Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El juez 65 de control de garantías no aceptó la solicitud presentada por la Fiscalía General para cobijar con una nueva medida de aseguramiento al exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Carlos Albornoz en el marco del proceso que se le adelanta por la entrega irregular de un bien inmueble.
En su decisión, el funcionario judicial consideró que en contra del procesado ya existen dos medidas privativas de su libertad por lo que es innecesario emitir una nueva. Desde el 18 de septiembre de 2013 Albornoz se encuentra cobijado con medida de aseguramiento en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo).
La Fiscalía General presentó recurso de apelación contra esta decisión, manifestando que debido a la gravedad de los hechos es menester emitir una medida. Este es el tercer proceso que se adelanta en su contra por la entrega irregular de fallos a un grupo de particulares a cambio de millonarias comisiones.
El nuevo caso tiene con la entrega de un predio en el municipio de Zambrano (Bolívar), el cual le fue entregado a un amigo cercano de Albornoz quien no cumplía los requisitos exigidos. El fiscal señaló que se presentaron documentos falsos para justificar la entrega de la finca. Además presentó un valor inferior al real.
Enfrenta un proceso penal por las irregularidades en la entrega del bien conocido como ‘Granja 32’, ubicada en el municipio de Cota (Cundinamarca) y de propiedad del extinto narcotraficante tolimense Guillermo Ortiz Gaitán.
Por estos hechos la Fiscalía lo acusó como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, concusión, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato por acción.
En la investigación se indicó que dicho bien inmueble tenía un valor de $3.200 millones, sin embargo, aseguró que Albornoz y compañía, a través de una certificación, autorizaron su venta por $1.200 millones.
El segundo juicio se relaciona con detrimento patrimonial en la DNE, que habrían generado pérdidas por más de $25.000 millones a la nación por la entrega irregular de diversos bienes incautados a narcotraficantes y que eran administrados por la entidad, ya intervenida por el Gobierno.
Por estos mismos hechos la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó con 14 años para ocupar cargos públicos.
Por Redacción Judicial
