Juez pide que investiguen a presidente del Grupo Aval por caso Odebrecht
En la mañana de este lunes 29 de abril, al anunciar la condena a más de 11 años contra José Elías Melo (expresidente de Corficolombiana), el juez del proceso pidió que se investigara a cinco personas. Una de ellas es Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de uno de los grupos económicos más poderosos del país.
Redacción Judicial
José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, fue condenado a 11 años y 9 meses en prisión por su participación en el caso de corrupción de Odebrecht. Melo, procesado por cohecho por dar u ofrecer y celebración indebida de contratos, fue inhabilitado también durante 13 años para ocupar cargos públicos, pues, en criterio del juez que conoció en su caso en primera instancia, este exdirectivo del Grupo Aval "se amangualó con el sector público para comprar la moralidad pública". Él, por su parte, insiste en su inocencia. Por eso, apenas conoció de la sentencia que significaba irse a La Picota de inmediato, señaló que apelaría la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Además del tiempo que Melo fue condenado a estar tras las rejas, el juez 14 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá pidió que cinco personas fueran investigadas: Juan Manuel Barraza, empresario cartagenero; María Victoria Guarín, asesora de alto nivel de inversiones en la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y esposa de un alto directivo del Grupo Aval; Andrés Sanguinetti, hermano de un expresidente uruguayo quien habría ayudado a Odebrecht a lavar dinero a través de la banca de Andorra (Europa); Gustavo Ramírez, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana; y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval.
Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez
El juez 14 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá pidió que se investigara a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, quien durante el juicio contra el exvicepresidente de Corficolombiana fue testigo en favor de Melo. En sus declaraciones, el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo señaló que Melo no recibió bonificaciones por la licitación de la Ruta del Sol 2 y que no tuvo conocimiento del soborno de US$6,5 millones que recibió el exviceministro Gabriel García Morales para adjudicar la megaobra vial en diciembre de 2009.
Sarmiento Gutiérrez también señaló que no fue testigo de las reuniones entre Corficolombiana y los directivos de Odebrecht, pero que era su labor verificar que se estuviera negociando el memorando de entendimiento. Según el presidente del Grupo Aval, José Elías Melo y funcionarios de su equipo lo mantenían enterado de lo que estaba pasando con las conversaciones con los directivos brasileños para conformar la concesionaria Ruta del Sol.
Durante el juicio contra Melo, Sarmiento Gutiérrez fue mencionado por el expresidente de Odebrecht en Colombia, Luiz Bueno Junior. El exdirectivo de la multinacional señaló: "(Melo) me dijo que estaba de acuerdo con el pago al viceministro (García Morales) pero que tenía dificultad en Grupo Aval, que iba a comentarle a Luis Carlos Sarmiento Junior. Le dije que Odebrecht pagaría el cien por ciento, y que luego entre las empresas ajustaríamos cuentas”.
Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht en Latinomarica, también aseguró que sostuvo tres reuniones con la cúpula del Grupo Aval en Bogotá. Allí, señaló, participaron Melo, “el señor Sarmiento” y las cabezas de la multinacional brasilera. El testigo no aclaró si se estaba refiriendo a Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval, o a su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Esas reuniones, sin embargo, fueron con el propósito de establecer si el Grupo Aval y Odebrecht creaban o no la sociedad para aplicar a la licitación de la Ruta del Sol 2.
“En los primeros años, Odebrecht fue un buen socio. Es un gran constructor. La obra se ejecutaba con problemas en licencias ambientales, problemas de orden público, problemas por encontrar políticos en algunos pueblos que no dejaban pasar la carretera, pero la obra se estaba ejecutando. Hacia el año 2015 vine a encontrar que Odebrecht estaba haciendo contratos que no parecían necesarios para la obra y ahí la relación de deterioró. Hacia finales del 2016 se acabó la relación cuando nos dimos cuenta por los medios de que Odebrecht había confesado sobornos trasnacionales”, respondió Sarmiento ante el juez en relación con el comportamiento de la mutacional brasileña.
En diálogo con El Espectador, fuentes cercanas al Grupo Aval manifestaron: “Consideramos normal la compulsa de copias, es un procedimiento ordinario que no indica culpabilidad, sino que pide una investigación. En el proceso se mencionó el nombre de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, sí, pero se mencionó solo de oídas. Contra él no hay una sola reunión comprometedora ni un solo testimonio de alguien que haya dicho que se sentó con el doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez a hablar de coimas”.
Juan Manuel Barraza, empresario cartagenero
Fue superintendente general de puertos de Cartagena y gerente de la Comisión Nacional de Regalías. En enero de 2017 fue citado a entrevista por la Fiscalía para hablar sobre sus relaciones comerciales con el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales. El ente investigador buscaba indagar en las inversiones de García Morales en el Parque Industrial TLC de las Américas S. A, una zona franca de 42 hectáreas ubicada en el sector industrial de Cartagena. Los documentos recolectados indican que García Morales fue el intermediario en la inyección de capital para este proyecto ubicado en el sector industrial de la capital del Atlántico, con dineros de Odebrecht.
La Unidad Anticorrupción quería establecer la relación que sostuvo Barraza con el exviceministro, quien desde 2017 reconoció su responsabilidad en el recibimiento de 6,5 millones de dólares por parte de Odebrecht para garantizar la adjudicación del contrato de construcción de Ruta del Sol 2 en el año 2009. García Morales se declaró culpable de los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito.
Tiempo después, el empresario cartagenero se vio implicado en el caso por otro lado. Luiz Antonio Bueno, representante de Odebrecht en Colombia, aseguró en el juicio de Melo que las reuniones en las que se pactó el soborno que García Morales aceptó haber recibido, se dieron en el apartamento de soltero de Juan Manuel Barraza. El empresario le dijo a La W Radio a comienzos de este año: “Nunca se ha dicho que yo haya participado de esas reuniones. Cuando esos encuentros se adelantaban, yo estaba en Estados Unidos haciendo una maestría y prestaba el apartamento”.
Según dijo el abogado de Barraza en su momento, Abelardo de la Espriella, García Morales es su amigo de infancia. Esta relación los ha llevado a realizar varios negocios juntos por medio de la sociedad Canal Logistic. Sin embargo, ha negado en reiteradas ocasiones que el empresario tuviera conocimiento de actividades ilegales o relación con el escándalo de Odebrecht.
María Victoria Guarín Vanegas, directiva de IFC
Según las investigaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio por supuestas prácticas irregulares en el proceso contractual de la Ruta del Sol II en favor de la Concesionaria Ruta del Sol, integrada por las firmas Odebrecht y Episol (de Corficolombiana), Episol habría tramitado las expectativas que tenían sobre las condiciones del Proyecto Ruta del Sol, a pesar de un conflicto de intereses que existía entre Diego Solano Saravia, Vicepresidente de planeación corporativa del Grupo Aval, y María Victoria Guarín Vanegas, quien se desempeñaba como alta funcionara en la Corporación Financiera Internacional (IFC). A ese organismo multilateral adscrito al Banco Mundial se le confió la estructuración de este megaproyecto vial. El problema reside en que Saravia y Solano son pareja.
La SIC tiene en su poder correos electrónicos en los que José Elías Melo Acosta, presidente de Corficolombiana, supuestamente informó a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (Presidente de Grupo Aval) de ese vínculo entre Guarín y Solano. “María V. Guarín, esposa de Diego, es quien en la IFC está con el tema. Ya hemos hablado con ella y de hecho Gustavo Ramírez (vicepresidente de inversiones de Corficolombiana) va a participar en una conferencia telefónica para exponer nuestras expectativas”, le dijo, por ejemplo, José Elías Melo a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en un correo.
El Espectador reveló el 28 de noviembre de 2018 varios correos sobre este caso. Unos de estos, sin embargo, podrían mostrar que Solano sí se apartó de este tema, como lo ha sostenido el mismo Solano desde el inicio. “Gustavo/José Elías: Asumo que en el documento de Ruta del Sol que viene en este correo no hay nada confidencial sobre Ruta del Sol. En todo caso, les pido que no me manden nada sobre el tema. Prefiero no saber nada sobre cómo va a licitar (o no licitar) el Grupo”, les escribió Diego Solano a Gustavo Ramírez y José Elías Melo el 13 de agosto de 2009. Esos mensajes también los tiene la SIC.
Gustavo Antonio Ramírez Galindo, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana
Durante el juicio a Melo, Gustavo Antonio Ramírez Galindo aseguró que el exdirectivo de Odebrecht Luiz Antonio Bueno Junior no le mencionó sobre la existencia de un acuerdo para pagar el millonario soborno al exviceministro Gabriel García Morales. E insistió, según recoge el diario El Tiempo, en que las reuniones que sostuvo con Bueno fueron de carácter técnico y en relación con el proceso de adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol 2.
El directivo Ramírez fue incluido en el pliego de cargos que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) presentó en contra de varias personas y empresas por actos de supuesta corrupción en relación con la Ruta del Sol 2. La entidad investiga los pormenores de la licitación y encontró que Episol, Corficolombiana y Odebrecht, habrían intentado celebrar un acuerdo anticompetitivo o conformar “un cartel” con sus competidores (Odinsa, Impregilo y OHl).
Para sustentar esta afirmación, la entidad encontró un correo el 22 de julio de 2009 que remitió Gustavo Antonio Ramírez al hoy condenado José Elías Melo, con copia a Alejandro Sánchez, vicepresidente de Banca de Inversión de Corficolombiana. Según la SIC, el correo resume una “reunión llevada a cabo con Luiz Antonio Bueno Junior (director de Odebrecht en Colombia), en el que éste le habría planteado, la conformación de un acuerdo anticompetitivo en la modalidad de cartel, que como ya se dijo, podría tener uno de dos propósitos”.
De acuerdo con la SIC, el acuerdo buscaría crear un gran proponente que pudiera determinar las condiciones del proyecto de la Ruta del Sol y repartirse entre los proponentes para que cada uno lograra un resultado en el tramo de la Ruta del Sol (1, 2 y 3). Ramírez Galindo, por su parte, ha señalado que no participó en ningún acto irregular.
Andrés Sanguinetti, uruguayo
Entre las personas a los que el juez que condenó a Melo ordenó que sean investigadas se encuentra también Andrés Norberto Sanguinetti Barros, hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, un uruguayo que era el encargado de la cuenta de Odebrecht en la Banca Privada de Andorra (BPA) en Uruguay y que habría ayudado a la empresa brasilera a lavar dinero. Sanguinetti Barros también es investigado de manera preliminar en Perú, por la investigación Lava Jato de la Fiscalía, por dineros que entregó en este país a nombre de la multinacional brasileña.
Para hacerlo, Odebrecht habría enviado millonarias sumas de dinero a través del banco de Andorra, camuflados como supuestos servicios que, en realidad, nunca prestó. Y en ese contexto aparece Sanguinetti: él, como encargado de la cuenta de la empresa que pagó sobornos en todo Latinoamérica, habría viajado a distintos países para entregar ese dinero. Así lo habría hecho, por ejemplo, en 2013, cuando viajó a Lima para, supuestamente, entregar la suma de US$3 millones para la campaña del No a la revocación de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.
José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, fue condenado a 11 años y 9 meses en prisión por su participación en el caso de corrupción de Odebrecht. Melo, procesado por cohecho por dar u ofrecer y celebración indebida de contratos, fue inhabilitado también durante 13 años para ocupar cargos públicos, pues, en criterio del juez que conoció en su caso en primera instancia, este exdirectivo del Grupo Aval "se amangualó con el sector público para comprar la moralidad pública". Él, por su parte, insiste en su inocencia. Por eso, apenas conoció de la sentencia que significaba irse a La Picota de inmediato, señaló que apelaría la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Además del tiempo que Melo fue condenado a estar tras las rejas, el juez 14 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá pidió que cinco personas fueran investigadas: Juan Manuel Barraza, empresario cartagenero; María Victoria Guarín, asesora de alto nivel de inversiones en la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y esposa de un alto directivo del Grupo Aval; Andrés Sanguinetti, hermano de un expresidente uruguayo quien habría ayudado a Odebrecht a lavar dinero a través de la banca de Andorra (Europa); Gustavo Ramírez, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana; y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval.
Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez
El juez 14 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá pidió que se investigara a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, quien durante el juicio contra el exvicepresidente de Corficolombiana fue testigo en favor de Melo. En sus declaraciones, el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo señaló que Melo no recibió bonificaciones por la licitación de la Ruta del Sol 2 y que no tuvo conocimiento del soborno de US$6,5 millones que recibió el exviceministro Gabriel García Morales para adjudicar la megaobra vial en diciembre de 2009.
Sarmiento Gutiérrez también señaló que no fue testigo de las reuniones entre Corficolombiana y los directivos de Odebrecht, pero que era su labor verificar que se estuviera negociando el memorando de entendimiento. Según el presidente del Grupo Aval, José Elías Melo y funcionarios de su equipo lo mantenían enterado de lo que estaba pasando con las conversaciones con los directivos brasileños para conformar la concesionaria Ruta del Sol.
Durante el juicio contra Melo, Sarmiento Gutiérrez fue mencionado por el expresidente de Odebrecht en Colombia, Luiz Bueno Junior. El exdirectivo de la multinacional señaló: "(Melo) me dijo que estaba de acuerdo con el pago al viceministro (García Morales) pero que tenía dificultad en Grupo Aval, que iba a comentarle a Luis Carlos Sarmiento Junior. Le dije que Odebrecht pagaría el cien por ciento, y que luego entre las empresas ajustaríamos cuentas”.
Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht en Latinomarica, también aseguró que sostuvo tres reuniones con la cúpula del Grupo Aval en Bogotá. Allí, señaló, participaron Melo, “el señor Sarmiento” y las cabezas de la multinacional brasilera. El testigo no aclaró si se estaba refiriendo a Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval, o a su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Esas reuniones, sin embargo, fueron con el propósito de establecer si el Grupo Aval y Odebrecht creaban o no la sociedad para aplicar a la licitación de la Ruta del Sol 2.
“En los primeros años, Odebrecht fue un buen socio. Es un gran constructor. La obra se ejecutaba con problemas en licencias ambientales, problemas de orden público, problemas por encontrar políticos en algunos pueblos que no dejaban pasar la carretera, pero la obra se estaba ejecutando. Hacia el año 2015 vine a encontrar que Odebrecht estaba haciendo contratos que no parecían necesarios para la obra y ahí la relación de deterioró. Hacia finales del 2016 se acabó la relación cuando nos dimos cuenta por los medios de que Odebrecht había confesado sobornos trasnacionales”, respondió Sarmiento ante el juez en relación con el comportamiento de la mutacional brasileña.
En diálogo con El Espectador, fuentes cercanas al Grupo Aval manifestaron: “Consideramos normal la compulsa de copias, es un procedimiento ordinario que no indica culpabilidad, sino que pide una investigación. En el proceso se mencionó el nombre de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, sí, pero se mencionó solo de oídas. Contra él no hay una sola reunión comprometedora ni un solo testimonio de alguien que haya dicho que se sentó con el doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez a hablar de coimas”.
Juan Manuel Barraza, empresario cartagenero
Fue superintendente general de puertos de Cartagena y gerente de la Comisión Nacional de Regalías. En enero de 2017 fue citado a entrevista por la Fiscalía para hablar sobre sus relaciones comerciales con el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales. El ente investigador buscaba indagar en las inversiones de García Morales en el Parque Industrial TLC de las Américas S. A, una zona franca de 42 hectáreas ubicada en el sector industrial de Cartagena. Los documentos recolectados indican que García Morales fue el intermediario en la inyección de capital para este proyecto ubicado en el sector industrial de la capital del Atlántico, con dineros de Odebrecht.
La Unidad Anticorrupción quería establecer la relación que sostuvo Barraza con el exviceministro, quien desde 2017 reconoció su responsabilidad en el recibimiento de 6,5 millones de dólares por parte de Odebrecht para garantizar la adjudicación del contrato de construcción de Ruta del Sol 2 en el año 2009. García Morales se declaró culpable de los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito.
Tiempo después, el empresario cartagenero se vio implicado en el caso por otro lado. Luiz Antonio Bueno, representante de Odebrecht en Colombia, aseguró en el juicio de Melo que las reuniones en las que se pactó el soborno que García Morales aceptó haber recibido, se dieron en el apartamento de soltero de Juan Manuel Barraza. El empresario le dijo a La W Radio a comienzos de este año: “Nunca se ha dicho que yo haya participado de esas reuniones. Cuando esos encuentros se adelantaban, yo estaba en Estados Unidos haciendo una maestría y prestaba el apartamento”.
Según dijo el abogado de Barraza en su momento, Abelardo de la Espriella, García Morales es su amigo de infancia. Esta relación los ha llevado a realizar varios negocios juntos por medio de la sociedad Canal Logistic. Sin embargo, ha negado en reiteradas ocasiones que el empresario tuviera conocimiento de actividades ilegales o relación con el escándalo de Odebrecht.
María Victoria Guarín Vanegas, directiva de IFC
Según las investigaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio por supuestas prácticas irregulares en el proceso contractual de la Ruta del Sol II en favor de la Concesionaria Ruta del Sol, integrada por las firmas Odebrecht y Episol (de Corficolombiana), Episol habría tramitado las expectativas que tenían sobre las condiciones del Proyecto Ruta del Sol, a pesar de un conflicto de intereses que existía entre Diego Solano Saravia, Vicepresidente de planeación corporativa del Grupo Aval, y María Victoria Guarín Vanegas, quien se desempeñaba como alta funcionara en la Corporación Financiera Internacional (IFC). A ese organismo multilateral adscrito al Banco Mundial se le confió la estructuración de este megaproyecto vial. El problema reside en que Saravia y Solano son pareja.
La SIC tiene en su poder correos electrónicos en los que José Elías Melo Acosta, presidente de Corficolombiana, supuestamente informó a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (Presidente de Grupo Aval) de ese vínculo entre Guarín y Solano. “María V. Guarín, esposa de Diego, es quien en la IFC está con el tema. Ya hemos hablado con ella y de hecho Gustavo Ramírez (vicepresidente de inversiones de Corficolombiana) va a participar en una conferencia telefónica para exponer nuestras expectativas”, le dijo, por ejemplo, José Elías Melo a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en un correo.
El Espectador reveló el 28 de noviembre de 2018 varios correos sobre este caso. Unos de estos, sin embargo, podrían mostrar que Solano sí se apartó de este tema, como lo ha sostenido el mismo Solano desde el inicio. “Gustavo/José Elías: Asumo que en el documento de Ruta del Sol que viene en este correo no hay nada confidencial sobre Ruta del Sol. En todo caso, les pido que no me manden nada sobre el tema. Prefiero no saber nada sobre cómo va a licitar (o no licitar) el Grupo”, les escribió Diego Solano a Gustavo Ramírez y José Elías Melo el 13 de agosto de 2009. Esos mensajes también los tiene la SIC.
Gustavo Antonio Ramírez Galindo, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana
Durante el juicio a Melo, Gustavo Antonio Ramírez Galindo aseguró que el exdirectivo de Odebrecht Luiz Antonio Bueno Junior no le mencionó sobre la existencia de un acuerdo para pagar el millonario soborno al exviceministro Gabriel García Morales. E insistió, según recoge el diario El Tiempo, en que las reuniones que sostuvo con Bueno fueron de carácter técnico y en relación con el proceso de adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol 2.
El directivo Ramírez fue incluido en el pliego de cargos que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) presentó en contra de varias personas y empresas por actos de supuesta corrupción en relación con la Ruta del Sol 2. La entidad investiga los pormenores de la licitación y encontró que Episol, Corficolombiana y Odebrecht, habrían intentado celebrar un acuerdo anticompetitivo o conformar “un cartel” con sus competidores (Odinsa, Impregilo y OHl).
Para sustentar esta afirmación, la entidad encontró un correo el 22 de julio de 2009 que remitió Gustavo Antonio Ramírez al hoy condenado José Elías Melo, con copia a Alejandro Sánchez, vicepresidente de Banca de Inversión de Corficolombiana. Según la SIC, el correo resume una “reunión llevada a cabo con Luiz Antonio Bueno Junior (director de Odebrecht en Colombia), en el que éste le habría planteado, la conformación de un acuerdo anticompetitivo en la modalidad de cartel, que como ya se dijo, podría tener uno de dos propósitos”.
De acuerdo con la SIC, el acuerdo buscaría crear un gran proponente que pudiera determinar las condiciones del proyecto de la Ruta del Sol y repartirse entre los proponentes para que cada uno lograra un resultado en el tramo de la Ruta del Sol (1, 2 y 3). Ramírez Galindo, por su parte, ha señalado que no participó en ningún acto irregular.
Andrés Sanguinetti, uruguayo
Entre las personas a los que el juez que condenó a Melo ordenó que sean investigadas se encuentra también Andrés Norberto Sanguinetti Barros, hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, un uruguayo que era el encargado de la cuenta de Odebrecht en la Banca Privada de Andorra (BPA) en Uruguay y que habría ayudado a la empresa brasilera a lavar dinero. Sanguinetti Barros también es investigado de manera preliminar en Perú, por la investigación Lava Jato de la Fiscalía, por dineros que entregó en este país a nombre de la multinacional brasileña.
Para hacerlo, Odebrecht habría enviado millonarias sumas de dinero a través del banco de Andorra, camuflados como supuestos servicios que, en realidad, nunca prestó. Y en ese contexto aparece Sanguinetti: él, como encargado de la cuenta de la empresa que pagó sobornos en todo Latinoamérica, habría viajado a distintos países para entregar ese dinero. Así lo habría hecho, por ejemplo, en 2013, cuando viajó a Lima para, supuestamente, entregar la suma de US$3 millones para la campaña del No a la revocación de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.