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Juan Arcila, condenado en EE. UU. por el descalabro de Quarzo Bal Harbour

Juan Arcila fue condenado en Estados Unidos a 51 meses de prisión por su participación en los hechos relacionados con Quarzo Bal Harbour, un proyecto hotelero en Miami que recibió aportes de inversionistas y dio lugar a reclamaciones patrimoniales. Durante la audiencia, Arcila se refirió a los cargos aceptados y pidió perdón a quienes habían confiado en él.

Juan Arcila durante la audiencia virtual por zoom en que se determinó el tiempo que pasará privado de la libertad. / El Espectador
Foto: El Espectador
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(*) Actualización editorial. 18 de noviembre de 2026

Esta noticia, publicada el 12 de agosto de 2020, informa sobre la condena de Juan Guillermo Arcila a 51 meses de prisión en Estados Unidos por hechos relacionados con el proyecto Quarzo Bal Harbour. La condena, la aceptación de cargos y las manifestaciones de arrepentimiento reseñadas corresponden a Juan Guillermo Arcila y no constituyen una declaración de responsabilidad penal de Carlos Elías Mahecha Díaz.

Con posterioridad a la publicación, el 21 de noviembre de 2024, un jurado federal declaró a Carlos Elías Mahecha Díaz no culpable de los diez cargos formulados en su contra. El 22 de noviembre de 2024 se expidió la correspondiente decisión absolutoria (Judgment of Acquittal).

Por otra parte, el 28 de febrero de 2025, el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Florida aprobó un acuerdo transaccional civil celebrado con Carlos Elías Mahecha Díaz, María Anastasia Casas Matiz y Felipe Mahecha Casas en el procedimiento relacionado con Bal Harbour Quarzo, LLC. El acuerdo se celebró sin admisión de responsabilidad y su aprobación judicial no constituye una decisión de fondo que establezca responsabilidad civil.

Las menciones a Carlos Mahecha y a otras personas en el relato histórico deben entenderse en el contexto de las declaraciones y actuaciones de la época, sin atribuirles la condena penal de Juan Arcila.

Juan Guillermo Arcila pasó de ser un distinguido hombre de negocios en Miami a un hombre con un prontuario judicial a cuestas. Este martes 11 de agosto, una jueza de los Estados Unidos le informó que deberá pasar 51 meses privado de la libertad por cuenta del descalabro de Quarzo Bal Harbour, un proyecto que se ofreció a los inversores desde 2007 bajo la promesa de ser un proyecto de alta rentabilidad anual, pero que, casi desde el inicio, estuvo condenado al fracaso. Arcila lo sabía, determinó la justicia estadounidense, pero siguió captando fondos del público hasta 2016. Por eso fue hallado culpable. (Lea también: Quarzo Bal Harbour, ¿hotel de lujo en Miami que resultó pirámide de colombianos?)

“Este fue el negocio más complicado de toda mi vida. Lo comencé con las mejores intenciones, quería un beneficio financiero para todos, incluido yo mismo. Cometí un error, cometí un delito (…) Estoy muy arrepentido”, dijo Arcila en la audiencia que se transmitió por Zoom y en la cual estuvieron presentes más de 125 personas, que formularon reclamaciones por recursos aportados a Quarzo Bal Harbour y que, según lo expuesto entonces, mencionaron a Juan Arcila y a Carlos Mahecha en relación con el proyecto. “Les pido a todos ustedes que me perdonen por todas las molestias que les causé junto a sus familias”, agregó con la voz quebrada.

La pandemia jugó en su favor. Por cuenta del COVID-19, las cárceles estadounidenses están en una difícil situación; según el portal Prison Insider, en ese país van más de 92.000 casos en prisiones y 747 reclusos han fallecido por el nuevo coronavirus. “Yo no le quiero causar más problemas a la Agencia”, dijo la jueza de su caso, Marcia Cooke, haciendo referencia a la Agencia Federal de Prisiones. Es por eso que Arcila permanecerá en detención domiciliaria hasta el próximo 5 de enero, fecha que puso la jueza Cooke para revisar sus condiciones de arresto. Si para ese momento la crisis por el coronavirus en las cárceles ha menguado, Arcila podría ir preso.

“Estos casos son siempre muy difíciles”, señaló la funcionaria judicial, después de haber escuchado a varios inversionistas del proyecto Quarzo Bal Harbour, que manifestaron haber sufrido pérdidas y que mencionaron a Arcila y a Carlos Mahecha , algunos de los cuales no ocultaron su ira y le pidieron a la jueza Cooke la máxima pena que pudiera darle a Arcila. “Juan Arcila no tiene empatía, corazón, ni decencia”, dijo una mujer. “Para él, este es un problema de estatus social. Para nosotros, es un problema de supervivencia”, dijo una pareja. (Le puede interesar: Las preguntas que deja la inversión de cientos de miles de dólares del general (r) Montoya)

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El fiscal del caso, Sean Cronin, tuvo la oportunidad de dar durante la audiencia algunos nuevos detalles con respecto a Arcila, quien fue detenido el 3 de diciembre del año pasado por este caso y luego quedó en libertad bajo fianza, con la restricción de no poder salir del país -su pasaporte permanece en poder de las autoridades estadounidenses, confirmó la jueza Cooke-. El fiscal Cronin dijo que Arcila amenazó a inversores con reportarlos ante las autoridades colombianas de impuestos (es decir, la DIAN) porque varios de ellos no habían registrado el dinero que metieron a Quarzo Bal Harbour en sus declaraciones de renta.

Durante su tiempo como condenado, Arcila no podrá involucrarse en negocios que impliquen recaudar recursos del público. Así quedó establecido desde que pagó US$100.000 para quedar libre y así se lo recordó también la jueza Cooke, quien le indicó que tuviera cuidado con las decisiones que tomara para generar ingresos y le advirtió que si detectaba que él incumplía alguna norma, lo enviaría a la cárcel de inmediato. En abril de este año, Arcila creó una página web para pedir dinero que, dijo, iría para aliviar a personas de la tercera edad que sufrían por la pandemia. Al enterarse, el fiscal Cronin llamó al abogado de Arcila y le dijo que debía acabar su iniciativa so pena de ser arrestado de nuevo.

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Como reveló El Espectador, en febrero de este año, Arcila aceptó cargos. El documento en que quedó consignada esa aceptación indicaba que Arcila podía recibir una sentencia de hasta 20 años en prisión, y los inversores que estuvieron presentes en la audiencia de ayer pedían un castigo para Arcila de no menos de 10 años privado de la libertad. Por eso, al escuchar que estaría detenido cuatro años y tres meses, la decepción fue un sentimiento generalizado. “Es una victoria con sabor a derrota”, dijo uno de los inversionistas de Quarzo Bal Harbour a este diario.

“¿Dónde está Carlos Mahecha?”

Durante la audiencia de imposición de pena a Juan Arcila, varios inversionistas del proyecto Quarzo Bal Harbour mencionaron a Carlos Mahecha, al referirse a los antecedentes de sus inversiones y reclamaciones. Lo dijeron una y otra vez, al punto que la jueza Marcia Cooke preguntó: “¿Dónde está Carlos Mahecha?”. “En Colombia, su señoría”, le respondieron. Se trata de Carlos Mahecha Díaz, un hombre que hasta no hace mucho era reconocido, simplemente, como miembro de la clase alta de la sociedad bogotana. Él y su esposa, Anastasia Casas, eran accionistas de la sociedad dueña de las clínicas El Country y La Colina en la capital. Para agosto de 2020, se adelantaban actuaciones y reclamaciones civiles en Estados Unidos relacionadas con el proyecto Quarzo Bal Harbour, en las que se mencionaba a Carlos Mahecha y a determinados integrantes de su familia.

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De izq. a der.: Felipe y Camilo Mahecha Casas, Anastasia Casas y Carlos Mahecha./Archivo particular
Foto: Archivo particular

Los documentos civiles reseñados entonces contenían referencias a Carlos Mahecha, María Anastasia Casas Matiz, Felipe Mahecha Casas y Camilo Eduardo Mahecha Casas por su relación alegada con aspectos del proyecto. El agente designado en el procedimiento de quiebras de la sociedad Drew Dillworth presentó a comienzos de 2020 un informe que contenía señalamientos sobre el manejo de recursos aportados por inversionistas y la viabilidad financiera de Quarzo Bal Harbour, además de reclamaciones que involucraban a integrantes de la familia Mahecha Casas. Se trataba de afirmaciones y pretensiones expuestas en actuaciones civiles de la época, cuya diculgación no equivale a una declaración judicial de responsabilidad penal ni a una decisión definitiva sobre responsabilidad civil de las personas mencionadas.

El pasado 6 de abril, vía correo certificado, la Cancillería colombiana recibió todo el expediente que los involucra, incluida la notificación del “llamamiento a juicio y notificación de pre-juicio en un procedimiento litigioso”, cuyo fin es “la recuperación de activos distraídos [o sustraídos] de la entidad en quiebra por montos superiores a US$40′000.000”. Para ese momento, la misión era ubicarlos y dejarles saber que fueron llamados a juicio civil en Estados Unidos, tarea que el COVID-19 y el cierre de juzgados no ha facilitado.

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