Juez condenó a 8 años de prisión al exdirector del Inco
El exfuncinario fue hallado culpable de posesionarse con documentos falsos.
El Espectador
En fallo de primera instancia la jueza 40 de conocimiento condenó a ocho años de prisión al exgerente general del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Fabio Alberto Méndez Dangond en el proceso que se le adelantaba por posesionarse en el cargo con documentos falsos.
En el fallo se ordenó la captura inmediata del exfuncionario quien deberá pagar esta pena en la cárcel puesto que se le negó la solicitud de detención domiciliaria. Este fallo fue apelado por la defensa de Méndez Dangond.
Según la investigación adelantada, el procesado presentó documentos privados falsos para acceder a este prestigioso cargo. Sin embargo, al mes se encontró que la maestría universitaria que había presentado era falsa por lo que además de no cumplir con los requisitos exigidos indujo al error a los funcionarios públicos encargados de su nombramiento por lo fue destituido del cargo.
En los alegatos de conclusión, el representante ente investigador señaló que que está comprobado que el exfuncionario incurrió en los delitos de falsedad en documento privado, obtención y utilización de documento público falso y fraude procesal.
Para esto se basaron en las pruebas documentales y testimoniales allegadas al juicio, entre las que se destacan las del exministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego quien aseguró que el procesado mintió en su hoja de vida, presentando documentos falsos de una prestigiosa Universidad en Bogotá y otras certificaciones que no correspondían a la verdad.
Por estos hechos la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos al considerar que no reunía los requisitos de experiencia y estudios exigidos para el cargo y aportó documentación falsa para acreditarlos.
Según la Procuraduría, se comprobó que carecía del título de maestría y por ende, no tenía la experiencia que se la había compensado por la misma, por lo que al momento de tomar posesión del cargo sólo contaba con el título profesional.
El Ministerio Público concluyó que la maestría cursada por el investigado era inexistente y que el diploma que la acreditaba era falso, lo cual constituye una circunstancia de manifiesta ilegalidad.
En fallo de primera instancia la jueza 40 de conocimiento condenó a ocho años de prisión al exgerente general del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Fabio Alberto Méndez Dangond en el proceso que se le adelantaba por posesionarse en el cargo con documentos falsos.
En el fallo se ordenó la captura inmediata del exfuncionario quien deberá pagar esta pena en la cárcel puesto que se le negó la solicitud de detención domiciliaria. Este fallo fue apelado por la defensa de Méndez Dangond.
Según la investigación adelantada, el procesado presentó documentos privados falsos para acceder a este prestigioso cargo. Sin embargo, al mes se encontró que la maestría universitaria que había presentado era falsa por lo que además de no cumplir con los requisitos exigidos indujo al error a los funcionarios públicos encargados de su nombramiento por lo fue destituido del cargo.
En los alegatos de conclusión, el representante ente investigador señaló que que está comprobado que el exfuncionario incurrió en los delitos de falsedad en documento privado, obtención y utilización de documento público falso y fraude procesal.
Para esto se basaron en las pruebas documentales y testimoniales allegadas al juicio, entre las que se destacan las del exministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego quien aseguró que el procesado mintió en su hoja de vida, presentando documentos falsos de una prestigiosa Universidad en Bogotá y otras certificaciones que no correspondían a la verdad.
Por estos hechos la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos al considerar que no reunía los requisitos de experiencia y estudios exigidos para el cargo y aportó documentación falsa para acreditarlos.
Según la Procuraduría, se comprobó que carecía del título de maestría y por ende, no tenía la experiencia que se la había compensado por la misma, por lo que al momento de tomar posesión del cargo sólo contaba con el título profesional.
El Ministerio Público concluyó que la maestría cursada por el investigado era inexistente y que el diploma que la acreditaba era falso, lo cual constituye una circunstancia de manifiesta ilegalidad.