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La justicia de Guatemala anuló la orden de captura contra la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el embajador de Colombia en el Vaticano, exministro de Defensa y exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez. La Corte Suprema de Justicia de ese país concluyó que la orden y la acusación de la Fiscalía General de Guatemala fueron ilegales y se habrían emitido como represalia tras investigaciones que llevaron a prisión a altos funcionarios del país.
La decisión de las autoridades guatemaltecas de anular las 26 órdenes de captura fue emitida el pasado 9 de abril. En la providencia se estableció que: “Esta Cámara determina que lo requerido por el ente investigador es notoriamente improcedente porque, debido a la forma en que se emitió el acto reclamado, es evidente la vulneración de los derechos denunciados por los interponentes del amparo, pues se extralimitó en el ejercicio de sus facultades legales al emitir ilegalmente órdenes de captura sin tener competencia legal para ello”.
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Esta orden de captura fue impartida el 2 de junio de 2025 por el Ministerio Público de Guatemala y, puntualmente, fue dada a conocer por Rafael Curruchiche, fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. De acuerdo con esa autoridad, los dos exinvestigadores habrían ayudado a la empresa brasileña Odebrecht en medio de pesquisas que se adelantaban en ese país.
Según manifestó en su momento Curruchiche, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala accedió a la solicitud de la Fiscalía de ese país de ordenar la captura de los dos colombianos. Esto, supuestamente, porque Velásquez, quien era el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y Camargo, quien hacía parte de su equipo de investigadores, habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión.
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Asimismo, de acuerdo con lo manifestado por el investigador guatemalteco, Velásquez habría liderado una “estructura criminal” que favoreció a empresarios de la multinacional brasileña Odebrecht. Según la versión de ese entonces de la Fiscalía de Guatemala, tanto el embajador como Camargo y otros integrantes del equipo investigador que lideraba el exministro ayudaron a que “el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales”, lo que en ese entonces equivalía a COP 1.618 millones.
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