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El juzgado 34 administrativo de Bogotá negó la solicitud presentada por el contralor distrital, Diego Ardila que buscaba suspender el contrato de ciencia y tecnología firmado entre la Alcaldía Mayor y la empresa para el uso de la denominada “máquina tapahuecos” en la capital de la República.
Al resolver el recurso presentado se manifiesta que con la firma de dicho convenio no se vulneró el derecho colectivo del patrimonio público y la moralidad administrativa, hecho por el cual no se accedieron a las pretensiones presentadas que buscaban suspender por un tiempo la utilización de dicha máquina.
En su determinación aseguró que debido al “deterioro” que presenta la malla vial en la capital de la República “sería más grave decretar la medida cautelar” puesto que afectaría gravemente a “situación para la ciudad” si se aceptase la petición presentada por la Contraloría General.
Por medio de su cuenta en Twitter, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego celebró esta decisión considerando que se protegieron los intereses colectivos de los bogotanos.
Por Redacción Judicial
