Por medio de un comunicado el juez 31 de garantías manifestó que su decisión de dejar en libertad a Liliana Marcela Castillo, implicada en el rapto de una bebé en Bogotá, se hizo conforme a la ley y al derecho procesal.
En ese sentido el funcionario judicial resaltó que al momento de emitir su decisión tuvo en cuenta los argumentos presentados por la delegada de la Fiscalía y la defensa de la mujer de 23 años, quien aceptó su participación en el delito de secuestro simple.
“La libertad concedida a la ciudadana Castillo Borja se dio en un contexto preliminar de la investigación penal, y no está ligada con la existencia de fundamentos jurídicos para sancionarla penalmente”, precisa uno de los puntos del comunicado.
El juez fue claro al señalar que es necesario revisar el hecho de que la mujer aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. “Lo que implica que el estado logró un acercamiento a la verdad que permitirá a la autoridad judicial imponer una pena que no será inferior a los 128 meses de prisión”.
Igualmente señaló que será otro juez el que resuelva el recurso de apelación presentado en contra de la decisión judicial que se tomó el pasado domingo en una audiencia que se celebró a puerta cerrada y que ha generado una serie de reacciones en los medios de comunicación y las redes sociales.
“Dado que la medida de aseguramiento de detención preventiva no constituye una pena, su no imposición no puede equipararse a ausencia de respuesta estatal frente al delito”, precisa uno de los puntos de los comunicados entregados a los periodistas.
Por El Espectador
