon que fue confirmada por la Corte Constitucional.
La Sala Plena confirmó el fallo de tutela emitido por el Consejo de Estado, que consideró que Lafaurie no acumulaba argumentos jurídicos suficientes para acreditar la viollaciçon de su derecho fundamental al debido proceso en sendas determinaciones del contencioso administrativo, que confirmaron la determinación del Ministerio Público contra el empresario y su entonces superior jerárquico, el contralor Carlos Ossa Escobar.
Alfredo Rafael Saade Vergel, asesor de la Contraloría en 1998, había denunciado que el jefe de la entidad aceptaba las recomendaciones de congresistas para la provisión de cargos en esa misma institución.
El exvicecontraor alegaba que tales señalamientos se debían a una investigación que él mismo había ordenado abrir contra Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, Inat, actuación en la que se había incluido a William Saade Vergel, hermano del asesor que había denunciado las irregularidades cometidas por el contralor.
El viceprocurador, que asumió la competencia debido a que el jefe del Ministerio Público se declaró impedido, sancionó con un multa que superaba los 14 millones de pesos a Lafaurie y a su superior Ossa, tanto como al funcionario Mauricio Casasfranco Vanegas, quien laboraba en el ente de control fiscal.
Luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, y el Consejo de Estado, en segunda, se negaran a decretar la nulidad de la sanción, José Félix Lafaurie interpuso una acción de tutela ante esta última corporación, que confirmó el fallo disciplinario; la Corte Constitucional, al revisar la determinación reiteró que no existía violación alguna a los derechos fundamentales del accionante y enterró definitivamente la posibilidad de revocar la determinación de la Procuraduría en su contra.
Por El Espectador
