Juez declara como víctimas a exfiscales Montealegre y Perdomo en caso de los hermanos Fortich Mendoza

Tras varios aplazamientos, aparte de los generados por la crisis sanitaria por el coronavirus, el juicio contra los hermanos Alfredo José y Carlos Raúl Mendoza Fortich dio sus primeros avances en 2020. Los dos son acusados por la Fiscalía de intentar extorsionar al testigo estrella del caso Odebrecht, el exsenador Otto Bula.

Según el ente investigador, ambos intentaron sacarle plata a Bula bajo la promesa de favorecerlo en un proceso de extinción de dominio, con la ayuda del entonces Exfiscal Eduardo Montealegre y su mano derecha, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

Cuando ambos exfuncionarios supieron de esta denuncia, que quedó consignada en el escrito de acusación en contra de los Mendoza Fortich, sus abogados emprendieron una batalla jurídica para defenderse. Fue así como un juez especializado de Bogotá tomó la decisión de reconocerlos a ambos como víctimas en este caso y no como cómplices de los hermanos.

"Quedó absolutamente claro que el llamamiento a juicio que hizo la Fiscalía a los Mendoza Fortich fue por hechos en los que mis clientes fueron abslutas víctimas en las que al parecer habrían usado el prestigio profesional y buen nombre que ellos han creado como profesores y servidores públicos para engañar a terceros y obtener beneficios económicos ilegales a cambio de gestiones supuestamente criminales", señaló Manuel Ayala, abogado de Montealegre y Perdomo.

Según las primeras pesquisas de la Fiscalía, Alfredo José Mendoza, de acuerdo con la acusación, le pidió a Bula $6.000 millones para mover sus supuestas influencias al interior de la Fiscalía para ayudarlo en un proceso de extinsión de dominio que cursa al interior del ente investigador.

Alfredo José le dijo que eran cercanos a Montealegre y a Perdomo y que, con ellos, podían lograr los supuestos beneficios en el caso. Pero el pago nunca se concretó pues lo único que buscaba Bula en las reuniones que sostuvo en las cárcel con los Mendoza Fortich era recopilar pruebas en contra de los hermanos.

Las investigaciones posteriores revelaron todo lo contrario y la propia Fiscalía aclaró que los exfuncionarios no tuvieron nada que ver en las andanzas ilegales de Alfredo José y Carlos Raúl Mendoza Fortich y que solo fueron vinculados al caso en calidad de testigos.

“De lo anterior, se puede puede concluir, se reitera, al menos sumariamente, una posible afectación al buen nombre y honra de aquellos (Montealegre y Perdomo), razón más que suficiente para que en virtud del debido proceso se les reconozca la calidad que deprecan”, es decir, las de víctimas de los hermanos Mendoza Fortich, explicó el juzgado.

Además, en la providencia en la que consignó la decisión de reconocernos como afectados, el juez señaló que si bien sus pretensiones podrían ser de exigir dinero por los daños causados, lo que buscan ambos es la verdad de caso “para que, entre otras, se aclare que son víctimas, más no autores o coautores de los hechos que fueron investigados por el ente acusador”.

Además de Montealegre y Perdomo, el juzgado también declaró como víctima al exsenador Bula, quien sigue preso en La Picota por sus vínculos con el escándalo de Odebrecht. Una decisión casi cantada. Aunque los exfuncionarios de la Fiscalía ya son parte de este caso como afectados, se sabe que dentro de la investigación de ente investigador también había otros altos funcionarios involucrados.

Dos de ellos: el exdirector del CTI, Julián Quintana, y Andrea Malagón, entonces cabeza de la Dirección de Extinción de Dominio. Aunque los Mendoza Fortich los calificaron como otros funcionarios claves para lograr sus cometidos ilegales. Sin embargo, hasta ahora no han pedido ser declarados víctimas.

Sobre este caso, Andrea Malagón ha dicho que no conoce a los Mendoza Fortich ni a la exfuncionaria Rivera. “No tengo nada que ocultar, todas las actuaciones que rigieron mi vida como funcionaria pública siempre tuvieron en mente la enseñanza de mi padre: cumplir la ley a cabalidad”, señaló a este diario el año pasado Malagón, quien señala que renunció a su cargo en julio de 2018 por motivos de salud. Quintana dice que su nombre fue usado de manera indebida para cometer actos ilícitos y que no tiene relación con los Mendoza Fortich

Tras varios aplazamientos, aparte de los generados por la crisis sanitaria por el coronavirus, el juicio contra los hermanos Alfredo José y Carlos Raúl Mendoza Fortich dio sus primeros avances en 2020. Los dos son acusados por la Fiscalía de intentar extorsionar al testigo estrella del caso Odebrecht, el exsenador Otto Bula.

Según el ente investigador, ambos intentaron sacarle plata a Bula bajo la promesa de favorecerlo en un proceso de extinción de dominio, con la ayuda del entonces Exfiscal Eduardo Montealegre y su mano derecha, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

Cuando ambos exfuncionarios supieron de esta denuncia, que quedó consignada en el escrito de acusación en contra de los Mendoza Fortich, sus abogados emprendieron una batalla jurídica para defenderse. Fue así como un juez especializado de Bogotá tomó la decisión de reconocerlos a ambos como víctimas en este caso y no como cómplices de los hermanos.

"Quedó absolutamente claro que el llamamiento a juicio que hizo la Fiscalía a los Mendoza Fortich fue por hechos en los que mis clientes fueron abslutas víctimas en las que al parecer habrían usado el prestigio profesional y buen nombre que ellos han creado como profesores y servidores públicos para engañar a terceros y obtener beneficios económicos ilegales a cambio de gestiones supuestamente criminales", señaló Manuel Ayala, abogado de Montealegre y Perdomo.

Según las primeras pesquisas de la Fiscalía, Alfredo José Mendoza, de acuerdo con la acusación, le pidió a Bula $6.000 millones para mover sus supuestas influencias al interior de la Fiscalía para ayudarlo en un proceso de extinsión de dominio que cursa al interior del ente investigador.

Alfredo José le dijo que eran cercanos a Montealegre y a Perdomo y que, con ellos, podían lograr los supuestos beneficios en el caso. Pero el pago nunca se concretó pues lo único que buscaba Bula en las reuniones que sostuvo en las cárcel con los Mendoza Fortich era recopilar pruebas en contra de los hermanos.

Las investigaciones posteriores revelaron todo lo contrario y la propia Fiscalía aclaró que los exfuncionarios no tuvieron nada que ver en las andanzas ilegales de Alfredo José y Carlos Raúl Mendoza Fortich y que solo fueron vinculados al caso en calidad de testigos.

“De lo anterior, se puede puede concluir, se reitera, al menos sumariamente, una posible afectación al buen nombre y honra de aquellos (Montealegre y Perdomo), razón más que suficiente para que en virtud del debido proceso se les reconozca la calidad que deprecan”, es decir, las de víctimas de los hermanos Mendoza Fortich, explicó el juzgado.

Además, en la providencia en la que consignó la decisión de reconocernos como afectados, el juez señaló que si bien sus pretensiones podrían ser de exigir dinero por los daños causados, lo que buscan ambos es la verdad de caso “para que, entre otras, se aclare que son víctimas, más no autores o coautores de los hechos que fueron investigados por el ente acusador”.

Además de Montealegre y Perdomo, el juzgado también declaró como víctima al exsenador Bula, quien sigue preso en La Picota por sus vínculos con el escándalo de Odebrecht. Una decisión casi cantada. Aunque los exfuncionarios de la Fiscalía ya son parte de este caso como afectados, se sabe que dentro de la investigación de ente investigador también había otros altos funcionarios involucrados.

Dos de ellos: el exdirector del CTI, Julián Quintana, y Andrea Malagón, entonces cabeza de la Dirección de Extinción de Dominio. Aunque los Mendoza Fortich los calificaron como otros funcionarios claves para lograr sus cometidos ilegales. Sin embargo, hasta ahora no han pedido ser declarados víctimas.

Sobre este caso, Andrea Malagón ha dicho que no conoce a los Mendoza Fortich ni a la exfuncionaria Rivera. “No tengo nada que ocultar, todas las actuaciones que rigieron mi vida como funcionaria pública siempre tuvieron en mente la enseñanza de mi padre: cumplir la ley a cabalidad”, señaló a este diario el año pasado Malagón, quien señala que renunció a su cargo en julio de 2018 por motivos de salud. Quintana dice que su nombre fue usado de manera indebida para cometer actos ilícitos y que no tiene relación con los Mendoza Fortich