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La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determinó que será la justicia ordinaria la encargada de adelantar el proceso contra dos indígenas del resguardo Cothue-Putumayo y de la Etnia Bora por el hurto de recursos destinados a la educación en el Amazonas.
Los hechos materia de investigación se registraron en abril de 2012 cuando fueron robados 113 millones de pesos destinados al sector de la educación en un bote por el río Amazonas se dirigía desde Leticia hasta Puerto Arica. Dichos recursos iban a ser utilizado para el pago de la nómina de profesores, la reparación de una escuela y la construcción de aulas.
El alto tribunal determinó que aunque los delitos fueron cometidos por indígenas y en territorio indígena, como recayeron sobre el patrimonio económico, la Corporación determinó que el interés del proceso es el interés general y público, y por ello la competencia para juzgar a los acusados será de la justicia ordinaria.
En este punto se señaló que se puso en riesgo los intereses, bienes y libertades públicas, que son de todos los ciudadanos y habitantes del territorio nacional, sin que el actuar de los miembros de esa etnia pueda excusarse en un error originado por la diversidad cultural de la comunidad a la que pertenecen.
“Los procesados se aprovecharon de la soledad del lugar y utilizaron capuchas para ocultar su identidad y armas de fuego para intimidar y someter a sus víctimas, por lo que la Sala establece que la conducta ilícita desplegada por los indígenas fue cometida por personas que conocen, comprenden y entienden las prohibiciones de la sociedad mayoritaria”, precisa uno de los apartes de la sentencia.
Los indígenas tendrán que responder entonces por los delitos de hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Por El Espectador
