Un juez de control de garantías legalizó los elementos incautados por los agentes del CTI de la Fiscalía en los allanamientos hechos el pasado 6 de mayo la oficina y domicilio de Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, procesado actualmente por presuntamente haber interceptado ilegalmente los correos electrónicos de funcionarios del Gobierno, miembros de la guerrilla de las Farc y dirigentes políticos relacionados con el proceso de paz.
En la audiencia, que se realizó a puerta cerrada, el funcionario judicial consideró que los allanamientos se realizaron cumpliendo la orden emitida por un juez de la República y se respetó la cadena de custodia. En la diligencia se presentaron computadores, memorias USB, teléfonos celulares y documentación que hace referencia a las actividades que se adelantaron en la oficina ubicada en el norte de la capital de la República.
El abogado Bernardo Álzate, quien defiende los intereses del ingeniero de sistemas de 39 años, manifestó que en la diligencia que se adelantó este martes se presentaron 57 elementos materiales los cuales serán descubiertos en la audiencia de formulación de acusación contra Sepúlveda por los delitos de espionaje, uso de software malicioso, uso indebido de datos informáticos y violación ilícita de comunicaciones.
Igualmente manifestó que hasta el momento se encuentran suspendidas las negociaciones para llegar a un preacuerdo o un principio de oportunidad con la Fiscalía General, por lo que anunció que está a la espera de que se realice la audiencia de acusación en las próximas semanas para tomar una decisión de fondo.
El jurista manifestó que desconoce las informaciones que se han dado sobre una nueva imputación de cargos a su cliente por los de concierto para delinquir y usurpación de funciones públicas. En este sentido aseguró que espera que la Fiscalía General le confirme de manera oficial si se va a realizar o no esta diligencia.
Por motivos de seguridad Sepúlveda Ardila se encuentra actualmente privado de la libertad en el búnker de la Fiscalía General.