Judicatura sancionó disciplinariamente a abogada en caso por "falsos positivos" de Soacha
El alto tribunal excluyó de la profesión a la jurista al considerar que existen elementos para inferir que intentó sobornar a un grupo de testigos.
El Espectador
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sancionó a la abogada Hilda Lorena Leal Castaño, quien defiende los intereses jurídicos de dos coroneles procesados por su presunta participación en los denominados “falsos positivos” de Soacha.
El alto tribunal consideró que existen elementos materiales probatorios para inferir que la profesional del Derecho intentó sobornar a un grupo de testigos dentro de este proceso, hecho por el cuál fue excluida de la profesión.
“La disciplinada incurrió en conductas que fueron imputadas a titulo de dolo por incurrir en faltas contra la realización de la justicia, por inferir en la declaración de los testigos”, explicó el presidente de la Sala Disciplinaria, Wilson Ruiz Orejuela.
Los hechos materia de investigación se registraron en 2009, cuando la jurista le habría sugerido un suboficial que asegurara que el fiscal 73 de la Unidad de Derechos Humanos “le había hecho ofrecimientos de dinero y obligaba a aceptar cargos como de ejecución extrajudiciales”.
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sancionó a la abogada Hilda Lorena Leal Castaño, quien defiende los intereses jurídicos de dos coroneles procesados por su presunta participación en los denominados “falsos positivos” de Soacha.
El alto tribunal consideró que existen elementos materiales probatorios para inferir que la profesional del Derecho intentó sobornar a un grupo de testigos dentro de este proceso, hecho por el cuál fue excluida de la profesión.
“La disciplinada incurrió en conductas que fueron imputadas a titulo de dolo por incurrir en faltas contra la realización de la justicia, por inferir en la declaración de los testigos”, explicó el presidente de la Sala Disciplinaria, Wilson Ruiz Orejuela.
Los hechos materia de investigación se registraron en 2009, cuando la jurista le habría sugerido un suboficial que asegurara que el fiscal 73 de la Unidad de Derechos Humanos “le había hecho ofrecimientos de dinero y obligaba a aceptar cargos como de ejecución extrajudiciales”.