Juez confirmó medida de aseguramiento a funcionarios judiciales procesados por corrupción
Se determinó que no se presentaron irregularidades en las capturas.
El Espectador
Al resolver el recurso de apelación, el juez 17 de conocimiento dejó en firme la medida de aseguramiento en contra de siete funcionarios judiciales procesados por presuntos actos de corrupción administrativa en el desempeño de sus funciones.
El funcionario judicial rechazó los argumentos que indicaban que se habían presentado ilegalidades en la orden de captura emitida por un juez de garantías. Igualmente no aceptó las pretensiones sobre el hecho de que dichas capturas fueron infundadas.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General, mediante la distribución de los procesos en el centro de servicios se dirigían los casos para que el juez en mención favoreciera a quienes pagaban por un beneficio. Un ejemplo fue lo ocurrido el 30 de julio de este año, cuando se otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a un detenido, que canceló una suma millonaria para lograr la excarcelación.
Igualmente, según las pruebas documentales recolectadas, se habría exigido el pago de 13 millones de pesos por conceder el traslado de un preso de un centro carcelario a otro centro de reclusión.
En la audiencia celebrada el pasado 21 de octubre fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario el juez 26 penal municipal de Bogotá con función de control de garantías, Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar, y los funcionarios judiciales Alejandro Francisco Navas Flórez, Carmen Alicia Garzón Pinto, Daniel Esteban Hurtado Rey, Jaime Eduardo Camargo Lucero, Javier Yesid Español Palacios y Manuel Humberto González Cuéllar Ayala.
A Ana Adelina Corredor.
Al resolver el recurso de apelación, el juez 17 de conocimiento dejó en firme la medida de aseguramiento en contra de siete funcionarios judiciales procesados por presuntos actos de corrupción administrativa en el desempeño de sus funciones.
El funcionario judicial rechazó los argumentos que indicaban que se habían presentado ilegalidades en la orden de captura emitida por un juez de garantías. Igualmente no aceptó las pretensiones sobre el hecho de que dichas capturas fueron infundadas.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General, mediante la distribución de los procesos en el centro de servicios se dirigían los casos para que el juez en mención favoreciera a quienes pagaban por un beneficio. Un ejemplo fue lo ocurrido el 30 de julio de este año, cuando se otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a un detenido, que canceló una suma millonaria para lograr la excarcelación.
Igualmente, según las pruebas documentales recolectadas, se habría exigido el pago de 13 millones de pesos por conceder el traslado de un preso de un centro carcelario a otro centro de reclusión.
En la audiencia celebrada el pasado 21 de octubre fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario el juez 26 penal municipal de Bogotá con función de control de garantías, Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar, y los funcionarios judiciales Alejandro Francisco Navas Flórez, Carmen Alicia Garzón Pinto, Daniel Esteban Hurtado Rey, Jaime Eduardo Camargo Lucero, Javier Yesid Español Palacios y Manuel Humberto González Cuéllar Ayala.
A Ana Adelina Corredor.