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La Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez por los delitos de cohecho propio en concurso con concierto para delinquir. El alto tribunal lo sentenció a 123 meses y un día de prisión, lo inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por ese mismo término y le impuso una multa de COP 133 millones. La Corte libró orden de captura en contra del hoy prófugo, que incluye la notificación roja a Interpol.
El caso tiene que ver con el sonado escándalo del cartel de la toga, que estalló en 2017, en donde se torcieron procesos judiciales en el más importante órgano de la jurisdicción penal ordinaria a cambio de dinero. En este proceso ya habían sido condenados los exmagistrados Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino. Las confesiones del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno fueron claves para decidir la suerte de Bustos Martínez y estos otros tres exmagistrados.
La Corte le pidió a la Fiscalía que indague si procede la extinción de dominio sobre los bienes del exmagistrado José Leonidas Bustos como miembro probado de una organización criminal. Asimismo, compulsó copias para que se investigue otro caso de corrupción en el que pudo haber incurrido el expresidente de la Corte Suprema en relación con el caso del excongresista Julio Gallardo Archbold y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.
Bustos, nacido en Ibagué en febrero de 1955, fue durante mucho tiempo uno de los grandes protagonistas de la rama judicial en Colombia, al punto de haber sido elegido dos veces como presidente de la Corte Suprema. El alto tribunal corroboró que se concertó con abogados litigantes y exmagistrados para intervenir ilegalmente en los procesos judiciales en contra de los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton. Ambos tocaron puertas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero no fueron aceptados.
Bustos, según el fallo en su contra, impidió órdenes de captura y medidas de aseguramiento, y tramitó preclusiones y dilató procesos a cambio de dinero.
Por su fuero como exmagistrado, el caso fue investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y luego por el Senado, que finalmente envió el expediente a la Corte y que hoy, después de varios años, por fin resolvió en primera instancia.
“La Sala reafirma las palabras de la Comisión de Investigación y Acusación en cuanto señaló que la conducta enrostrada a Bustos Martínez ocasionó gravemente el deterioro de la Rama Judicial en general y en particular de la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano de la administración de justicia, la cual ha sufrido un perjuicio reputacional incalculable. Comportamientos como el analizado crean zozobra e intranquilidad entre los usuarios de la administración de justicia, pues al ciudadano medio le afecta advertir que los tentáculos de la corrupción lograron alcanzar a los juristas más notables de nuestra sociedad y que representaban uno de los valores más preciados, como lo es el de la justicia”, se lee en el fallo.
La sentencia señaló además: “Es incuestionable que como miembro de la organización criminal por él mismo creada llamada peyorativamente por los medios de comunicación como el cartel de la toga, de manera libre, consciente y voluntaria, José Leonidas Bustos Martínez decidió vender al mejor postor la función jurisdiccional que le había sido encomendada por sus pares al elegirlo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, aceptando en dos oportunidades la promesa remuneratoria efectuada por congresistas que sin ningún escrúpulo pretendieron eludir la acción de la justicia”.
La Sala fue contundente en sus reproches a Bustos: “Su conducta es demostrativa del nulo respeto que tenía por la institución de la que hacía parte, ante la cual juró dar estricto cumplimiento del orden jurídico, pero del que se apartó tan pronto sus compañeros de Sala depositaron en él su confianza al elegirlo y reelegirlo como su presidente, dignidad que no honró por cuanto fue a partir de su primera designación en 2012 cuando voluntaria y decididamente empezó a concebir la idea de crear una empresa con el objeto de cometer delitos que atentaban contra la administración pública”.
Asimismo, el alto tribunal ordenó a Bustos, “como medida de restablecimiento del derecho a favor de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”, publicar en medios un resumen de su caso y la condena, “que también aprobará la Sala, dentro del término de tres meses siguientes a la ejecutoria del fallo”.
De esta manera, por lo menos en primera instancia, la Corte Suprema de Justicia llegó a una sentencia en contra del último de los exmagistrados investigados en este caso y que concentró todo el poder en esa entidad liderando el llamado cartel de la toga que operó con total impunidad entre 2013 y 2017. Bustos solo fue absuelto por el delito de tráfico de influencias. En todo caso, este proceso puso en evidencia el poder corruptor de una organización ilícita que llegó a permear los máximos niveles de la justicia penal.
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