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11 Jul 2022 - 2:19 p. m.

Juan Carlos Montes, a juicio por supuestas irregularidades en un contrato del IDRD

El exsubdirector técnico de construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD) habría utilizado su cargo para intervenir indebidamente en la fase precontractual de un millonario contrato. El exfuncionario de la administración de Gustavo Petro en Bogotá es prófugo de la justicia y tiene circular roja de Interpol.
Juan Carlos Montes. Es investigado por sus funciones en el IDRD de Bogotá.
Juan Carlos Montes. Es investigado por sus funciones en el IDRD de Bogotá.
Foto: Archivo Particular

La Fiscalía General llamó a juicio al exsubdirector técnico de construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD), Juan Carlos Montes Fernández, como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Según la investigación en su contra, el exfuncionario de la administración de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá habría utilizado su cargo para intervenir indebidamente en la fase precontractual de un contrato de obra.

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Se trata de un convenio, suscrito en 2015, el cual ascendió a 19.000 millones de pesos y tenía como fin la construcción del parque El Porvenir, en la localidad de Bosa, en el suroccidente de la capital del país. “Esta injerencia supuestamente ilegal también se presentó en el contrato de interventoría de 2015, cuyo valor superó los 1.160 millones de pesos. El material de prueba permitió identificar varias posibles anomalías como el favorecimiento de un consorcio específico”, señaló la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, también se encontraron deficiencias en los estudios previos, que no fueron ajustados a los precios del mercado ni caracterizaban a la población que se beneficiaría con el proyecto; y desconocimiento de principios definidos en la contratación pública como participación, igualdad y transparencia, entre otros.

“La Fiscalía estableció que la contratación se hizo mediante un convenio interadministrativo y no se tuvo en cuenta el concurso de méritos. Los dos contratos materia de investigación definieron un año como plazo de ejecución; sin embargo, las obras se recibieron a satisfacción cuatro años después”, aseguró la Fiscalía durante la audiencia de juicio que se adelantó en los últimos días.

Juan Carlos Montes es prófugo de la justicia y tiene una notificación roja de INTERPOL, pues se presupone que salió del país. Montes es recordado por ser el hombre que aparece en un video con el presidente electo Gustavo Petro. En el video se veía al senador junto a Juan Carlos Montes y una bolsa con varios fajos de dinero en efectivo de diversas denominaciones agrupados de a dos millones y medio de pesos. En el transcurso de la grabación no solo se escuchaba a los hombres hablando sobre una campaña política que se adelantaba para la época sino también el éxito de la gestión de Montes en cuanto a la adquisición del dinero.

La denuncia de Paloma Valencia fue apoyada por el abogado Abelardo de la Espriella quien rindió declaración ante la Sala exponiendo que el video grabado había sido durante 2009, supuestamente, en uno de los momentos más álgidos en el que el exalcalde adelantaba vida política. No obstante, las múltiples pruebas allegadas al alto tribunal dan cuenta que el material fílmico revelado se registró durante 2005.

“Admite la Corporación, de ningún modo descarta, desde luego, que, para la fecha del encuentro con Montes Fernández, que se afirma probado, ocurrió el 7 de octubre de 2005, el imputado albergara la posibilidad de aspirar a la Presidencia”, dijo el alto tribunal.

El debate de la Sala, en este caso estuvo alrededor del momento en que fue grabado el video. Con decisión mayoritaria, el alto tribunal determinó que el material fílmico fue producido en octubre de 2005. Por ello, prescribió la acción penal por los delitos contra los mecanismos de participación democrática, lavado de activos, cohecho, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Del análisis de las pruebas en la indagación previa, la Sala también estableció que, de no haberse producido la prescripción, al senador Petro tampoco se le podía atribuir alguna conducta que constituyera delito debido a que concluyeron en los dineros tenían origen lícito.

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