Juez se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra exsecretario privado de la UNP
Julián Marulanda, quien salió del país en agosto de 2014, es procesado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y cohecho impropio.
Redacción Judicial
Un juez de control de garantías se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento en centro carcelario al exsecretario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Julián Marulanda Calero. El funcionario judicial manifestó que la Fiscalía General no presentó los elementos materiales que justificaran emitir una medida restrictiva de la libertad.
Marulanda, quien salió del país en agosto de 2014, es procesado por las irregularidades que rodearon la celebración de contratos para la prestación del servicio de seguridad que registraron un desfalco superior a los 2 mil millones de pesos. Por estos hechos le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y cohecho impropio.
La Fiscalía Genera presentó recurso de apelación argumentando que existen razones de peso para indicar que Marulanda representa un peligro para la sociedad debido a la gravedad de los delitos imputados, así como el hecho que ha sido negligente para atender los llamados y citaciones de las autoridades judiciales para que responda en este caso.
La base del proceso tiene relación las deficiencias en el manejo del presupuesto de dicha entidad, la cual tiene como objetivo brindarle protección y seguridad a las personas cuya vida o integridad personal se encuentre en riesgo.
Diversos documentos de la Contraloría General llamaron la atención frente a los malos manejos que se estarían presentado, así como las falencias en la ejecución de contratos celebrados.
Tras recolectar elementos materiales probatorios en diferentes inspecciones a la Unidad adscrita al Ministerio del Interior, la Fiscalía determinó que se estaban presentando sobrecostos en el tema de la facturación, así como irregularidades en el tema de contratación.
El nombre del secretario general fue vinculado inmediatamente a la investigación como le líder de una red interna, la cual con otros cinco funcionarios. Para el ente con su actuar se presentó un detrimento a las finanzas de la UNP.
En dos años -según los investigadores- logró beneficios económicos que están sustentados en sus cuentas bancarias, ingresos que no pudo explicar puesto que no se presentó a los interrogatorios. Tampoco pudo responder las falencias en la celebración de millonarios contratos.
Un juez de control de garantías se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento en centro carcelario al exsecretario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Julián Marulanda Calero. El funcionario judicial manifestó que la Fiscalía General no presentó los elementos materiales que justificaran emitir una medida restrictiva de la libertad.
Marulanda, quien salió del país en agosto de 2014, es procesado por las irregularidades que rodearon la celebración de contratos para la prestación del servicio de seguridad que registraron un desfalco superior a los 2 mil millones de pesos. Por estos hechos le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y cohecho impropio.
La Fiscalía Genera presentó recurso de apelación argumentando que existen razones de peso para indicar que Marulanda representa un peligro para la sociedad debido a la gravedad de los delitos imputados, así como el hecho que ha sido negligente para atender los llamados y citaciones de las autoridades judiciales para que responda en este caso.
La base del proceso tiene relación las deficiencias en el manejo del presupuesto de dicha entidad, la cual tiene como objetivo brindarle protección y seguridad a las personas cuya vida o integridad personal se encuentre en riesgo.
Diversos documentos de la Contraloría General llamaron la atención frente a los malos manejos que se estarían presentado, así como las falencias en la ejecución de contratos celebrados.
Tras recolectar elementos materiales probatorios en diferentes inspecciones a la Unidad adscrita al Ministerio del Interior, la Fiscalía determinó que se estaban presentando sobrecostos en el tema de la facturación, así como irregularidades en el tema de contratación.
El nombre del secretario general fue vinculado inmediatamente a la investigación como le líder de una red interna, la cual con otros cinco funcionarios. Para el ente con su actuar se presentó un detrimento a las finanzas de la UNP.
En dos años -según los investigadores- logró beneficios económicos que están sustentados en sus cuentas bancarias, ingresos que no pudo explicar puesto que no se presentó a los interrogatorios. Tampoco pudo responder las falencias en la celebración de millonarios contratos.