Juez extiende por un año la orden de captura contra Oneida Pinto
Así lo decidió el Juzgado de Riohacha luego de que el año pasado la Fiscalía pidiera enviar a la cárcel a la exgobernadora de la Guajira mientras avanzan las investigaciones por corrupción. La exmandataria regional permanece prófuga de la justicia.
En el Juzgado de Riohacha se tomó otra decisión en el caso contra la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, prófuga de la justicia y supuesta ficha de Francisco Kiko Gómez. El año pasado la Fiscalía solicitó que fuera enviada a la cárcel de manera preventiva mientras es investigada por presuntas irregularidades en la construcción de adoquines en el Municipio de Albania (Guajira) y otras irregularidades contractuales. Este Juzgado decidió prorrogar por un año la orden de captura hasta hacerla un hecho.
(En contexto: Exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, tiene nueva orden de captura)
De acuerdo con el juez, la medida tiene como propósito dar cumplimiento a una orden de aseguramiento privativa de la libertad en una cárcel impuesta el 5 de julio del año pasado. Ese día, el juez del caso aceptó la solicitud del ente investigador y argumentó que existía riesgo de que Pinto no se presentara a las audiencias.
Según la fiscal del caso, en el contrato de Albania se habrían contratado a más de 2.000 personas, recomendadas supuestamente por la misma exgobernadora. Sin embargo, entre las hojas de vida estaban mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, que llegaban con una nota y firma de la exgobernadora. Los pagos a estas personas que nunca realizaron labores de adoquinamiento del municipio ascenderían a $5.981 millones.
El 18 de junio de 2019, cuando fue suspendida la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de la exgobernadora Pinto, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Ese día también fue la última vez que se vio en público a Pinto.
(Lea también: Oneida Pinto es llamada otra vez a juicio disciplinario por contrato de $20.000 millones)
Además de la Fiscalía, la Procuraduría también ha requerido a la exmandataria regional por sus presuntas irregularidades. Según el Ministerio Público, Pinto estaría vinculada con posibles faltas disciplinarias en un contrato firmado entre la gobernación y la empresa Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia, mediante un contrato de $20.000 millones destinados a mejorar las tecnologías en el sector educativo de La Guajira.
En ese sentido, la Procuraduría llamó nuevamente a juicio disciplinario a Pinto el 2 de agosto del año pasado, sin que la mujer se presentara. El pasado mes de marzo, las autoridades reiteraron que el caso de corrupción que afronta la exgobernadora seguiría en la justicia ordinaria. El anuncio se hizo luego de que el abogado de Pinto pidiera que el proceso fuera trasladado a la justicia indígena.
En el Juzgado de Riohacha se tomó otra decisión en el caso contra la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, prófuga de la justicia y supuesta ficha de Francisco Kiko Gómez. El año pasado la Fiscalía solicitó que fuera enviada a la cárcel de manera preventiva mientras es investigada por presuntas irregularidades en la construcción de adoquines en el Municipio de Albania (Guajira) y otras irregularidades contractuales. Este Juzgado decidió prorrogar por un año la orden de captura hasta hacerla un hecho.
(En contexto: Exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, tiene nueva orden de captura)
De acuerdo con el juez, la medida tiene como propósito dar cumplimiento a una orden de aseguramiento privativa de la libertad en una cárcel impuesta el 5 de julio del año pasado. Ese día, el juez del caso aceptó la solicitud del ente investigador y argumentó que existía riesgo de que Pinto no se presentara a las audiencias.
Según la fiscal del caso, en el contrato de Albania se habrían contratado a más de 2.000 personas, recomendadas supuestamente por la misma exgobernadora. Sin embargo, entre las hojas de vida estaban mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, que llegaban con una nota y firma de la exgobernadora. Los pagos a estas personas que nunca realizaron labores de adoquinamiento del municipio ascenderían a $5.981 millones.
El 18 de junio de 2019, cuando fue suspendida la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de la exgobernadora Pinto, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Ese día también fue la última vez que se vio en público a Pinto.
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Además de la Fiscalía, la Procuraduría también ha requerido a la exmandataria regional por sus presuntas irregularidades. Según el Ministerio Público, Pinto estaría vinculada con posibles faltas disciplinarias en un contrato firmado entre la gobernación y la empresa Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia, mediante un contrato de $20.000 millones destinados a mejorar las tecnologías en el sector educativo de La Guajira.
En ese sentido, la Procuraduría llamó nuevamente a juicio disciplinario a Pinto el 2 de agosto del año pasado, sin que la mujer se presentara. El pasado mes de marzo, las autoridades reiteraron que el caso de corrupción que afronta la exgobernadora seguiría en la justicia ordinaria. El anuncio se hizo luego de que el abogado de Pinto pidiera que el proceso fuera trasladado a la justicia indígena.