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A las 12 del día de este viernes se tiene prevista una reunión entre el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y los representantes de los juzgados de familia y laborales, los cuales entraron en un cese de actividades para pedir par revocatoria del acuerdo 10445 de diciembre de 2015.
El juez Guillermo Botija, juez 20 de familia de Bogotá, explicó que con la expedición de dicho fallo se afecta la autonomía de los jueces mediante la creación de un centro de servicios. Mediante esta decisión el usuario ya no va a poder acceder a los despachos judiciales.
“El juzgado como célula de atención básica al ciudadano se va a eliminar, va a quedar simplemente a manos de un juez y un asesor (…) De manera que el expediente va a permanecer en la oficina judicial, o en la secretaria común a disposición del usuario”, precisó el juez.
Los empleados que trabajan en el centro de servicios no están sometidos a la subordinación del juez de cada proceso. Señala que tampoco cuentan con la experiencia o profesión para este tipo de casos por lo que se pierde “el control del juez, y el seguimiento por parte del juzgado”.
Botija manifestó además que los juzgados de familia manejan temas muy sensibles, puesto que se hablan de temas sobre la intimidad de las personas. “El juez no va a conocer a los usuarios y los usuarios no van a conocer al juez hasta que se cite a audiencia”.
“Se están creando una especie de jueces sin rostro, eso es realmente grave”, precisó. Consideró que para tratar este tipo de casos es menester conocer las circunstancias particulares de las personas, por lo que si se implementa este acuerdo se “deshumaniza la relación que tiene el usuario con el juez y las personas que manejan sus causas”.
Cuestionan el hecho que pese a que a finales del año pasado se les presentó este proyecto el acuerdo final los tomó por sorpresa puesto que ni ellos ni los usuarios pudieron poner de presente sus inquietudes y observaciones.
Sin embargo este cese de actividades no cayó muy bien en los usuarios quienes protestaron el impedimento al edificio Nemqueteba ubicado en el centro de Bogotá. Otras personas calificaron de sinvergüenzas a los funcionarios judiciales.
El acceso a los despachos judiciales están cerrados y se le impide la entrada al público en general.