Juicio a ex gobernadores por desfalco

Por haber introducido millonarias modificaciones al presupuesto del departamento del Cesar mediante créditos y desvío de recursos y luego haber firmado más de 101 contratos sin licitación, la mayoría de ellos en los últimos días de 1999, con sobrecostos que en algunos casos superaron el 65% del material o los servicios adquiridos, la Unidad Delegada de la Fiscalía ante la Corte Suprema llamó a juicio al ex gobernador Lucas Segundo Gnecco Cerchiaro y al ex gobernador encargado y ex senador Ricardo Chajín Florián.

De acuerdo con el ente acusador, los recursos que no se ejecutaron fueron a parar presuntamente a la financiación de la campaña del secretario de Hacienda, William Saade, a la gobernación, y del secretario de Educación, Wilson Molina Jiménez, a la alcaldía de Valledupar por el movimiento político El Golpe, para el período 2001-2003. Los contratos firmados se destinaron para la compra de pintura de mala calidad para adecuar colegios, máquinas de escribir y computadores, sillas para auditorios, enciclopedias y atlas, mantenimiento de tomacorrientes y alumbrado, reparación de pupitres y kits escolares, entre otros elementos.

En una  investigación adelantada por el ente acusador y la Contraloría General de la República se pudo establecer que durante el gobierno de Gnecco, entre 1998 y 2001, se expidieron once decretos de forma irregular, contraviniendo las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto, modificando partidas aprobadas con anterioridad, en montos entre $8 millones y $9.000 mil millones. Los decretos fueron firmados entre marzo y diciembre de 1999. Pero Gnecco sólo había recibido autorización para modificar el presupuesto en mayo de 1998 y por el término de 90 días por parte de la Asamblea Departamental, que según la ley es la entidad que debe otorgar la autorización, cuando así lo solicite el gobernador.

Además, en el informe que rindió la Contraloría General se determinó que los decretos no contaban con el certificado de disponibilidad presupuestal, como se debe hacer en estos casos. Es decir, que no había cómo respaldar los cambios y adiciones de los recursos. “Con esta operación no se hizo un traslado entre presupuestos asignados a una misma sección, sino que con los decretos el Gobernador disminuyó el monto total asignado al presupuesto de funcionamiento, para incrementar el presupuesto de inversión”, señala la Fiscalía.

 Agrega, también con base en cifras de la Contraloría, que fue tan irregular el manejo presupuestal que a 13 de diciembre de 1999 había un saldo en rojo de $152’262.961, que a pesar de algunas adiciones llegó a $3.763’310.941 días después, aunque finalizando el año terminó en $194’262.668.

Parte de los recursos que cambiaron de objeto fueron destinados al pago de honorarios por valor de $2.520 millones; personal numerario de servicios técnicos, $1.200 millones, y gastos generales, $2.110 millones. Esto trajo como consecuencia la reducción considerable de los dineros destinados para el pago de salarios y obligaciones de cerca de $2.810 millones y en el rubro de otras transferencias de $430 millones. “En consecuencia el departamento del Cesar dejó de cancelar $5.100 millones (en 1999) por concepto de sueldos de diciembre, primas de Navidad y vacaciones al personal docente y administrativo de la nómina financiada con recursos del situado fiscal”, advierte el ente acusador.

Despojados de los honorarios a los que tenían derecho legalmente, los profesores del departamento efectuaron un cese de actividades que para la Fiscalía “causó perjuicio a los niños y niñas de esta deprimida región del país”.

Uno de los argumentos de la defensa de Gnecco para haber incurrido en la conducta punible fue que tenía falta de conocimiento específico y técnico en la elaboración de los actos administrativos por los que se le investiga, pero el ente acusador desestimó esa consideración señalando que el ex gobernador conocía de tiempo atrás los manejos de los recursos departamentales, y más cuando había tenido experiencia previa en la administración. Mientras Gnecco es acusado de peculado por aplicación oficial diferente, celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, Chajín deberá responder por prevaricato por acción.

Las perlas de la contratación

Según la investigación de la Contraloría, el 27 de diciembre de 1999 se firmó el contrato 067 con el objetivo de suministrar 690 sillas para conferencia. El valor fue de más de $128 millones. Con base en otras cotizaciones se pudo establecer que el precio de una silla para auditorio tapizada en paño era de $87.800, con lo que el lote total hubiera valido sólo $60’582.000. Comparado con el valor del contrato, se obtuvo una diferencia de $60’349.330 de sobreprecio. El 8 de julio de ese mismo año se había firmado un contrato para pintar nueve colegios del departamento del Cesar, por un valor de $129 millones. Dentro de las irregularidades encontradas se halló que las pinturas ofrecidas por parte del contratista en su propuesta, que eran vinilo de alta calidad, no coincidieron con las pruebas de laboratorio y experimentales y se identificó que los planteles se pintaron con vinilo tipo 3, que es de mala calidad. Por eso el detrimento patrimonial encontrado llegó a los $62’167.449. Como si fuera poco, el 30 de diciembre de 1999 se adquirieron 32 enciclopedias, cada una con 20 tomos, por valor de $70 millones. Una vez cotizadas por la Contraloría General, el precio era de $24’320.000, con lo que se aprecia una diferencia de $45’680.000.

Por haber introducido millonarias modificaciones al presupuesto del departamento del Cesar mediante créditos y desvío de recursos y luego haber firmado más de 101 contratos sin licitación, la mayoría de ellos en los últimos días de 1999, con sobrecostos que en algunos casos superaron el 65% del material o los servicios adquiridos, la Unidad Delegada de la Fiscalía ante la Corte Suprema llamó a juicio al ex gobernador Lucas Segundo Gnecco Cerchiaro y al ex gobernador encargado y ex senador Ricardo Chajín Florián.

De acuerdo con el ente acusador, los recursos que no se ejecutaron fueron a parar presuntamente a la financiación de la campaña del secretario de Hacienda, William Saade, a la gobernación, y del secretario de Educación, Wilson Molina Jiménez, a la alcaldía de Valledupar por el movimiento político El Golpe, para el período 2001-2003. Los contratos firmados se destinaron para la compra de pintura de mala calidad para adecuar colegios, máquinas de escribir y computadores, sillas para auditorios, enciclopedias y atlas, mantenimiento de tomacorrientes y alumbrado, reparación de pupitres y kits escolares, entre otros elementos.

En una  investigación adelantada por el ente acusador y la Contraloría General de la República se pudo establecer que durante el gobierno de Gnecco, entre 1998 y 2001, se expidieron once decretos de forma irregular, contraviniendo las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto, modificando partidas aprobadas con anterioridad, en montos entre $8 millones y $9.000 mil millones. Los decretos fueron firmados entre marzo y diciembre de 1999. Pero Gnecco sólo había recibido autorización para modificar el presupuesto en mayo de 1998 y por el término de 90 días por parte de la Asamblea Departamental, que según la ley es la entidad que debe otorgar la autorización, cuando así lo solicite el gobernador.

Además, en el informe que rindió la Contraloría General se determinó que los decretos no contaban con el certificado de disponibilidad presupuestal, como se debe hacer en estos casos. Es decir, que no había cómo respaldar los cambios y adiciones de los recursos. “Con esta operación no se hizo un traslado entre presupuestos asignados a una misma sección, sino que con los decretos el Gobernador disminuyó el monto total asignado al presupuesto de funcionamiento, para incrementar el presupuesto de inversión”, señala la Fiscalía.

 Agrega, también con base en cifras de la Contraloría, que fue tan irregular el manejo presupuestal que a 13 de diciembre de 1999 había un saldo en rojo de $152’262.961, que a pesar de algunas adiciones llegó a $3.763’310.941 días después, aunque finalizando el año terminó en $194’262.668.

Parte de los recursos que cambiaron de objeto fueron destinados al pago de honorarios por valor de $2.520 millones; personal numerario de servicios técnicos, $1.200 millones, y gastos generales, $2.110 millones. Esto trajo como consecuencia la reducción considerable de los dineros destinados para el pago de salarios y obligaciones de cerca de $2.810 millones y en el rubro de otras transferencias de $430 millones. “En consecuencia el departamento del Cesar dejó de cancelar $5.100 millones (en 1999) por concepto de sueldos de diciembre, primas de Navidad y vacaciones al personal docente y administrativo de la nómina financiada con recursos del situado fiscal”, advierte el ente acusador.

Despojados de los honorarios a los que tenían derecho legalmente, los profesores del departamento efectuaron un cese de actividades que para la Fiscalía “causó perjuicio a los niños y niñas de esta deprimida región del país”.

Uno de los argumentos de la defensa de Gnecco para haber incurrido en la conducta punible fue que tenía falta de conocimiento específico y técnico en la elaboración de los actos administrativos por los que se le investiga, pero el ente acusador desestimó esa consideración señalando que el ex gobernador conocía de tiempo atrás los manejos de los recursos departamentales, y más cuando había tenido experiencia previa en la administración. Mientras Gnecco es acusado de peculado por aplicación oficial diferente, celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, Chajín deberá responder por prevaricato por acción.

Las perlas de la contratación

Según la investigación de la Contraloría, el 27 de diciembre de 1999 se firmó el contrato 067 con el objetivo de suministrar 690 sillas para conferencia. El valor fue de más de $128 millones. Con base en otras cotizaciones se pudo establecer que el precio de una silla para auditorio tapizada en paño era de $87.800, con lo que el lote total hubiera valido sólo $60’582.000. Comparado con el valor del contrato, se obtuvo una diferencia de $60’349.330 de sobreprecio. El 8 de julio de ese mismo año se había firmado un contrato para pintar nueve colegios del departamento del Cesar, por un valor de $129 millones. Dentro de las irregularidades encontradas se halló que las pinturas ofrecidas por parte del contratista en su propuesta, que eran vinilo de alta calidad, no coincidieron con las pruebas de laboratorio y experimentales y se identificó que los planteles se pintaron con vinilo tipo 3, que es de mala calidad. Por eso el detrimento patrimonial encontrado llegó a los $62’167.449. Como si fuera poco, el 30 de diciembre de 1999 se adquirieron 32 enciclopedias, cada una con 20 tomos, por valor de $70 millones. Una vez cotizadas por la Contraloría General, el precio era de $24’320.000, con lo que se aprecia una diferencia de $45’680.000.