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Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó elementos materiales incautados por el CTI de la Fiscalía General en los operativos adelantados en la oficina y residencia de Andrés Sepúlveda Ardila, señalado de haber participado en la interceptación ilegal de correos electrónicos a funcionarios del Gobierno, miembros de las Farc y dirigentes políticos relacionados con la guerrilla de las Farc.
El abogado Bernardo Álzate, quien defiende los intereses del ingeniero de sistemas de 39 años, manifestó que se le dio legalizad a los ocho computadores, cinco discos duros de 190 gigas, 10 memorias USB y documentos físicos relacionados con su empresa que fueron hallados incautados en los operativos adelantados el pasado 6 de mayo en el norte de Bogotá
"De acuerdo a lo que le vayan presentando a la señora fiscal, ella los va recibiendo para legalizarlos, pero sólo tiene 24 horas para realizar este procedimiento", precisó el jurista quien indicó que estás pruebas serán presentadas por la Fiscalía General en el escrito de acusación en contra de su cliente.
El abogado reiteró además que en las últimas semanas los familiares de su cliente han recibido amenazas por lo que indicó que “le corresponde al Estado la vigilancia correspondiente (…) Se le debe garantizar la vida a Andrés y a las personas víctimas de amenazas”.
Sepúlveda Ardila se encuentra privado de la libertad en el búnker de la Fiscalía General. Actualmente se encuentra procesado por su presunta participación en los delitos de espionaje, violación ilícita de comunicaciones, interceptación de datos informáticos y uso de software malicioso.
Interceptaciones ilegales
Por El Espectador
