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La jueza primera de ejecución de penas de Bogotá negó las medidas cautelares solicitadas en una tutela instaurada por el sindicato de la Contraloría General que buscaba frenar el traslado de la sede ubicada en el centro comercial Gran Estación II en el occidente de la capital de la República.
En su determinación el despacho judicial no aceptó los argumentos presentados por los accionantes que solicitaron un plazo de seis meses para buscar una nueva sede para el organismo de control fiscal después de que el pasado 31 de diciembre finalizara el contrato de arrendamiento que tenían.
Tras estudiar los argumentos presentados por los representantes del sindicato de la Contraloría General se consideró que no existían argumentos suficientes para inferir la vulneración de los derechos fundamentales a los empleados y funcionarios.
El despacho tiene hasta el próximo martes 13 de enero para resolver la acción judicial de fondo. Los funcionarios de la Contraloría General continúan adelantando un platón para exigir una sede para poder laborar. En la sede no se les permite el ingreso a los trabajadores.
Para su estudio se ordenó la incorporación, para que hagan parte del proceso, del fiscal General, Eduardo Montealegre Lynnet y el contralor General, Edgardo Maya Villazón, así como los representantes del sindicato y los arrendatarios de la sede.
Se ha podido establecer que además que se tendrá en cuenta la acción de tutela presentada por el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otalora la cual fue negada el pasado 29 de diciembre y cuya impugnación es estudiada actualmente por un juez de garantías de la capital de la República.
Fuentes del organismo de control fiscal aseguraron que sea cual sea la decisión la mudanza es un hecho. El próximo miércoles comenzará el traslado de equipos a la antigua sede del Minjusticia en el centro de Bogotá.
Por Redacción Judicial
