Una jueza de control de garantías negó la solicitud de libertad y detención domiciliaria a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce.
En la diligencia judicial se consideró que Gette cuenta con un amplio grupo de familiares que pueden cuidar a sus hijos, por lo que se negó el argumento sobre el hecho de que es madre cabeza de familia.
“No se han aportado los elementos materiales probatorios que permitan desvirtuar que la acusada no sea un peligro para la sociedad”, expresó la funcionaria judicial al considerar que Gette Ponce podría obstruir a la justicia y no compadecer por el proceso.
Ante esta decisión la exrectora universitaria seguirá detenida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, pese al grave estado de salud que ha registrado en los últimos meses.
Gette es procesada por presuntamente haber la determinadora en el pago de 249 millones de pesos a un emisario del excomandate paramilitar alias 'Don Antonio' para que este cambiara su versión en el proceso que se le adelanta por presenta participación en el homicidio del ganadero Fernando Cepeda Vargas.
La exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe fue capturada por agentes del CTI cuando iba a ingresar al complejo judicial de Paloquemao en el centro de Bogotá para cumplir con la segunda etapa de su indagatoria. (Ver Capturan a abogado por presunto soborno en proceso de Silvia Gette)
La retención se presentó a consecuencia de los hechos que rodearon la captura de su abogado, Arcadio Martínez quien fue detenido en flagrancia cuando le intentaba entregar dos bolsos con una suma de 249 millones de pesos a un emisor de ‘Don Antonio’.
Según las pruebas recolectadas por el ente, entre las cuales se destacan testigos y documentos, el jurista le habría indicado al emisor que dicho dinero había sido enviado por Gette con el fin de que se lo hiciera llegar al excomandante paramilitar que se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.
En este sentido se indicó que este soborno tenía como finalidad que ‘Don Antonio’ cambiara u omitiera parte de su versión de los hechos después de que fuera citado para que retirara sus declaraciones sobre el pago de 150 millones de pesos a un grupo de paramilitares para que perpetraran el homicidio.
En la decisión de segunda instancia, el juez de conocimiento compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue a la jueza de garantías, al considerar que, con su actuación, la juzgadora no resolvió a fondo la detención domiciliaria.
En este sentido consideró que en dicha decisión judicial no se tuvo en cuenta la gravedad del delito imputado y el hecho de que Gette Ponce podría obstruiri a la justicia.
Por El Espectador
