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Los jueces de ejecución de penas dicen que en la actualidad tienen que resolver 56 mil procesos, entre los que se encuentran las amnistías e indultos en favor de los exintegrantes de la guerrilla de las Farc. Los funcionarios además tienen a su cargo tutelas y habeas corpus en el territorio nacional. Por esta razón dicen no tener condiciones para afrontar todos esos procesos y señalan que hay una falta de empleados y de oficinas.
“De esos 56 mil procesos, 16.000 tienen que ver con personas privadas de la libertad y 5.000 tienen que ver con condenados de las Farc. Esos son los procesos que tenemos que resolver”, expresó el Juez 24 de ejecución de penas, Jorge blanco.
El Espectador conoció que la partida presupuestal para solucionar la falta de empleados y de infraestructura es de 18 mil millones de pesos que el gobierno le debe inyectar a la justicia.
Por su parte, el presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, rechazó la declaración del Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, sobre que algunos jueces ‘son el palo en la rueda para la Paz’.
“Es una mentira. Todos sabemos que el proceso de Paz se negoció en La Habana por cuatro años y debió preverse esta situación de indultos y las amnitías, no es posible que se dé una sobre carga a los juzgados de ejecución de penas. Lo que debe resolver el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda para que se la partida presupuestal para aumentar el número de funcionarios judiciales, así como las adecuaciones de las instalaciones”, narró Machado.
(Lea aquí: Inexistencia de jurisdicción especial de paz impide otorgar amnistías a guerrilleros)
De acuerdo con los funcionarios encargados de administrar justicia, la problemática se empezó a registrar en Bogotá pasó a Boyacá y también ya se encuentra en el departamento de Santander.
Los jueces de ejecución de penas socializaron esta situación en la cárcel, La Picota, luego de la solicitud de varios reclusos que ya comenzaron a pedir amnistías e indultos.
“Las personas perteneciente a este grupo manifiestan un apoyo y entendimiento a la información que les dimos para que el gobierno solucione le tema de justica, por eso manifestamos porque no estamos siendo renuentes, sino que pedimos condiciones. Porque los jueces y los empleados de ejecución de penas simplemente estamos diciendo que para cumplir nuestra misión se requieren recursos. No quiere decir que estamos en contra del proceso de paz”, manifestó la Juez 11 de ejecución de penas, Shirley Del Valle.
Los funcionarios judiciales por ahora tienen suspendidos los trámites de indultos para los exintegrantes de las Farc y militares.
Por Redacción Judcial
