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El exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Emiro Rojas, enfrenta un juicio ante el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá por su presunta responsabilidad en los seguimientos, amenazas y tortura psicológica de la que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque en 2001. Este jueves, la jueza del caso concedió una petición que hizo la defensa del exfuncionario, y ordenó que la reportera no opine públicamente sobre el caso ni informe sobre el mismo.
La defensa de la periodista Duque presentó un recurso de reposición en contra de la decisión, por lo que está todavía no está en firme. Es decir, pidió a la jueza que reconsiderara su postura. La orden de la funcionaria judicial fue catalogada como censura previa por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), ya que se pretende que la periodista, que a la vez es la víctima del caso, se limite a dar informaciones "veraces, imparciales y concretas", y que no se trate de opiniones que pongan en tela de juicio a la jueza, a los testigos ni a los acusados. El exdirector del DAS está en juicio junto con el exdetective Néstor Javier Pachón Bermúdez por los mismos cargos.
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"Las restricciones que se impone a Duque a opinar sobre dicho proceso son contrarias a la libertad de expresión. La orden de es una forma de censura previa. Limitaciones como la determinada por la juez sólo pueden darse en los casos más extremos (...) En este caso, las opiniones e informaciones que Claudia Julieta Duque pueda dar sobre este proceso son de un alto interés público, pues el crimen que se investiga es una grave violación a los derechos humanos y ha sido declarado crimen de lesa humanidad por parte de la Fiscalía", señaló la FLIP en un comunicado.
En diálogo con El Espectador, la periodista Duque aseguró que, si la jueza confirma la decisión, no la acatará. "La afectación real es que la juez desconoce que la libertad de expresión es decir lo que otros no quieren escuchar", señaló. Además, informó que presentó una recusación para que la jueza se aparte del caso "dado que el 3 de julio, al terminar la audiencia en la que se solicitó que se me censurara, la juez en forma directa le dijo a mi abogado que a ella le haría muy feliz que le quitaran el proceso. No pienso acatar esa decisión. En todo caso, no está en firme en este momento, así que igual no la voy a acatar", agregó.
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Como fundamento para ordenar el silencio de la periodista Duque, la jueza segunda especializada señaló que, en una audiencia del 23 de febrero pasado, se les dijo a las partes que "si bien tienen derecho a la libertad de expresión, todo lo que suceda en el juicio no puede trascender y debe quedarse ahí", porque, de lo contrario, se podría incurrir en una falta disciplinaria. La funcionaria judicial aseguró que no está restringiendo el derecho de expresión, sino que trata de evitar que se le dé al público general información tergiversada sobre lo probado en el caso.
El juzgado hizo referencia a dos mensajes de Twitter que hizo la periodista. Uno en el que cuestionó la petición de silenciarla y otro en el que menciona una nota periodística de El Espectador sobre un informe que entregó la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la víctimización a líderes y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado. El informe reseña los casos de Mario Calderón, Elsa Alvarado, Eduardo Umaña, Jaime Garzón y el de Claudia Julieta Duque, entre otros, y señala que, de las víctimas mencionadas, la periodista es la única que sigue con vida.
"Nótese que las afirmaciones no solo se hicieron de manera descontextualizada sino que sugieren que en el proceso penal que actualmente cursa por los hechos que son de público conocimiento, la víctima corre el riesgo de ser silenciada nuevamente, tal y como presuntamente sucedió se hizo 18 años atrás, lo cual además de no ser cierto conduce a que la ciudadanía y otros opinadores difundan una idea falaz", dijo la jueza. La funcionara consideró que las críticas a la petición de silencio que hizo Rojas, de parte de personajes como José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, "son tendenciosas porque dan a entender que el derecho fundamental a la libertad de expresión serán vulnerados por la judicatura".
(Lea aquí la entrevista realizada a Duque: “Estos tipos no son monjas de la caridad, son torturadores”: Claudia Julieta Duque)
Sobre la entrevista realizada a Duque por este diario, la jueza dijo este jueves que, en su criterio, "de entrada advierte una opinión que se basa en la subjetividad y en la conjetura de la víctima, sin observar que el juicio aún continúa. De hecho, al hacer una inmersión más profunda en la entrevista dada por la víctima se evidencian afirmaciones que escapan a la protección que concede la libertad de expresión y se convierten en aserciones sin fundamento y tendenciosas". En especial, la jueza enfatizó en unas respuestas de Duque sobre su actuación como encargada del caso.
"Las afirmaciones realizadas por la víctima, además de irrespetuosas, exceden el derecho a la libertad de información y de opinión pues colocan en ridículo a la administración de justicia y contienen juicios de valor que llevan a crear una percepción errónea de los hechos, además de poner en crisis el debido proceso y la presunción de inocencia de los acusados. La información que se comparte no puede pasar de lo objetivo a lo subjetivo, ni tampoco la opinión puede utilizarse como refugio para crear juicios paralelos o tergiversar los hechos o las actuaciones de la judicatura, pues un proceder de esta naturaleza afecta la imparcialidad e independencia del juez", dijo la funcionaria.
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En 2001, Duque investigaba el asesinato del también periodista y comediante Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999, y encontró pistas que podrían vincular a agentes del Estado con el crimen. Después de sus hallazgos, empezó a ser intimidada, mediante llamadas amenazantes y coronas fúnebres que llegaban a su domicilio, hasta que fue secuestrada ese año durante unas horas. Solo hasta 2009 su caso empezó a ser investigado, luego de que estallara el escándalo de las "chuzadas" y seguimientos ilegales del DAS a periodistas, jueces y miembros de la oposición.
Según dijo a Duque a este diario en la entrevista mencionada, a pesar de que el crimen fue declarado de lesa humanidad, no ha avanzado con rapidez. Emiro Rojas Granados fue señalado de haber ordenado la recolección de información reservada en contra de la periodista y su hija, mientras que Néstor Pachón Bermúdez es investigado por ser el conductor del vehículo desde el cual se hicieron todos los seguimientos. Este jueves, Duque le dijo a este diario que, desde el día cero de su caso, ha denunciado y señalado a Rojas y a Pachón como los supuestos responsables de las intimidaciones de las que fue víctima.
"Dejé constancia de que a Néstor Pachón lo reconozco como uno de los que me hizo seguimientos en un carro del DAS en el 2001 y Emiro Rojas me denunció a mi por injuria y calumnia. En documentos del DAS se encontró que la denuncia era una de las estrategias elaboradas por el DAS para finalizar urgente con la periodista. Son dos hechos notorios y ella espera que yo les llame presuntos. Son dos hechos notorios y ella espera que yo les llame presuntos, yo dejé constancia que yo como víctima no les creo, que yo se que son mis torturadores, que los voy a seguir señalando así", señaló Duque.