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Frente a la casa familiar del presidente Iván Duque, Miguel Ángel Calderón hizo un video de una de las manifestaciones pacíficas que en este lugar se han llevado a cabo desde el pasado 21 de noviembre. El hombre, de nacionalidad venezolana, casado con una colombiana y cuya pareja tiene una niña menor de edad, fue detenido por las autoridades con la amenaza de que sería expulsado del país. Un equipo jurídico de la Universidad de los Andes arrancó de inmediato el proceso judicial para evitar su deportación y obtuvo un primer triunfo, aunque temporal: un juez determinó que su expulsión debía ser suspendida mientras estudia el caso de fondo.
La alerta por este caso la lanzó el reconocido abogado Rodrigo Uprimny. En su cuenta de Twitter, el jurista escribió:
::¿207 mil marchantes en el paro nacional? Una cifra oficial que podría ser muy baja::
El Juzgado 36 Penal con función de Garantías de Bogotá fue el que protegió los derechos de Calderón y su familia y ordenó suspender inmediatamente el trámite. En la decisión judicial se lee que en este caso debe primar el derecho a la unidad familiar, pues, además, tanto su esposa como su hija dependen económicamente de él. Asimismo, el juez señaló que, antes de tomar cualquier decisión de fondo, Calderón y sus abogados deben conocer los argumentos por los que las autoridades colombianas quieren expulsarlo del país.
Fuentes de Migración le contaron a este diario que expulsar a Calderón fue una determinación tomada con base en razones de seguridad nacional, no de su legalidad en suelo colombiano. "Hay videos y fotografías del señor haciendo seguimientos a la casa del presidente. El viernes (pasado) tomaba videos y fotos. Fue detenido por eso, le quitaron el celular y ahí estaba el material. Por eso se tomó la decisión de expulsarlo del país".
En un comunicado de prensa, la entidad expresó abiertamente su inconformismo con la resolución judicial que frenó el trámite de Calderón. "Como entidad del Estado somos respetuosos de las decisiones de nuestros jueces y en ese orden de ideas acatamos la resolución proferida por la juez (...) más no la compartimos, toda vez que la medida de expulsión impuesta al ciudadano venezolano busca garantizar la seguridad nacional".
La institución a cargo de los temas migratorios del país agregó: "Vemos con preocupación este tipo de decisiones, las cuales no sólo ponen riesgo la seguridad nacional, sino que además pueden conllevar brotes de xenofobia al interior del país, al ser discriminados miles y miles de venezolanos de bien por las acciones de unos cuantos desadaptados". La jueza 63 de Garantías, por su parte, les dio 48 horas a Migración Colombia y la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) para que expongan sus argumentos del caso y así se pueda tomar una decisión de fondo.