Así mismo, el 29 de noviembre de 2024 el Juzgado 40 Penal del Circuito Conocimiento Bogotá, en audiencia de lectura de fallo, RESOLVIO: “DECRETAR la prescripción y de contera la extinción de la acción penal y ordenó el archivo de las diligencias a favor de JOSE RICARDO CABALLERO CALDERON … por el delito de Fraude Procesal, Fraude a Resolución Judicial ó Administrativa ó de Policía, Falsedad Material en Documento Público, Enriquecimiento ilícito de Particulares y Concierto para delinquir, y lo ABSOLVIO por los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN LA MODALIDAD DE MASA”, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá (Sala Penal), el 28 de febrero de 2025.
Debido a su estado de salud y por dignidad humana, Mariano Antonio Alvear, fundador de la institución, fue cobijado con medida de detención domiciliaria.
Un juez de control de garantías de Girardot (Cundinamarca) cobijó con medida de casa por cárcel a Mariano Alvear, fundador de la Fundación Universitaria San Martín, y decidió imponer medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario a los directivos Juan Carlos Mahecha y José Ricardo Caballero Calderón (ver actualización de la noticia al final del artículo).
En el caso de Alvear (quien padece una fascitis necrotizante, una infección severa), el juez sostuvo que la detención domiciliaria corresponde a la dignidad humana y a su frágil estado de salud, considerando que padece una enfermedad grave.
En contra de Juan Carlos Mahecha y José Ricardo Caballero Calderón el juzgado ordenó imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario teniendo en cuenta que –en coordinación con el fundador de la institución– participaron en un concierto para delinquir en el que estafaron a 1.455 estudiantes universitarios.
El fiscal del caso aseguró que existe documentación que refleja que los tres directivos presentaron documentación falsa para levantar los embargos que bloqueaban las posibilidades de vender bienes en diferentes ciudades. Mediante fiducias y comodatos lograron que los mismos bienes fueran negociados entre representantes legales del centro educativo para recuperar su dominio y control.
Igualmente se determinó que se ofrecieron carreras que no contaban con la autorización del Ministerio de Educación. Por esta actividad “recaudaron” 3.143 millones de pesos por lo que se presentó una estafa a los estudiantes, quienes incluso tuvieron que consignar el costo de la matricula a cuentas de los particulares y no del centro educativo.
Este hecho generó un enriquecimiento ilícito. Tras hacer el rastreo de los bienes que hizo la Fiscalía General frente a las transferencias bancarias se identificaron 10 entidades financieras. El dinero consignado por los estudiantes fue detectado en países como México, Estados Unidos, India, Luxemburgo, Taiwán, Alemania, Corea del Norte, Rusia e Islas Caimán.
Por Redacción Judicial
