'Kiko' Gómez busca tumbar sanción disciplinaria

El Tribunal Administrativo de La Guajira deberá resolver la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar en contra del fallo de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades que rodearon la celebración de millonarios contratos en el departamento.

En la acción presentada indica que el órgano de control disciplinario el vulneró sus derechos al debido proceso y a la defensa puesto que no tuvieron en cuenta las pruebas que aportó su defensa durante el proceso disciplinario. Debido a esto solicitó que se anule el fallo y se restablezcan sus derechos.

El Consejo de Estado determinó que por competencias será el Tribunal Administrativo el que deberá estudiar la demanda y determinar si avala o no las pretensiones de la misma. Gómez Cerchar, quien se encuentra privado de su libertad desde septiembre de 2013, fue sancionado disciplinariamente por falencias en el proceso contractual.

Según el fallo de la Procuraduría General el entonces mandatario departamental firmó una serie de contratos para la vigilancia y seguridad privada en el departamento. Sin embargo, a última hora se cambió el pliego de condiciones para favorecer directamente en la licitación a una empresa que tenía sede principal y sucursal en Riohacha. 

En la investigación disciplinaria el órgano de control disciplinario consideró que en los procesos contractuales analizados se incorporaron criterios que limitaron grave y flagrantemente la libre concurrencia de posibles oferentes (por otorgar puntajes a criterios que eran habilitantes, por haber incorporado situaciones que limitaron la participación de oferentes y porque, en el último caso, simplemente nunca el proceso fue sometido a la pluralidad de proponentes).

Así mismo, estableció que el gobernador no respetó ni garantizó el deber de selección objetiva y el principio de transparencia de la contratación estatal, lo cual se hubiera logrado mediante el diseño de procesos públicos en los cuales se hubiese brindado la posibilidad real de que, quien estuviera en capacidad para cumplir con los objetos contractuales, lo hubiera podido hacer en igualdad de oportunidades.

En los procesos que se analizaron por parte del ente de control simplemente la administración limitó esta oportunidad, con lo cual violó principios que tienen una dinámica propia, con el fin de brindar a la administración y a la comunidad misma, la mejor manera de satisfacer sus necesidades.

También se señaló en esta decisión que la labor de los directores de la actividad contractual, en este caso, del gobernador de La Guajira, no puede limitarse a meras formalidades, como por ejemplo, la expedición de memorandos contentivos de instrucciones genéricas respecto a la observancia de la ley por parte de los funcionarios encargados de la contratación; su actuación debió haber sido en grado sumo diligente y eficaz, con el fin de lograr el cometido y el cumplimiento de las funciones para las cuales fue elegido.

Gómez Cerchar enfrenta dos procesos penales actualmente por presuntamente ordenar el asesinato de un grupo de dirigentes políticos y particulares en la región. Igualmente es procesado por sus nexos con el Bloque Norte de las AUC, así como con la banda criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’.

El Tribunal Administrativo de La Guajira deberá resolver la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar en contra del fallo de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades que rodearon la celebración de millonarios contratos en el departamento.

En la acción presentada indica que el órgano de control disciplinario el vulneró sus derechos al debido proceso y a la defensa puesto que no tuvieron en cuenta las pruebas que aportó su defensa durante el proceso disciplinario. Debido a esto solicitó que se anule el fallo y se restablezcan sus derechos.

El Consejo de Estado determinó que por competencias será el Tribunal Administrativo el que deberá estudiar la demanda y determinar si avala o no las pretensiones de la misma. Gómez Cerchar, quien se encuentra privado de su libertad desde septiembre de 2013, fue sancionado disciplinariamente por falencias en el proceso contractual.

Según el fallo de la Procuraduría General el entonces mandatario departamental firmó una serie de contratos para la vigilancia y seguridad privada en el departamento. Sin embargo, a última hora se cambió el pliego de condiciones para favorecer directamente en la licitación a una empresa que tenía sede principal y sucursal en Riohacha. 

En la investigación disciplinaria el órgano de control disciplinario consideró que en los procesos contractuales analizados se incorporaron criterios que limitaron grave y flagrantemente la libre concurrencia de posibles oferentes (por otorgar puntajes a criterios que eran habilitantes, por haber incorporado situaciones que limitaron la participación de oferentes y porque, en el último caso, simplemente nunca el proceso fue sometido a la pluralidad de proponentes).

Así mismo, estableció que el gobernador no respetó ni garantizó el deber de selección objetiva y el principio de transparencia de la contratación estatal, lo cual se hubiera logrado mediante el diseño de procesos públicos en los cuales se hubiese brindado la posibilidad real de que, quien estuviera en capacidad para cumplir con los objetos contractuales, lo hubiera podido hacer en igualdad de oportunidades.

En los procesos que se analizaron por parte del ente de control simplemente la administración limitó esta oportunidad, con lo cual violó principios que tienen una dinámica propia, con el fin de brindar a la administración y a la comunidad misma, la mejor manera de satisfacer sus necesidades.

También se señaló en esta decisión que la labor de los directores de la actividad contractual, en este caso, del gobernador de La Guajira, no puede limitarse a meras formalidades, como por ejemplo, la expedición de memorandos contentivos de instrucciones genéricas respecto a la observancia de la ley por parte de los funcionarios encargados de la contratación; su actuación debió haber sido en grado sumo diligente y eficaz, con el fin de lograr el cometido y el cumplimiento de las funciones para las cuales fue elegido.

Gómez Cerchar enfrenta dos procesos penales actualmente por presuntamente ordenar el asesinato de un grupo de dirigentes políticos y particulares en la región. Igualmente es procesado por sus nexos con el Bloque Norte de las AUC, así como con la banda criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’.