Juan Carlos Granados lleva menos de una semana como nuevo magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial y ya tiene encima dos procesos por presuntas irregularidades en su mandato como Gobernador de Boyacá. Como El Espectador contó el pasado 2 de diciembre, cuando fue elegido como miembro de esta recién creada corporación, la Fiscalía lo llamará a juicio por supuestamente direccionar contratos a favor de la constructora Odebrecht. Así mismo, este diario conoció que la Procuraduría lo citó a versión libre para que responda por una licitación para ampliar la planta de saneamiento de aguas residuales PTAR Salitre, para el río Bogotá.
El Grupo Elite Anticorrupción de la Procuraduría citó a Juan Carlos Granados para el próximo 10 de diciembre, en audiencia que se llevará a cabo de manera virtual, a las 9:00 am. Así mismo, el Ministerio Público aclaró que el exgobernador de Boyacá podrá guardar silencio si así lo desea. En compañía de Granados estarán Bernardo Umbarila, quien entonces era Secretario de Infraestructura de Boyacá, y Alfred Ignacio Ballesteros, quien era director de las Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Los presuntos hechos de corrupción se remontan a 2012.
La investigación inició el 22 de diciembre de 2017, cuando a las oficinas de la Procuraduría llegó una denuncia contra los tres citados por presuntas irregularidades en la licitación para ampliar la planta de saneamiento PTAR Salitre, que fue adjudicada finalmente en 2016 al Consorcio Expansión PTAR Salitre. Sin embargo, el Consorcio Aguas del Salitre, socia de la corrupta constructora Odebrecht, salió del camino para quedarse con el contrato, tras el escándalo de sobornos que estalló en Colombia durante esas fechas. De acuerdo con la denuncia, Juan Carlos Granados habría intervenido para que la firma brasilera se quedara con el contrato.
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El Banco Mundial financió la ampliación de la planta de saneamiento del río Bogotá, cuya inversión fue de US $487 millones. Por tal razón, la Procuraduría le pidió al organismo internacional que aporte “las pruebas que indican que durante las etapas de precalificación y licitación del contrato PTAR Salitre, el Consorcio Aguas del Salitre (socio de Odebrecht) omitió revelar comisiones pagadas y a ser pagadas a dos agentes comerciales y a un consultor”. A pesar de que el Banco Mundial no ha allegado tal material, el Ministerio Público consideró que los tres citados podrán ser escuchados con el propósito de garantizar su derecho a la defensa.
El llamado a versión libre para Juan Carlos Granados llega en medio del proceso penal que la Fiscalía adelanta en su contra. En 2018, el exgobernador de Boyacá fue imputado por el escándalo de corrupción de Odebrecht, con base en el testimonio de Federico Gaviria, un empresario quien aceptó hacer hecho parte de la red de sobornos de la multinacional brasileña, con la cual consiguió millonarios contratos en Colombia y otros 11 países del mundo. Se esperaba que hoy 7 de diciembre el ente investigador le leyera el escrito de acusación, pero Granados le revocó el poder a su abogado y la Sala de Primera Instancia, que llevará el juicio, aplazó la diligencia.
“Acorde con los elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad que a partir del año 2011 Juan Carlos Granados como candidato a la Gobernación de Boyacá y durante el periodo en el que ejerció como primer mandatario del departamento, años 2012 a 2015, se concertó con otras personas, entre ellas los directivos de la firma Odebrecht (...) para cometer varios delitos”, dice el escrito de acusación, que será leído ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
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De acuerdo con la Fiscalía, Juan Carlos Granados se reunió en varias oportunidades con el exsenador Plinio Olano, Federico Gaviria, Luiz Antonio Bueno, Eder Ferracuti y Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia. La finalidad de esas reuniones era “que varios contratos estatales en los que tenía injerencia el gobernador Granados Becerra fueran adjudicados o direccionados ilícitamente en favor de la firma Odebrecht”. En una reunión en casa del exsenador Plinio Olano en Sopó (Cundinamarca) se habría discutido el proyecto vial Duitama-Charalá-San Gil y, según la Fiscalía, la conclusión de ese encuentro sería que Odebrecht apoyaría la campaña de Granados a la Gobernación con $200 millones.
Juan Carlos Granados fue elegido el pasado 2 de diciembre como uno de los siete magistrados de la naciente Comisión de Disciplina Judicial, en compañía de Magda Victoria Acosta, Mauricio Fernando Rodríguez, Alfonso Cajiao, Carlos Arturo Ramírez, Julio Andrés Sampedro y Diana Marina Vélez. El Congreso pleno eligió al exgobernador de Boyacá con un total de 186 votos. Mientras a Granados se le adelantan procesos en su contra tanto en la Fiscalía como la Procuraduría, se encargará de llevar investigaciones disciplinarias contra abogados, jueces y magistrados del país, a través de una sala que debería funcionar desde 2015, pero que por enredos burocráticos hasta ahora tiene luz verde.
