La semana pasada, entre la correspondencia del día, llegó a la Corte Nacional de Justicia de Ecuador una hoja que podría poner nuevamente en jaque las endebles relaciones binacionales entre los gobiernos de Quito y Bogotá.
A manos de José Vicente Troya, presidente del tribunal, llegó el pedido formal de extradición de Juan Manuel Santos, el ex ministro colombiano de Defensa que autorizó, el 1° de abril de 2008, el bombardeo a un campamento de las Farc en el que murió alias Raúl Reyes, comandante de ese grupo guerrillero.
En la petición, remitida por Daniel Méndez, juez tercero de garantías de la provincia de Sucumbíos, argumenta que la solicitud de extradición de Santos se produce por la muerte de 26 personas en el operativo militar, entre ellos el ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalia.
Pero el presidente del alto tribunal se mostró reacio a abrir el correspondiente proceso de extradición. Según publicó el diario quiteño Hoy, el funcionario le pidió al juzgado de Sucumbíos que le enviara todo el expediente de la investigación, así como la orden de prisión preventiva contra Santos, presentada por el juez Méndez, la cual fue ratificada después de presentarse una apelación.
“El proceso está en etapa intermedia y, luego de que el fiscal Carlos Jiménez abriera instrucción fiscal, se han tomado varias versiones, principalmente en Quito, y recopilado información o evidencias documentales”, consignó el medio en su edición digital.
Este es el segundo intento de la justicia ecuatoriana por llevar a Santos ante sus tribunales. En junio pasado el mismo juez Méndez había pedido el arresto del ex ministro y posible candidato presidencial colombiano, lo que significó un nuevo altercado en las relaciones binacionales (rotas desde el bombardeo) cuando Bogotá cerró filas en torno de Santos, le expidió pasaporte diplomático y acusó a Quito de politizar la justicia.
El asunto finalizó cuando la Interpol se negó a emitir una orden de captura internacional por considerar que el pedido obedecía a motivos políticos, mas no penales.
“Colombia debe ignorar esta petición, porque el juez está actuando fuera de su jurisdicción”, opinó, en diálogo con El Espectador, el ex canciller colombiano Augusto Ramírez Ocampo, y agregó que el rechazo del país al proceso contra Santos quedó consignado el pasado 22 de septiembre, en la reunión que sostuvo Jaime Bermúdez, ministro de Exteriores, con su similar ecuatoriano, Fander Falconi, la misma que inauguró el diálogo con miras a restablecer las relaciones binacionales.
Pero algo muy distinto piensa Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional, para quien el pedido refleja la independencia de los poderes públicos en el vecino país. “Es equivocado asumir que es un problema político. Ahora se debe argumentar por qué dicha medida no tiene sentido”, comentó.
Anoche, en diálogo con periodistas, el presidente Álvaro Uribe volvió a cerrar filas en torno a Santos. “El Gobierno tiene toda la determinación para proteger a nuestros funcionarios, nuestros ministros, al ex ministro de Defensa y a los altos mandos militares y policiales”, dijo el mandatario.
Si la Corte Nacional de Justicia de ese país, tras revisar toda la documentación del caso, decide que la solicitud es procedente, sería cuestión de semanas para que a la Cancillería colombiana llegara, en correo certificado, la orden de extradición de Santos.
Por David Mayorga
