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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzará a recibir versiones orales y escritas de 27 víctimas de secuestros realizados por la antigua guerrilla de las Farc durante el conflicto armado y que son investigados por ese alto tribunal. (Le podría interesar: Los bienes de las Farc sólo se utilizarán para reparar a las víctimas: Corte Constitucional)
“La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP convoca a sesiones de recepción de informes orales y escritos por parte de víctimas organizadas, secuestradas por las Farc-EP presuntamente con finalidades de canje”, manifestó el tribunal en un comunicado.
Detalló además que las sesiones se realizarán en Bogotá entre los próximos 22 y 26 de octubre, así como el 6 y 8 de noviembre, mientras que en la ciudad de Huila se llevará a cabo el 7 de noviembre. (Lea también: Víctimas del conflicto se encontraron con excombatientes como acto de reconciliación)
La JEP es la institución creada especialmente para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano y una de las columnas vertebrales del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y la guerrilla de las Farc, ahora partido político, en noviembre de 2016.
Ese tribunal abrió el pasado 13 de julio el primer caso y como parte de este citó a 31 antiguos líderes de la guerrilla para responder por los secuestros cometidos entre 1993 y 2002. (Le sugerimos: Las conclusiones del primer cónclave entre la Fiscalía y la JEP)
Entre las víctimas citadas se encuentra la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, el general en retiro de la Policía Luis Mendieta, los excongresistas Luis Eladio Pérez y Óscar Tulio Lizcano, y el exdiputado del departamento del Valle del Cauca Sigifredo López.
De igual forma se llamó a Fabiola Perdomo, viuda del político Juan Carlos Narváez, y Yolanda Pinto, viuda del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, ambos asesinados en cautiverio por la guerrilla.
Además de los secuestros de la guerrilla el tribunal investiga la violencia contra la población mayoritariamente indígena de tres municipios del suroeste del país y los "falsos positivos", como se conoce en el país el asesinato de civiles a manos de militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. (Lea: “El proceso de paz sigue siendo frágil”: ONU)
Por -Redacción Judicial con información de EFE
